Pedro Pierluisi Urrutia, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, fue uno de los ausentes en el debate “Infraestructura 2030”, convocado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y cuyo panel de preguntas estaba a cargo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Pierluisi no confirmó su participación porque, según informó su campaña, tenía conflictos de calendario. La producción del debate le ofreció cambiar la fecha varias semanas antes, pero no hubo respuesta de su directora de campaña. El candidato luego dijo que estaría disponible para atender las preguntas después del debate.
De finalmente darse la oportunidad de cuestionar al candidato, las preguntas que formulará el equipo del CPI serían distintas. Por lo tanto, aquí quedan las interrogantes que Pierluisi no respondió en el debate:
- El Gobierno de Estados Unidos declaró casi toda la isla como una Zona de Oportunidad, lo que da paso a que lleguen inversionistas extranjeros que paguen pocos impuestos y tengan acceso a beneficios contributivos a nivel local y federal. Usted ha dicho que está de acuerdo, pero ¿cuál es su visión específica en torno a las Zonas de Oportunidad? ¿Cómo garantizará que las inversiones en Zonas de Oportunidad beneficien a las comunidades de escasos recursos como pretende la ley, más allá de la promesa de que si alguien invierte todos se benefician en algún punto (“trickle down economy”)? ¿Cómo va a integrar a la comunidad en el proceso y los va a proteger de la exclusión por el efecto de la gentrificación, como ha pasado en algunas Zonas de Oportunidad en Estados Unidos?
- Cuando hablamos de obra permanente en Puerto Rico, los fondos otorgados por el gobierno federal son en su mayoría para construcción de obras, y no para el mantenimiento de la obra nueva o de la existente. Esa gestión de mantenimiento le corresponde a los gobiernos de cada estado o territorio. Para lograr una política efectiva de mantenimiento de infraestructura, se necesita identificar fondos del presupuesto del gobierno central de Puerto Rico. ¿Cómo su administración, cuya plataforma de gobierno descansa en los fondos federales, va a identificar los recursos económicos necesarios para darle prioridad al mantenimiento de la infraestructura pública? ¿Y cómo convencerá a la Junta de Control Fiscal, tan inclinada a los recortes y la austeridad durante los pasados años, de que se asignen fondos para el mantenimiento de infraestructura?
- El exgobernador Ricardo Rosselló anunció en 2019 que la central eléctrica AES en Guayama dejaría de producir con carbón este año 2020. Esa propuesta tomó por sorpresa a la Autoridad de Energía Eléctrica y después del Verano del 19 quedó en el tintero. Usted, que fue abogado y cabildero de AES, dijo ayer que haría lo que esté a su alcance para sustituir el carbón antes de que venza el contrato con la empresa en 2027. ¿Qué en específico haría y en cuánto tiempo para eliminar este combustible contaminante y adelantar la transición de la carbonera a una fuente de energía limpia?
- Usted ha dicho que le consterna la posibilidad de que una central nuclear forme parte de la infraestructura de la Isla, por los riesgos que conlleva. Sin embargo, el representante del gobierno de Trump en Puerto Rico, el contralmirante Peter Brown, ha propuesto que sea parte de la generación de electricidad. ¿Cómo piensa lidiar con las iniciativas del gobierno federal que impulsen este tipo de fuente de energía?
- La Oficina del Contralor identificó la presentación de cotizaciones falsas, el soborno, el favoritismo y el pago por bienes o servicios no recibidos como algunas de las prácticas de corrupción más comunes en el proceso de compras del Gobierno. Los escándalos por irregularidades en las compras en emergencias durante María, y más reciente, con el COVID-19, están frescos en la memoria de los puertorriqueños.
Esta semana, legisladores de su partido se encargaron de no dar paso a un proyecto que buscaba arrojar luz sobre las subcontrataciones que realizan contratistas del Gobierno.
Usted ha prometido que toda información de contratación estará pública, pero no habla, por ejemplo, sobre si los datos de subcontrataciones con dinero público estarán disponibles.
¿Qué controles internos implantará para asegurarse que todo proceso de compras y contratación pase por un sistema verdaderamente transparente de subasta abierta y que se cumpla con el buen uso de los miles de millones de fondos que se espera recibir para reconstruir y reparar la infraestructura en Puerto Rico, especialmente cuando cuando su propio partido vota en contra de medidas de transparencia y ha aprobado leyes que son anti-transparencia?
