Un 31% de los 242 sistemas de acueductos comunitarios registrados legalmente como franquicias no han solicitado los fondos de recuperación por los daños causados a la infraestructura por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.
El atraso en el desembolso de los fondos de recuperación asignados a los municipios por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la falta de adelanto de dinero para comenzar proyectos en los pueblos se debió en gran medida a la burocracia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), aseguró Manuel Laboy, que desde enero pasó a dirigir esta oficina. Laboy dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que durante el proceso de Transición encontró que COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos. COR3 es la agencia local encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA luego de inspeccionar los proyectos reclamados por las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro por medio del programa de Asistencia Pública. Hasta diciembre del año pasado, era dirigida por Ottmar Chávez. Las expresiones de Laboy fueron en respuesta a una investigación del CPI en la que alcaldes derrotados en los comicios de noviembre de 2020 denunciaron que la lentitud de los fondos de recuperación les costó sus puestos.
Diez de los 20 municipios de Puerto Rico que han recibido un porcentaje menor del dinero de recuperación que le había aprobado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) tuvieron cambios de alcaldía en enero. El caso más notorio es el de Vieques, que solo había recibido el 4.9% de los $51.3 millones que FEMA obligó antes de los comicios de noviembre del 2020, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) al comparar los fondos obligados con las cifras de dinero desembolsado a esa fecha. Además de la isla municipio, el resto de los pueblos que cambiaron sus alcaldías y que tenían bajos porcentajes de dinero de FEMA en sus arcas fueron Culebra (7.3%), Adjuntas (9.6%), Patillas (14.8%), Arecibo (16.1%), Santa Isabel (18.3%), Lares (22.6%), Corozal (23.5%), San Lorenzo (24.1%) y Ponce (24.5%). Existe la percepción de que luego de una emergencia la figura más cercana a los ciudadanos son los alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, la investigación demuestra que no en todos los casos es así, especialmente luego del huracán María de 2017 y los terremotos de 2020.
En el barrio Cubuy, en Canóvanas, hay que tener una cisterna — a veces dos, o incluso hasta tres — para poder lidiar con la inestabilidad del servicio de agua potable. Cuando no hay esa opción, hay que recurrir a galones, cubos o drones para almacenar algo de líquido. De eso da fe Madeline Negrón, de 48 años y residente del sector Eva Flores de este barrio, quien explicó que no hace falta que haya un huracán, tormenta o una sequía para que las tuberías se queden vacías hasta por tres días corridos. Cuando pasó el huracán María en el 2017, los cerca de 10 residentes que viven en este sector tuvieron que esperar varias semanas antes de que se restableciera el servicio de agua. El cuadro es mucho peor en tiempos de sequías, pues Cubuy y otros barrios de Canóvanas son de los primeros sectores a los que se aplica racionamiento de agua cuando los niveles del embalse Carraízo — ubicado en Trujillo Alto — disminuyen.
El comienzo de la reconstrucción de las obras de infraestructura esencial de mayor cuantía y envergadura — incluidos proyectos relacionados al suplido de agua, el servicio eléctrico, la educación y la recreación —, que se afectaron con el paso del huracán María por Puerto Rico en 2017, podría tardar varios años más. Hasta la fecha, sólo cuatro de los primeros 10 proyectos de recuperación que requieren mayor cantidad de fondos federales, cuentan con dinero obligado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los seis restantes se ubican en la etapa de formulación de proyectos ante la agencia federal, que es apenas el primero de 19 pasos de evaluación cuando se reclama una estructura que se haya afectado por una emergencia. Ese primer paso incluye la preparación de hojas de trabajo o project worksheets (PW), donde la entidad que reclama pérdidas a FEMA detalla los costos de la obra y el desglose de cualquier seguro aplicable. Completar toda la evaluación podría tardar meses e incluso años, reconocieron varios funcionarios del gobierno local y federal entrevistados por el CPI.
José Baquero Tirado, el nuevo coordinador federal de recuperación en desastres (FDRC, en inglés) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, no cree que haya que cambiar la receta que ha implementado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) en el proceso de obligación y desembolso de fondos para la reconstrucción tras los huracanes Irma y María en 2017. Esto, a pesar de que, a tres años del evento, se ha desembolsado el 66.8% de los $20.8 mil millones que hasta agosto de este año habían sido aprobados por FEMA para la recuperación de Puerto Rico. La opinión de Baquero Tirado — nombrado como FDRC el pasado 31 de agosto — se da cuando en Puerto Rico todavía hay sectores con infraestructuras destruidas y no se han obligado los fondos necesarios para reconstruir villas pesqueras, edificios claves en la Universidad de Puerto Rico y escuelas. Además, puentes siguen dañados, semáforos continúan sin funcionar y edificios de valor histórico se tambalean a su suerte. A esto se suma la lentitud en el desarrollo de obras de infraestructura de servicios esenciales de agua, electricidad, educación y salud, que aún esperan por que la agencia obligue el dinero necesario para su desarrollo o que, en algunos casos, sean desembolsados por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés).
COR3 asegura que no desembolsará fondos pendientes a las agencias hasta que no certifiquen que han resuelto todos los señalamientos encontrados en auditorías de la Oficina del Inspector General de EE UU.
Hasta principios de febrero, dos años y medios después de María y un mes después de los sismos de enero, la administración universitaria solo ha resuelto cinco de los 92 señalamientos estructurales identificados por ingenieros.
