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El gobernador Alejandro García Padilla firmó hoy la Ley 545.
Los múltiples anuncios publicitarios que han circulado en medios de comunicación exhortando al gobernador Alejandro García Padilla a no firmar el Proyecto de la Cámara 545 no impidieron que el mandatario refrendara este miércoles la “Ley de Apoyo a la Microempresas, al Pequeño y Mediano Comerciante“.
La campaña publicitaria fue auspiciada por la “Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico” (ACDET), inscrita en el Departamento de Estado (DE) como corporación sin fines de lucro el 17 de mayo de 2010, y cuyos integrantes son las grandes cadenas extranjeras, entre ellas Walmart, Walgreens, K-Mart, Home Depot, JC Penny, Radio Shack y Best Buy.
La ACDET se opuso específicamente al artículo 7 de la ley, que establece que la Oficina de Gerencia exija un Estudio de Impacto Económico Regional a quien quiera establecer o desarrollar un establecimiento comercial de venta al detal, de mercancía mixtas, que mida 15,000 pies cuadrados o más de área de venta y almacén, y cuyas ventas brutas totales a nivel isla y dentro de una misma corporación de propietarios comunes, sean equivalentes o mayores a los 20 millones de dólares.
Por lo tanto, es a las grandes empresas agrupadas bajo la ACDET a las que mayormente les aplicará el Estudio de Impacto contenido en el nuevo estatuto debido al tamaño de sus instalaciones, que regularmente exceden los 15,000 pies como es el caso de Walmart Supercenter en Santurce, un edificio que, según la corporación, ocupa un espacio de 150,000 pies cuadrados.
La ACDET, que oficialmente declaró que representa a la industria del “Retailing” (venta al detal) en Puerto Rico en una de sus ponencias ante la Cámara de Representantes, se oponen también a la “contribución alternativa mínima” del Código de Rentas Internas. Esa medida propuesta en el Proyecto de la Cámara 917 busca evitar que una corporación de gran capital utilice lagunas jurídicas del Código de Rentas Internas para aportar menos contribución por ingreso.
Quienes presiden y dirigen la Asociación de Comercio al Detal son altos ejecutivos de dos de las corporaciones más grandes y con más presencia en Puerto Rico: Walgreens y Walmart. El presidente es Edwin Rodríguez, director de asuntos regionales de Walgreens y el cargo de director lo ocupa Iván Báez, director de asuntos corporativos de Walmart Puerto Rico, según documentos de incorporación del DE.
Otro director ejecutivo de ACDET es Agustín González, abogado del bufete Reichard y Escalera, quien al mismo tiempo aparece como cabildero en los registros de la Cámara de Representantes y el Senado. Entre los clientes a quienes González representa como cabildero se encuentran Walgreens, la propia Asociación de Comercio al Detal y Reichard y Escalera, el bufete para el que trabaja.
La Asociación tiene registrada como dirección física la misma de las oficinas centrales de Walgreens Puerto Rico, ubicada en San Patricio, en el 580 de la Marginal Buchanan Extensión Villa Caparra. Los números de teléfono de los documentos de incorporación remiten también a las oficinas centrales de Walgreens y a la oficina del bufete Reichard y Escalera.
En su ponencia ante la Cámara para oponerse a la “contribución alternativa mínima”, la Asociación de Comercio al Detal declaró que sus miembros “no reciben ni solicitan beneficios o exenciones particulares”. Walmart ha solicitado y recibido fondos federales de la Ley WIA a través de la Administración de Desarrollo Laboral y de otras partidas del gobierno, según reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo. En el caso de Walgreens, consta en el registro de contratos del Contralor que ha recibido al menos $162,018.60 en contratos con diferentes agencias desde el 2003, algunos de ellos también con la Administración de Desarrollo Laboral.
