El informe sobre el almacén en Ponce con suministros de emergencia que no fueron entregados a los damnificados por los terremotos y que realizó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública, tiene cinco páginas y once anejos, aunque su contenido continúa siendo uno de los secretos de Estado mejor guardados.
El documento fue revisado en cámara este martes en la tarde por la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien determinará si el mismo será entregado en parte o en su totalidad como resultado de la demanda de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Luego de una resolución emitida el viernes por el Tribunal en el caso de la ASPPRO y el CPI, el Gobierno tenía hasta este martes, a las 2:00 pm, para expresarse y justo a la 1:50 pm, presentó una moción de reconsideración acompañada de una declaración jurada del actual comisionado del NIE, Héctor López Sánchez.
El Gobierno además informó el martes que la fiscal Elba Acevedo del Departamento de Justicia estaba disponible para llevar copia del informe en sobre sellado a la jueza Roques Arroyo con el objetivo de que esta lo revisara y luego lo devolviera a la fiscal. La jueza emitió una orden requiriendo a la fiscal que compareciera a su sala antes de las 5:00 pm de ese día para entregar copia del informe.
De las mociones se desprende que la fiscal del Departamento de Justicia entregó a la jueza el informe en el sobre sellado para su inspección. El Gobierno además, reclamó a la jueza que guardara el informe en una bóveda.
La jueza ya concluyó, como parte del litigio, que el Gobierno no aportó prueba suplementaria o “justificaciones específicas” que acrediten la naturaleza privilegiada del documento en cuestión. No obstante, por prudencia judicial, ya que el Gobierno alega que el informe contiene impresiones de los agentes del NIE sobre los hechos investigados, la naturaleza de la conducta examinada, así como la identificación de los testigos entrevistados y el testimonio ofrecido, procede la inspección en cámara del documento en controversia. Con la inspección en cámara el Tribunal podrá “evaluar si en efecto el documento contiene la alegada información de naturaleza confidencial y podría distinguir entre materia privilegiada y aquella no privilegiada”.
El gobierno radicó ese mismo día una solicitud de orden protectora solicitando que “luego del examen en cámara, se emita la instrucción correspondiente para que dicho documento permanezca en sobre sellado en bóveda… en aras de preservar a todas las partes su derecho a cualquier trámite ante los foros apelativos”.
El miércoles, la defensa de la ASPPRO y el CPI radicó una moción en la cual se opuso a esa petición de orden protectora. “La jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo ha dispuesto reiteradamente que, como resultado de un examen en cámara, el foro de instancia identificará si todo o parte del documento en controversia está protegido por alguno de los privilegios invocados por el Estado. De no estarlo, se ordenará la divulgación inmediata del mismo, o de aquellas partes que no estén protegidas por privilegio alguno”, indica la moción.
Comienzan a conocerse algunos detalles
La declaración jurada de López Sánchez indica que luego de que se iniciara la investigación encomendada por la Gobernadora el 18 de enero, al día siguiente se realizaron entrevistas a testigos que son empleados públicos y se inició una comunicación con fiscales auxiliares adscritos a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Dice la declaración jurada de López Sánchez que se coordinó para que estos fiscales fueran a la oficina del NIE en Ponce con una taquígrafa ante la posibilidad de tomar declaraciones juradas a varios testigos que ya habían sido entrevistados. Además, se requirió la producción de documentos mediante subpoena al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
Los agentes del NIE entrevistaron también a testigos en sus oficinas en Ponce y tuvieron una reunión entre los fiscales y personal del NIE en la cual discutieron los pormenores del caso, dice la declaración del Comisionado.
Origen del informe y del litigio
El pasado 18 de enero varios ciudadanos identificaron un almacén del Gobierno con suministros guardados desde poco después del paso del huracán María, hace más de dos años, en el área de La Guancha, en Ponce. Ante el hallazgo, la gobernadora Vázquez Garced dijo que desconocía del almacén y su contenido y ordenó al secretario de Estado Elmer Román preparar un informe sobre el manejo de los suministros hallados en ese almacén y presentarlo en un término de 48 horas. El NIE entregó el informe el 20 de enero, pero no se hizo público, distinto a lo que había dado a entender la Gobernadora.
Varios funcionarios han afirmado que la Gobernadora sí conocía de la existencia del almacén de Ponce y de los suministros allí guardados. Así lo han afirmado la exsecretaria de la gobernación Zoé Laboy, y el exsecretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat.
Tras el hallazgo del almacén, tanto la Gobernadora como el secretario de Estado afirmaron en múltiples ocasiones que la agencia a cargo de la investigación era el NIE.
“He ordenado al secretario de Estado, Elmer Román, realizar una investigación minuciosa sobre las alegaciones de mal manejo de suministros en un almacén en Ponce, donde se alega que había suministros desde el paso del huracán María. He dado 48 horas para la realización de la misma”, dijo la Gobernadora el 18 de enero.
El informe producido por el NIE es un documento público, reconoció en corte la administración de Wanda Vázquez Garced, pero su defensa por otro lado alega que el mismo es parte de la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia, aunque la misma inició luego de que se entregó el informe de la investigación a la Gobernadora. El Gobierno alega que el documento constituye una información que es oficial y le aplica el privilegio ejecutivo, y que es necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados si se hace pública información de una investigación que no ha concluido.
La defensa del Gobierno supone que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que estas agencias trabajan en coordinación, aunque el NIE ya no es parte del Departamento de Justicia desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. La jueza estableció que “esta alegación del Gobierno está huérfana de disposición estatutaria conocida que la fundamente, y las partes peticionadas tampoco identificaron ley alguna en apoyo de esta aseveración”.
Los demandantes plantean que el informe debe producirlo la agencia que lo originó, que es el NIE, o quien lo ordenó y lo recibió una vez estuvo listo, que fue la gobernadora Vázquez Garced, y que el mismo es un documento distinto y separado de la investigación que realiza el Departamento de Justicia.
Una segunda demanda para obtener el mismo informe fue presentada por la Cámara de Representantes y ese caso se encuentra en el Tribunal Apelativo.
