La identidad de “Jhoby Weaks”, uno de los tres firmantes del contrato de energía temporera que supondría $5,000 millones de fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico, está vinculada al cripto empresario Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks, de 46 años, quien en el 2019 fue acusado junto a otras cuatro personas de un fraude de $722 millones y de evasión contributiva. El caso aún está pendiente del dictamen de sentencia en el tribunal de la jurisdicción de Newark, New Jersey.
La firma de ‘Jhoby Weaks’ aparece en el contrato en representación de la empresa Enchanted Rock, que formó un consorcio con Power Expectations y Reyes Contractor Group para producir energía temporera para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Aunque existe una discrepancia en una de las letras de su apellido, Jhoby Weaks y Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks son la misma persona porque el mismo Departamento de Justicia federal identifica al acusado como Jobadiah («Joby») Sinclair Weeks.
Según el registro público de su caso federal, Weeks está bajo arresto domiciliario en un lugar desconocido desde que hizo alegación de culpabilidad de los mencionados cargos ante la jueza Clair C. Cecchi en noviembre del 2020. El pasado mes de mayo tenía programada una conferencia virtual de su caso pero fue cancelada. El abogado de Weeks, Ernesto Cerimele, no respondió una petición de entrevista para este reportaje cursada el pasado martes 11 de agosto.
Dos fuentes confirmaron a Bonita Radio que Weeks es la persona que hizo la representación desde el 2025 como director de la oficina de ventas de E-Rock (Enchanted Rock) en la región del Caribe.
El contrato de energía temporera fue gestionado por la compañía Regulatory Compliance Services (ReComS), que preside Osvaldo Carlo Linares y que opera la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés). Esta oficina, creada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), realiza subastas y licitaciones de los contratos de energía. La APP contrató a ReComS por $300,000 los pasados dos años para ejercer este rol.
Captura de pantalla
Aunque el contrato por $5,000 millones pone a Weeks viviendo en Texas, el empresario de criptomonedas, que hace alardes en su página web de ser millonario desde los 22 años y es oriundo de Colorado, parece estar bajo arresto domiciliario en un lugar desde donde ve el mar desde su sala, a juzgar por la entrevista que se le realizó.
El Zar de Energía, Josué Colón, jefe de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas que contrató a la entidad 3PPO que gestionó la multimillonaria transacción de energía temporera, no estuvo disponible para atender preguntas.
En entrevista con El Nuevo Día, Carlo Linares solo lo ubicó en Colorado y dijo que personas de su oficina lo contactaron virtualmente desde el 2025 en medio de las negociaciones con las empresas firmantes del acuerdo.
Una carta con fecha del pasado viernes 8 de agosto enviada por Carlo Linares al Zar de Energía establece que su oficina verificó documentos de Power Expectations desde marzo del 2025 “mediante la cual Enchanted Rock LLC designó a Power [Expectations] como su agente exclusivo en Puerto Rico y Florida” lo que según él, justifica la firma de “Jhoby Weaks” en el contrato.
Esa carta también establece que hay un acuerdo del 1 de junio de 2025 entre Power Expectations y Weeks, quien es el individuo identificado como firmante, “mediante el cual se le atribuyó el título de “Chief Operating Officer” para las operaciones del Caribe”.
La 3PPO prepara un caso ante la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, que dirige interinamente Héctor Ramírez Carbó. Eso intimó el ex fiscal federal, Carlo Linares en la carta a Colón, que da cuenta de las gestiones que hizo su oficina sobre las irregularidades en la firma de “Jhoby Weaks” que destapó el viernes el programa Los Datos son los Datos.
Foto suministrada
Otra irregularidad en las firmas del contrato es que el presidente de Reyes Contractor Group, Inc., cuya firma se lee como ‘Dennys Reyes’, tiene el nombre escrito en el contrato como ‘Denis Reyes’. Su nombre es Dennys R. Reyes Vega, según surge del registro de la corporación que preside. La empresa Reyes Contractor Group tuvo un señalamiento de irregularidades en una auditoría de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde tuvo contratos de impermeabilización de techos, según publicó el CPI. Reyes enganchó el teléfono al ser contactado para entrevista.