La razón que expuso la Asociación de Comercio al Detal para oponerse a la “Ley de Apoyo al Pequeño y Mediano Comerciante”, es que el Estudio de Impacto que contiene “contempla obstáculos mayores, no solo para grandes empresas, sino para empresas medianas locales e internacionales que quieren operar en instalaciones de 15 mil pies o más”. Esos obstáculos, declaraban en la pauta publicitaria, provocarán que haya menos empleos.
La exposición de motivos de la ley firmada por García Padilla indica que los pequeños y medianos comerciantes “han expresado sus frustraciones ante los múltiples obstáculos que enfrentan, que se recrudecen por un ambiente altamente competitivo, y en el cual las grandes cadenas multinacionales de ventas al detal controlan una porción significativa de dicho mercado”.
La versión del proyecto antes de ser firmado por el gobernador establecía por cada punto porcentual de aumento capturado por las empresas grandes y que operan en el sector de ventas al detal, equivalente a noventa y siete millones de dólares ($97,000,000.00) en ventas, hay un aumento de seis quiebras de comercios de ventas al detal y mayoristas por año, según estudios realizados por el economista José I. Alameda Lozada.
El Estudio de Impacto Económico Regional exige estimar el impacto que causaría el establecimiento de compañías de ese tamaño en los negocios y comercios existentes en la región.
Además deberá establecer los costos que acarrearía para la comunidad el establecimiento de grandes tiendas en materias relacionadas al tráfico vehicular, a la seguridad, y al medio ambiente, así como la saturación del mercado, la oferta de servicios en el área dentro de la región establecida y los comercios existentes. Las condiciones socioeconómicas prevalecientes en el lugar, tales como el ingreso per cápita, y otras que puedan arrojar luz sobre la viabilidad del proyecto deben ser también consideras.
El estudio de impacto regional, será sufragado por el proponente, y la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico será el ente encargado de establecer los parámetros y las disposiciones que debe contener el estudio por medio de la promulgación de un reglamento, dice el proyecto de Ley firmado por el gobernador este miércoles.
Una fuente cercana a la Asociación que habló con el CPI aseguró que los requisitos de esta ley podrían lograse pero que anticipa que los negocios de 65,000 pies o más no van a poder cumplir con su rigurosidad.
“Esta ley está retrotrayendo el proceso de permisos con más burocracia. Esos requerimientos aplicarán solo a grandes proyectos y van a entorpecer a grandes cadenas como Walmart o Home Depot y abrir paso a pequeños y medianos comerciantes como si ellos crearan empleos todos los días. Es una medida proteccionista que preocupa especialmente por la cantidad de grandes cadenas extranjeras que piensan establecerse en Puerto Rico, como algunas de Japón, que son una nave, dejan un huella de lo grande que son”.
El 95 porciento de las empresas en Puerto Rico son pequeñas y medianas empresas (PyMEs) con menos de 50 empleados. Las mismas son responsables de una cuarta parte de los empleos en la isla y de casi la mitad de los que genera la empresa privada, ha informado el gobierno.
La fuente vinculada a ACDET que pidió no ser identificada afirmó que lo único extranjero de las empresas que representa la entidad son sus nombres, todos los empleados son puertorriqueños y todas las empresas extranjeras pagan los permisos que imponen las leyes locales. “No tenemos ni un pie fuera de los marcos legales en cuanto a eso y somos los mayores recaudadores de IVU”, aseguró.
Por otra parte, el Centro Unido de Detallistas (CUD), representantes de más de 70 categorías de negocios del sector comercial y de servicios desde el año 1965, llevó 18 ponencias a las vistas de la Cámara de Representares pidiendo que el Proyecto 545 se convirtiera en ley.
Entre las asociaciones que apoyaron la medida junto al CUD están la Asociación de Comerciantes, la Asociación de Industrias del Hielo, la Asociación de Industrias del Pan de Puerto Rico, la Asociación de Librerías y Libros de Texto, la Asociación de Farmacias de la Comunidad, las Empresas Puertorriqueñas de Recreación Comercial, la Asociación de Detallista de Gasolina, entre otros.
