El término de la radicación de las querellas presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental durante el primer semestre del presente año fiscal, fluctúa entre los cinco meses y ocho años, a partir de la fecha de la ocurrencia de los actos imputados a los funcionarios públicos y la petición para la imposición de sanciones.
Varios alcaldes señalados
Entre los querellados, se destacan los que fungían para la fecha de los hechos como alcaldes de Cidra, Ángel L. “Wiso” Malavé Zayas; Sabana Grande, Miguel G. Ortiz Vélez; Vega Baja, Edgar A. Santana Rivera; y el sucesor de éste, Iván Hernández González.
Wiso Malavé Zayas, más gavilán que paloma sabanera
Fue alcalde de Cidra desde enero de 2008 hasta marzo de 2012, y enfrenta una querella desde octubre pasado que le imputa diez violaciones bajo la jurisdicción de la OEG, que incluyen ordenar a empleados del Municipio hacer gestiones político-partidistas en horas laborables.
Entre estas gestiones, figuran utilizar equipos electrónicos del Ayuntamiento para reproducir papeletas para las primarias del Partido Nuevo Progresista del domingo 9 de marzo de 2008, identificar y reclutar funcionarios de colegios electorales para dicha colectividad, preparar certificados de agradecimiento para éstos, los cuales fueron entregados en una actividad el 17 de mayo del referido año y preparar promociones de respaldo a la candidatura de “Wiso Malavé” y etiquetas con la frase “Malavé 2008” usando empleadas, impresoras, fotocopiadoras, computadoras, papel, etiquetas y tinta de los equipos electrónicos del Municipio.
Además, se le imputa a Malavé Zayas haber hostigado sexualmente a tres empleadas del Municipio, todo esto en violación a la política pública que él mismo aprobó el 28 de mayo de 1999.
Cada una de las violaciones imputadas conlleva multas de hasta $20,000 y la restitución de hasta tres veces el valor del beneficio obtenido.
Melao, melao; dos alcaldes sucesivos caen como moscas
Santana Rivera, quien fue alcalde de Vega Baja entre enero de 2005 y noviembre de 2011, y fue convicto en diciembre de 2011 en 18 cargos de soborno, enfrenta una querella con dos violaciones.
El sucesor de Santana Rivera, Hernández González, tardó apenas 14 meses en incurrir en conductas que le valieron una querella que le imputa cuatro violaciones a leyes bajo la jurisdicción de la OEG.
Hernández González juramentó al cargo en diciembre de 2011 y la OEG le imputa exigirle a empleados del Municipio de Vega Baja que participaran de las actividades político-partidistas del PNP y haber convocado a una reunión de los empleados de confianza el 27 de febrero de 2012 en la cual los amenazó de graves consecuencias si no participaban y aportaban a las actividades del PNP.
Por estos mismos hechos, enfrenta una querella con tres violaciones
Iris Z. Soto Barrios, Oficinista III del Municipio de Vega Baja, comenzó en un puesto transitorio en febrero de 2005 y se convirtió en empleada regular en septiembre de 2012. La querella menciona que Hernández González delegó en enero de 2012 en Soto Barrios para que recogiera la cuota del partido y ésta comenzó a cobrarla en febrero de 2012 en horas laborables y en las instalaciones del Gobierno Municipal.
El sur también delinque
Ortiz Vélez, del Partido Popular Democrático, es alcalde de Sabana Grande desde enero de 1993 y enfrenta una querella radicada en diciembre pasado que le imputa siete violaciones.
Según la querella, el Municipio de Sabana Grande era el dueño y administrador del Hospital Municipal Bernice Guerra y el primero de marzo de 2007 se hizo cargo del laboratorio clínico de la Sala de Emergencias de dicha instalación.
Ortiz Vélez obvió solicitar una dispensa de la OEG para contratar a su prima hermana Karen L. Ortiz Ortiz como tecnóloga médica durante cuatro meses a partir del 27 de febrero de 2007.
Durante la vigencia del contrato inicial, la OEG le otorgó la dispensa el 30 de mayo de 2007 y apercibió al Alcalde que tenía que inhibirse por escrito en todo lo relacionado a la contratación de su prima y abstenerse de pasar juicio, recomendar o tomar decisiones al respecto, debía delegar en una persona con autoridad plena todo lo relacionado a la contratación de Ortiz Ortiz, notificar por escrito a todas las partes involucradas la advertencia de la OEG y abstenerse de participar en reuniones donde se atendiera el asunto.
Aunque la OEG autorizó siete dispensas diferentes para Ortiz Ortiz, en todas apercibió a Ortiz Vélez de las medidas cautelares que debía adoptar. Sin embargo, Ortiz Vélez firmó como funcionario contratante autorizado todos los contratos de Ortiz Ortiz, en desacato a las condiciones de la dispensa.
La querella pendiente contra Ortiz Vélez menciona que el alcalde usó sus facultades como tal para obtener fondos públicos para un miembro de su unidad familiar y nombrar a un trabajo a un pariente dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo grado por afinidad.
Otros funcionarios se aprovechan de sus cargos
Orlando I. Aldebol Borrero, empleado de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado le ordenó a un subalterno que con un vehículo de la corporación pública recogiera, durante horas laborables, un tope de cocina que era para uso personal. Contra el funcionario penden cinco violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Por su parte, Grace M. Díaz Pastrana, quien ocupó el puesto de confianza de Directora de la Oficina de Desarrollo Organizacional y Capital Humano de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico entre enero de 2009 y marzo de 2012, enfrenta una querella con tres violaciones.