El tercer firmante de este contrato, Eddie Echevarría, de Power Expectations, una empresa que según la publicación Florida Politics no tenía la experiencia, el historial o el capital para proyectos energéticos de envergadura. De parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, firmó el contrato Mary Carmen Zapata, quien no estuvo disponible para contestar preguntas.
Al preguntarle Carlo a quién correspondía hacer chequeo de trayectoria para contratar con el Gobierno, dijo: “Hicimos el trabajo de clearance a la corporación, no teníamos que hacer clearance de todos los que trabajan para la corporación”.
Weeks se declaró culpable el 8 de noviembre de 2020, de un cargo de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados, y otro de evasión fiscal correspondiente a los años de 2015 a 2018. En ese momento, Justicia federal lo identificó como residente de Arvada, Colorado. En su red de Linkedin está identificado como natural de Denver.
Después que hizo alegación de culpabilidad, la vista de sentencia que estaba pautada originalmente para el 14 de marzo del 2021 se ha pospuesto en por lo menos cuatro ocasiones y al momento no tiene fecha de señalamiento, según el registro público del caso contra Weeks, número 19-cr-0877 en la jurisdicción de Newark, New Jersey.
El último movimiento en el caso es del pasado 27 de julio, cuando la jueza Cecchi planteó que la fecha de sentencia sería anunciada posteriormente.
El principal acusado de ese caso, Matthew Goettsche, estaba imputado de estafar a los inversores por valor de $722 millones. La jueza Cecchi accedió el pasado martes a la solicitud del Ministerio Público de retirar los cargos contra Goettsche.
Las autoridades plantearon en diciembre del 2020 que Goettsche creó y dirigió una avanzada operación de minería de criptomonedas, BitClub Network, que recompensaba a los inversores por captar nuevos miembros y describió su modelo de negocio como algo construido “a costa de los idiotas”.
La fiscalía lo iba a llevar a juicio en octubre próximo, pero los abogados de Goettsche informaron a la jueza el 8 de julio que habían llegado a un acuerdo sobre el desistimiento del caso con perjuicio.
¿Protección presidencial?
En julio, Bloomberg reportó que el hoy secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, fue cuestionado por escrito por dos miembros demócratas del Comité de lo Jurídico del Senado federal —en medio de su confirmación ante el Alto Cuerpo— sobre los contactos de Goettsche, coacusado con Weeks, con abogados allegados al presidente estadounidense Donald Trump, que alegadamente habían conseguido la resolución del caso.
“¿Qué mensaje se transmite a las víctimas de delitos cuando los delincuentes tienen, literalmente, una “tarjeta para salir libre de la cárcel” si conocen a las personas adecuadas?”, preguntó el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois y miembro de mayor rango del Comité.
“Rechazo respetuosamente la premisa de esta pregunta, que se basa en una información periodística errónea y sesgada”, escribió Blanche en su respuesta.
“La resolución de este asunto no fue resultado de ninguna supuesta presión por parte de los abogados del acusado. Reflejó la evaluación rutinaria que realiza el Departamento de los casos pendientes, y el Gobierno está en proceso de recuperar una cantidad sustancial adeudada a los inversores”, contestó el jefe de Justicia Federal.
En Puerto Rico, se alega que la resolución del caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por un delito menos grave de que aceptó una promesa de donativo de un ciudadano no estadounidense, se dio precisamente por el contacto del abogado Christopher Kise, defensor del coacusado, Julio Herrera Vellutini. Kise fue Procurador General de Justicia en Florida cuando Pamela Bondi era la Secretaria del Departamento de Justicia en ese estado.
En una acción similar, Trump también condonó la pena de tres años y medio de cárcel al beneficiario de la Ley 22/60, Terren Scott Peizer, que fue acusado en California de fraude y tráfico de información privilegiada para vender acciones de la empresa Ontrak.
Estos charlatanes operan con impunidad en Borikén con la complicidad del gobierno colonial y criminal.
