Lenguaje impreciso como “entrar en agencias”, “expandir la política pública” o frases ambiguas, como “de ser necesario”, han sido usadas por varios funcionarios para intentar explicar la necesidad y la intención de una orden ejecutiva firmada el sábado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced que amplía los poderes de supervisión del director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) sobre los procesos de recuperación de los huracanes Irma y María.
A pesar de múltiples esfuerzos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) por obtener una explicación clara sobre su justificación, ninguna de las agencias involucradas pudo demostrar la necesidad de “reafirmar y expandir la política pública para el manejo efectivo y transparente de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico”, según dicta la orden. Las principales dudas sin responder son por qué es necesario que AAFAF intervenga al interior de agencias y corporaciones públicas y cómo esta gestión conseguiría agilizar el proceso de recuperación, que ha estado a cargo de la Oficina de Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la entidad que creó el pasado gobernante Ricardo Rosselló para centralizar y atender la recuperación, y servir como receptor de los fondos federales.
Vázquez Garced indicó por escrito que “esta política pública brinda tranquilidad y seguridad al Gobierno federal”, pero la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirmó al CPI “que no le solicitó a la Gobernadora una estructura adicional para supervisar los procesos de recuperación en las entidades gubernamentales de Puerto Rico”.
El COR3 dijo que la orden fue una recomendación “del equipo de fondos federales y recuperación” a Vázquez Garced.
Se desprende del documento que, al amparo de la Ley 5 de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal que estableció un “periodo de emergencia”, la AAFAF tendría el control exclusivo para pagar algunos servicios, una tarea que podría delegar en el COR3 y en el Departamento de Vivienda. El “periodo especial”, que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, también exime al Gobierno de cumplir con algunas disposiciones del proceso de contratación tradicional, como algunos incisos de la Ley de Ética Gubernamental, por lo que una de las posibles aplicaciones de la orden sería saltarse pasos en la contratación.
La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, confirmó que Vázquez Garced, junto con el equipo fiscal, “está evaluando la posibilidad” de extender el “periodo especial”.
La orden no fue circulada a la prensa y La Fortaleza solo distribuyó información oficial tres días más tarde, ante la insistencia por obtener declaraciones oficiales y claras sobre las nuevas directrices.
Con la orden, Omar Marrero, quien fue el director ejecutivo de COR3 hasta la semana antes de que la renuncia de Ricardo Rosselló fuera efectiva, queda nuevamente con la mayor injerencia sobre los procesos de recuperación al poder intervenir en otras agencias, esta vez, como director ejecutivo de AAFAF.
El decreto autoriza a Marrero “a tomar todas las medidas necesarias para establecer, modificar, eliminar o ampliar las estructuras organizaciones y gerenciales de cualquier entidad gubernamental (…) de forma que pueda implementar la política pública relacionada a la recuperación y reconstrucción, particularmente en áreas de infraestructura crítica, incluyendo carreteras, energía, puertos, agua, educación, vivienda y salud”.
Según establece la nueva orden, AAFAF comenzará a implementar cambios relacionados con el proceso de recuperación en cualquiera de las agencias del Gobierno “a la mayor brevedad”, y será la entidad gubernamental que aplique los términos e itinerarios establecidos por FEMA y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).
También subraya que todos los jefes de agencia, directores ejecutivos y presidentes de corporaciones públicas, así como sus juntas de directores, deberán acatar las directrices de la AAFAF y colaborar con los objetivos que esta agencia establezca.
En un intento por explicar qué significa la orden, Marrero negó, a preguntas del CPI, que esta sea una nueva capa burocrática.
“Estas nuevas facultades fortalecerán de inmediato los mecanismos disponibles para los proyectos de reconstrucción de infraestructura en áreas como carreteras, energía, puertos, educación, vivienda, así como otras prioritarias. Además, lejos de crear capas de burocracia, esta orden ejecutiva agilizará los procesos de recuperación al hacer disponibles recursos especializados a través del COR3”.
“Si como parte del proceso de recuperación, equis agencia tiene falta de capacidad interna por cuestión de recursos, por cuestión de presupuesto, por cuestión de ‘expertise’ o lo que fuese, no puede ejecutar esa obra de reconstrucción de una manera eficaz y efectiva, pues lo correcto es suplirle esa capacidad”, dijo sin especificar cómo se haría disponible esa asistencia a la agencia en cuestión, pero añadió que podría implicar la contratación de compañías y recursos externos.
Esta tarea ha estado por los pasados dos años a cargo del COR3.
“En el ámbito de Salud, por ejemplo, tuvimos contratiempos cuando tuvimos que comprar los ‘trailers’ para Vieques, cuando teníamos que cumplir con un proceso de licitación bien tedioso, bien oneroso de Salud e, incluso, con los requisitos de Hacienda, con una fianza y todo eso. Pues bajo la ley de AAFAF, se pudiesen eximir todos esos requisitos que no tienen sentido”, agregó Marrero
COR3 se estableció en octubre de 2017 para recibir y distribuir los fondos federales disponibles para la recuperación de la isla, mediante una orden ejecutiva de Rosselló.
Se creó como una división de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) para garantizar “el uso eficiente y efectivo de los recursos disponibles para la recuperación” y minimizar la duplicidad de trabajo entre las entidades gubernamentales.