Entre los alegatos contra Díaz Pastrana figura haber conseguido que el Contralor de la CFI le entregara el cheque de liquidación de exceso de vacaciones regulares y por enfermedad correspondiente a enero de 2012 de otra empleada de la agencia, cuyo compañero sentimental se había retrasado en entregarle unos gabinetes de cocina. Díaz Pastrana presionó -según la querella- a la empleada de la CFI para que endosara el cheque y la primera poder así recobrar el adelanto que le había pagado al ebanista.
Práxedes Navedo Rosado trabajó en la ahora extinta Administración de Derecho al Trabajo adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos entre junio de 1997 y mayo de 2012, cuando fue destituida. En enero de 2009, fue designada al puesto de confianza de Directora de Recursos Humanos de la ADT.
En agosto de 2004, la agencia promulgó unas normas que concedían aumentos salariales para los empleados gerenciales y de confianza correspondientes al año anterior para aquellos que hubieran usado menos de 30 días laborables de licencia.
Navedo Rosado, era especialista de Recursos Humanos y para dicho periodo se había ausentado 52 días, seis horas y 40 minutos, por lo que estaba excluida del aumento salarial concedido a sus pares.
Inconforme, solicitó infructuosamente una revisión ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) en enero de 2005 y la cual fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en septiembre de 2007.
Más aún, mientras ella era Directora de Recursos Humanos de la ADT, en septiembre de 2009, solicitó una opinión de la entonces Oficina de Recursos Humanos del ELA (ORHELA). El Director le advirtió que carecía de información suficiente para llegar a una conclusión sobre la legalidad de la excepción y le apercibió que la Ley 7 le prohibía a la ADT cambiar las normas durante su vigencia. Empero, Navedo Rosado logró, en febrero de 2010, que el Administrador de la ADT enmendara las normas retroactivamente y ella firmó el cambio como directora de Recursos Humanos para beneficiarse económicamente al eliminar la referida exclusión.
Cae inspector de la AEE por hurto de luz
Pedro LaTorre Pérez, quien comenzó a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica en diciembre de 2004 como Auxiliar de Ingeniería y se convirtió en Inspector General del Sistema de Distribución Eléctrica I en noviembre de 2009, enfrenta una querella que le imputa doce violaciones.
Según la querella, en noviembre de 2009, un investigador de Irregularidades de Consumo de Energía Eléctrica de la AEE investigaba confidencias sobre el posible hurto de electricidad en los Solares Paseos Las Nubes del sector Pérez del Municipio de Aguas Buenas cuando encontró una estructura con una base de tres contadores conectados directamente a unos cables de puente eléctrico (“jumpers”).
El propietario de la estructura le indicó al investigador que hacía dos semanas, LaTorre Pérez le había ayudado a instalar los “jumpers”, por lo que el investigador se dirigió a la residencia del Inspector General, donde halló una base de contador sencilla con “jumpers” para hurtar energía eléctrica para la vivienda.
La OEG le imputa a LaTorre Pérez “en clara violación de las Reglas de Conducta… del Manual Administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica… se aprovechó de su preparación académica en electricidad… y del conocimiento obtenido como parte de su posición” para cometer los actos.
Cogen a varios por el uso de computadoras
Otro empleado de la AEE en aprietos es Pedro Almedina Marrero, quien ha ocupado varios puestos en la corporación pública desde diciembre de 2001 al presente. Según la querella de la OEG, que consta de cuatro violaciones, Almedina Marrero utilizó la computadora de la AEE para guardar fotografías, presentaciones, documentos y vídeos ajenos a los asuntos oficiales de su empleo.
Ivette Ortiz Rosario, oficinista de Recursos Humanos del Head Start del Municipio de San Sebastián desde mayo de 1994 a junio de 2011, tenía a su cargo todo lo relacionado al plan de retiro 401K de los empleados del programa. Ortiz Rosario enfrenta cuatro violaciones por haber certificado, a sabiendas de que era falso, que varios empleados habían renunciado a sus puestos para que pudieran solicitar la liquidación del plan de pensiones en los años 2008 y 2009.
Francisco Quesada Colón, quien trabaja para el Departamento de Transportación y Obras Públicas desde enero de 1985 y desde enero de 1987 como Fiscal Auxiliar II de la Oficina de Presupuesto y Finanzas de la agencia, enfrenta seis violaciones por acceder páginas de Internet ajenas a su función pública, incluyendo portales de alto contenido sexual. Dichos accesos fueron en nueve días de agosto de 2010 y 14 fechas de octubre de 2010.
Por su parte, el sargento de la Policía Municipal de Guaynabo Luis Rafael Freytes Pantojas, quien trabaja allí desde marzo de 2005, enfrenta cuatro violaciones por utilizar seis programas de computadora para evitar dejar rastros de acceso a páginas de la Internet ajenas a su función con la computadora portátil oficial que tenía asignada.
Mientras, Víctor A. Martínez Ruíz, empleado del Instituto de Cultura de Puerto Rico desde noviembre de 1997 y quien se desempeña desde hace tres años como Coordinador de Actividades Culturales II del Museo Ruinas de Caparra, enfrenta una querella con tres violaciones por haber promovido en horas laborables en febrero y marzo pasado los intereses electorales del Movimiento Unión Soberanista en las instalaciones en que trabaja.
La querella le imputa haber utilizado la computadora e impresora del Museo para imprimir documentos relacionados al MUS.
Otras cuatro querellas contra igual número de empleados le imputan a éstos violaciones a la ley por nunca haber rendido sus informes financieros al momento de ser reclutados o haber abandonado sus cargos de confianza en el Gobierno, a pesar de que ya cumplieron con el pago de las multas correspondientes y la medida es para obligarlos a cumplir con la radicación del documento económico.
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