Wow! Parece ser que los mismos que evaluaron el banco de talento para la gobernadora Gonzalez, ‘, tambien verificaron el transfondo profesional de estas joyitas para defraudar al pueblo de Puerto Rico. No se pueden obtener resultados si se siguen eligiendo a mediocres e ineptos para la administracion gubernamental. Estoy jalta de odio al ver como PR se resquebraja, no puede haber esperanza de progreso y mejoria
Lo menos que debe hacer la Gobe es despedir a Josue Colon por Inepto y cancelarle el contrato a la compañia 3PPO del Lic Osvaldo Carlo
por incompetente, eso seria lo razonable, de no hacerlo esta encubriendo un acto de corrupcion de estos delincuentes, no me trago el cuento de que no sabian y los cojieron de pendejos, recordemos que hace un tiempo atras le querian dar un contrato de 20 millones a New Fortress y luego que la Junta levanto bandera lo bajaron a 4 millones, que pena con el Lic Carlo ha perdido su reputacion por estar bregando con estos mafiosos
Por eso no ptogtrsamos.
Por eso no progresamos
Esta mañana (14/07/26) escuché parte de una entrevista que le hizo Millie Méndez a Osvaldo Carlo y da lástima escuchar a un exfiscal federal tratando de explicar lo injustificable. En las últimas preguntas tenían que ver con la realización de «background checks» y otra con las firmas electrónicas. Sobre los background checks Osvaldo Carlos dijo que no era necesario cotejar el trasfondo de todas las personas que firmaron el contrato, y cuando la periodista le pregunta sobre cómo se manejarán esas cosas de cara al futuro, la respuesta de Osvaldo es que «eso añadiría unos altos costo$$$» al proceso. Y sobre las firmas electrónicas dijo que así es como se hace ahora. O sea, que en todo esto, un exfiscal que conoce muy bien como opera la corrupción, todos los huecos por donde se cuela el corrupto para dar el tumbe. Se niega a cerrar la puerta que facilita ese tumbe. Un contrato de 5 mil millones no se firma sin que estén todos sentados en la misma mesa de manera presencial, se levante una minuta, etc. y un background checks básico hoy día se hace con una laptop sentado en un McDonald’s y no cuesta nada. O, Osvaldo no es tan inteligente como parece o se hace el bobo para que lo carguen. Yo no creo en que sea un bobo.
Dios los cria y el chanchullo los junta. No deja de sorprender el ingenio para el traqueteo y la trampa de quienes manejan fondos pùblicos. Luego avientan sus fondillos intentando desviar la atención de la turbidez de sus actos. Esta gente actúan con descaro en el gobierno “de ley y orden”. Pero muchos no quieren ver la realidad ni aceptar, que votar por estos gobiernos corruptos solo perpetúa la trampa, corrupción y pillaje. Gracias al periodismo independiente por revelar la verdad.
Se habla siempre de los carteles de la droga, pero no de los carteles de la corrupcion.
La corrupción en el caso de Enchanted Rock es obvia. El entramado comienza con el giro d e180 grados de la politica pública donde se legisló para dotar a PR de energías renovables que nos proveía libertad económica y sin explicación alguna se regresó a la energía sucia del petróleo, la cual perpetúa nuestra dependencia a los grandes intereses.
Este caso merece una investigación y proceso criminal contra el llamado Zar, el Licenciado Carlo y a los cabilderos que montaron el sainete. En cuanto a Carlo y al Zar delinquieron al no hacer el debido «due diligence». Señores, ¡este es un negocio de $5 mil millones de dolares!
Es obvio que el Department of Justice no lo va a investigar pues con Trump, Blanche y Patel este departamento es ahora un nido de ratas. Sin embargo, las elecciones compresionales van a cambiar el panorama, al menos en la etapa de investigación y de divulgación. aunque haya que esperar al 2029 para ajusticiar a estos malandrines, desde la Gobernadora, los Presidentes del Senado y la Camara y el resto del gabinete. La corrupción es un crimen y no se puede seguir permitiendo la impunidad. El Ooops! no es una opción.
¡CUATRO AÑOS MÁS (Allá y acá)!
A atropellar, robar y encubrir, que en eso los gringos son maestros; y el PNP, discípulos amados.