Rosselló designó a Omar Marrero como director ejecutivo de COR3, quien entonces también fungía como director ejecutivo de la Autoridad del Distrito de Convenciones y la AAPP, cada dependencia con sus oficinas en una localidad diferente. Marrero también era entonces representante autorizado del gobernador (GAR, por sus siglas en inglés) ante FEMA.
El entonces mandatario dijo que los esfuerzos de recuperación requerían “una sola unidad gubernamental” para desarrollar el plan para la reconstrucción de la isla a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con la orden que creó el COR3, esa entidad puede “formular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para llevar a cabo actividades de recuperación”, una función que, según la nueva orden de Vázquez Garced, también tendrá el director ejecutivo de AAFAF.
Aunque COR3 afirmó que la Gobernadora “no pone en duda los controles que se han implementado”, la justificación que ofrece Vázquez Garced en su orden ejecutiva es similar a la que expuso Marrero sobre la creación de la oficina cuando fungía como su director ejecutivo.
“Teníamos que atender un asunto de credibilidad y unas preocupaciones a nivel federal, así que se estableció la oficina centralizada”, apuntó Marrero en febrero de este año cuando el CPI le preguntó por qué se había creado el COR3 bajo la AAPP.
En la orden ejecutiva firmada 26 meses después, Vázquez Garced expone que “las acciones recientes, relacionadas con mejorar la transparencia y proceso de subastas competitivas han revelado que la complejidad y magnitud de los trabajos de reconstrucción y el costo económico (en fondos federales) requiere una estructura operacional y de gobernanza que provea transparencia radical y que logre una gerencia y ejecución de proyectos en estricto cumplimiento con las leyes locales y federales aplicables”.
Añade que el Gobierno “debe establecer una estructura de supervisión rigurosa y mecanismos de cumplimiento que aseguren el uso apropiado y eficiente de los fondos federales, y su pronta asignación para así lograr una pronta reconstrucción de la infraestructura crítica de Puerto Rico”.
Se trata de requerimientos que debía estar cumpliendo el COR3.
“COR3 continuará siendo el ‘grantee’ con todas las responsabilidades y autorizaciones que ha tenido hasta ahora. El director ejecutivo del COR3 sigue siendo el GAR (Governor’s Authorized Representative” ante FEMA y responsable de ejecutar y monitorear el cumplimiento del FEMA State Agreement”, indicó por escrito la entidad.
Hace una semana, la plana mayor de FEMA se reunió en la isla con la gobernadora Wanda Vázquez y con Ottmar Chávez, director ejecutivo del COR3, para discutir temas de la recuperación. Omar Marrero no estuvo en esa reunión.
En entrevista con el CPI, el coordinador federal de recuperación de desastres de FEMA en Puerto Rico, Alex Amparo, se expresó satisfecho con la colaboración entre la agencia federal y el COR3, y con el trabajo de Chávez.
“Yo tengo un mapa en mi pared. Él tiene un mapa en su oficina. Tenemos una reunión calendarizada cada semana, pero hablamos todos los días. Hacemos un ‘one on one’ solo para asegurarnos de que separamos el tiempo, pero él entra a mi oficina, yo entro a su oficina y así es cómo trabajamos. Eso, junto con nuestros equipos haciendo lo mismo, es lo que nos va a llevar al éxito”, dijo Amparo en cuanto a los esfuerzos conjuntos para adelantar la obligación de dinero para proyectos de recuperación y reembolsos por trabajos de emergencia. Las oficinas de FEMA y COR3 están en el mismo edificio, en lo que se conoce como el Joint Recovery Office (JRO).
Luego de conocerse la orden, Amparo reaccionó al CPI de manera escueta: “FEMA promueve y apoya los esfuerzos tomados por la Gobernadora y el Gobierno de Puerto Rico para asegurar controles internos apropiados, proteger los fondos federales y acelerar la recuperación de Puerto Rico”.
La decisión de la Gobernadora ocurre mientras se mantiene la amenaza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designe a una persona para que actúe como una especie de “zar de la recuperación” de Puerto Rico y maneje los fondos de ayuda.
La idea surgió a finales de 2017 y fue recibida con cautela por los oficiales del gobierno de Rosselló, quienes advirtieron que podía significar controles adicionales para el ya lento proceso de obligación y desembolso de dinero.
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, apoyó la propuesta desde sus inicios y, en medio de la crisis causada por la inminente renuncia de Rosselló en el verano, urgió a Trump que nombrara un coordinador federal para la reconstrucción de Puerto Rico.
González Colón hizo la misma propuesta en febrero de este año al jefe interino de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. “Tiene que ser una persona que tenga la credibilidad y que tenga el respaldo de la Casa Blanca para ir por encima de todas las agencias federales”, pidió la comisionada residente.
Periodista y educadora. Ha trabajado por los pasados 10 años en prensa escrita, radio, multimedios y de manera independiente como reportera, editora y productora. Su experiencia incluye trabajos para los diarios Primera Hora y El Nuevo Día, la agencia de noticias Inter News Service, el noticiario Hoy en las Noticias de Radio Universidad de Puerto Rico, y el diario digital NotiCel. Además, ha colaborado con Democracy Now!, el blog de activismo contra el acoso callejero Stop Street Harassment y la BBC de Londres. Posee un máster en comunicación y periodismo digital, grado conjunto de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid, y una maestría en Orientación y Consejería de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido alumna de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena, Medellín y Bogotá, Colombia. Su trabajo periodístico ha sido reconocido por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y por el Overseas Press Club, Capítulo de Puerto Rico.