La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario anunció el pasado 16 de noviembre la firma de dos convenios para compartir la administración de un gimnasio y un centro comunal con juntas comunitarias de San Juan y Guaynabo, respectivamente. La firma del acuerdo se dio casi tres meses después de que esa misma agencia informó al Centro de Periodismo Investigativo que ni ODSEC ni el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales administraban o tenían jurisdicción o titularidad de ninguna de estas instalaciones.
Debido a la dilación y las complicaciones en el desembolso de los fondos federales para los pescadores, las expresiones del secretario de Agricultura González Beiró de que tienen un compromiso con los pescadores queda bajo el veredicto de “Engañoso”, porque es una afirmación confirmada parcialmente y se observa algún grado de manipulación de los datos en su uso.
La actualización del mapa de amenaza sísmica de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tendrá que esperar al menos hasta el año 2026, a pesar de que en el pasado verano, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció que el producto final de la nueva versión de este modelo cartográfico podría estar listo para el 2024.
“USGS [Servicio Geológico de los Estados Unidos] no ha actualizado los modelos para Puerto Rico desde el año 2003. El año pasado incluimos lenguaje dirigiendo a la agencia federal a actualizar los modelos y mapas de riesgo sísmicos para Puerto Rico y USVI. Con esta enmienda a la que el Comité dio paso, aseguraríamos que tengan los fondos para comenzar a hacerlo y tener un producto final para el año 2024”, dijo la Comisionada Residente en un comunicado de prensa. Aunque la funcionaria electa puertorriqueña logró en la capital federal que la Cámara de Representantes aprobara una enmienda para que en el año fiscal 2022 se aumenten en $650,000 los fondos del Programa de Riesgos de Terremotos (EHP, en inglés) del USGS, la falta de presupuesto para contratar nuevos investigadores en la Universidad Puerto Rico (UPR) y la incertidumbre en torno a si el Congreso aprobará esa misma cantidad dinero anual para los tres próximos años fiscales ponen en entredicho la viabilidad de la meta presentada por González Colón.
“USGS nos informó que ya no habría suficiente tiempo para actualizar el mapa/modelo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes para finales del 2023, junto a la actualización de los Estados Unidos continentales, Alaska y Hawái, dado el número de pasos que tiene el proceso. Sin embargo, nos indicaron que un incremento de fondos de $650,000 para el EHP anualmente, empezando en el año fiscal federal 2022, permitiría que USGS actualice el mapa dentro de un período de tres años, para el 2024.
Un hospital no es lo mismo que una clínica médica o un centro de diagnóstico y tratamiento, según los códigos de construcción vigentes en Puerto Rico. Aunque el Municipio de Vieques y el Gobierno de Puerto Rico anunciaron su intención de construir un hospital en esa isla municipio, los fondos federales asignados hasta el momento son para reconstruir el centro de diagnóstico y tratamiento que existía antes del paso del huracán María en el 2017. Para que se construya un hospital en Vieques, el Gobierno de Puerto Rico todavía tendría que someter enmiendas al alcance del proyecto (scope of work) sometido originalmente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y que estas sean aprobadas. “Los viequenses se merecen un hospital de calidad al que puedan acudir las 24 horas del día a recibir servicios médicos”, expresó el gobernador Pedro Pierluisi hace poco más de dos semanas en una conferencia de prensa al presentar el diseño conceptual del “nuevo hospital”. La Fortaleza reconoció al CPI, sin embargo, que el diseño no se ha terminado.
Aunque el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró que “estamos culminando el plan para utilizar efectivamente los $2,300 millones que asignó FEMA para la reparación y reconstrucción de escuelas” en su primer Mensaje de la Situación del Estado, el Departamento de Educación (DE) todavía no ha escogido una firma de gerencia de proyectos, necesaria para desarrollar el plan maestro para las obras permanentes en las escuelas públicas.
La asignación de $2,300 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) a través de la estrategia de subvención acelerada (FAAST en inglés) requiere que se desarrolle el plan maestro a través de una Oficina de Gestión de Proyectos (Program Management Office o PMO), que incluirá los servicios de un planificador. La solicitud de propuestas para contratar dichos servicios fue publicada por el DE el 4 de diciembre de 2020. Una vez se haga el plan maestro, tanto la Oficina de Recuperación y Reconstrucción (COR3) como FEMA deben aprobarlo para que entonces el planificador contratado evalúe y recomiende firmas de arquitectura e ingeniería para las obras en los planteles. De un plan de trabajo sometido por Educación a FEMA se desprende que una vez contratado el PMO, el desarrollo del plan toma alrededor de seis meses antes de presentarlo para discusión pública. Educación dijo que todavía se encuentra en la fase final para escoger entre cinco proponentes para “administrar de manera efectiva y eficiente las complejidades del proyecto y reglas aplicables a los fondos obligados”.
El Plan de Mitigación de Puerto Rico para el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT) no ha sido aprobado en su totalidad por el Departamento de Vivienda federal (HUD), confirmó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) la subsecretaria del Departamento de la Vivienda, Maretzie Díaz Sánchez. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó esta semana en su Mensaje de Situación: “estamos activamente trabajando con HUD para lograr el Acuerdo de Subvención de los $8,000 millones del programa de CDBG-MIT para proyectos de resiliencia y mejoras a la infraestructura de Puerto Rico, cuyo Plan de Acción ya fue aprobado por HUD”. Del total de la subvención de $8.2 mil millones, HUD aprobó los programas de infraestructura, desarrollo económico y planificación incluidos en el Plan de Mitigación por la cantidad de $6.2 mil millones. Sin embargo, el programa relacionado al sector de vivienda no fue aprobado por la agencia federal. “HUD [bajo la administración de Trump] entendió que había algunas necesidades que no estaban directamente atendidas en este plan de acción, como las personas sin hogar”, dijo la subsecretaria del programa CDBG-DR en Vivienda, Díaz Sánchez, al CPI.
