Las asesorías deficientes de las empresas contratadas, combinadas con cambios de plataformas web de trabajo y enmiendas del Gobierno a las guías del programa, son las principales razones del retraso en los proyectos del PRC, a juicio de funcionarios de 10 municipios entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo.
“Es una misión imposible buscar casa en Puerto Rico”. Así la pediatra Cynthia Miguel resumió su experiencia al intentar encontrar una propiedad donde vivir con sus tres hijos en San Juan. “Vi como 10 propiedades en San Juan, siete u ocho walkups y apartamentos. Me topé con listas de espera de hasta 15 personas para verlos. Hubo ‘realtors’ que me dijeron que me llamarían para avisarme cuándo podrían mostrarme la propiedad.
La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario anunció el pasado 16 de noviembre la firma de dos convenios para compartir la administración de un gimnasio y un centro comunal con juntas comunitarias de San Juan y Guaynabo, respectivamente. La firma del acuerdo se dio casi tres meses después de que esa misma agencia informó al Centro de Periodismo Investigativo que ni ODSEC ni el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales administraban o tenían jurisdicción o titularidad de ninguna de estas instalaciones.
Muchos centros comunales continúan en desuso tras el huracán María por falta de liquidez de los municipios para comenzar su reparaciones, o porque no hay claridad sobre las agencias de gobierno a cargo.
Para el titular de Agricultura, cualquier conflicto real o aparente fue resuelto con su inhibición en asuntos que la agencia tenga ante su consideración sobre sus empresas agrícolas: Agro Power Corp., AG Agro y Agriart LLC.
Al buscar alojamientos de corto plazo en la costa norte de Puerto Rico, en el pueblo de Manatí, por ejemplo, aparecen 45 alternativas en la plataforma Airbnb. En Clasificados Online sólo aparecen siete propiedades para alquiler a largo plazo y dos anuncios en los que se busca una renta asequible, en la que acepten vouchers de vivienda subsidiada. La falta de inventario de rentas a largo plazo es un problema que afecta a muchas personas en Puerto Rico, donde el 32% de las casas ocupadas son alquiladas, de acuerdo a datos del Censo para el 2020. Sin embargo, las poblaciones vulnerables, como las víctimas sobrevivientes de violencia en relaciones de pareja, se ven aún más impactadas por este problema. Cuando una sobreviviente llega a un albergue de emergencia, se le crea un plan individualizado en el que se determinan los servicios que necesita para estabilizar su vida, luego de una experiencia traumática de violencia.
El Departamento de la Vivienda (DV) pagó más de cinco millones de dólares por trabajos que no se realizaron o fueron deficientes bajo el programa de reconstrucción de viviendas Tu Hogar Renace, reveló una evaluación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), que aunque se hizo en el 2018, se había mantenido en secreto. El DV pagó $5,817,382 por 633 órdenes de trabajo donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente, como parte del programa establecido tras el huracán María. Esta acción fue señalada por la OCPR como una contraria a la “política establecida por el Departamento, de que un caso no terminado no podía ser procesado para pago”. Además, la Contraloría indicó que los trabajos que no fueron realizados o que se hicieron de manera deficiente fueron “certificados como hechos por el Oversight Manager, el Program Manager, y ‘preintervenidos’ por el Departamento”. El DV no quiso reaccionar a los hallazgos de esta historia.
Para acceder a fondos de recuperación, se espera que los pequeños agricultores dejen el pico y la azada para hacer planes de negocio y someter documentos como planillas, declaraciones juradas y hasta diplomas universitarios. Una coalición de organizaciones dedicadas a la agricultura solicitó al Departamento de la Vivienda (DV) que atienda sus reclamos para garantizar el acceso equitativo a los fondos de recuperación del Programa de Renacer Agrícola de Puerto Rico (Re-Grow), ya que las guías para solicitar los fondos no responden a las necesidades y realidades del pequeño agricultor puertorriqueño. El programa Re-Grow cuenta con $92.5 millones en fondos del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (CDBG-DR). De esa cifra, $30 millones fueron separados para el trabajo administrativo que realizará el Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, entidad contratada por el DV para implementar el programa. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo acceso a mensajes en los cuales desde septiembre del 2020 la coalición le solicitó al Fideicomiso que enmendara las guías del programa Re-Grow.
