Trabajan en la reestructuración más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. La mesa es suficientemente amplia para dar de comer a cientos de empleados y socios de firmas y bufetes, principalmente extranjeros. En un año de quiebra la cuenta va por más de $220 millones.
Los principales ejecutivos de las firmas legales y de asesoría financiera que facturan como parte del Título III de quiebras bajo la Ley PROMESA tienen gran peso en la toma de decisiones sobre el futuro de Puerto Rico. Se suman a otro grupo de ejecutivos contratados por el gobierno de la isla y la Junta de Control Fiscal, cuya facturación no pasa por el tribunal pero está directamente relacionada a la reestructuración de la deuda pública.
Muchos de los abogados y consultores que cruzan el charco para brindar servicios ya se conocen entre sí. Se han visto las caras en quiebras y reestructuraciones históricas tales como Enron, Lehman Brothers, Refco, Adelphia, Caesars, American Airlines, General Motors y Chrysler, así como las principales quiebras municipales de Detroit, Jefferson County, Alabama, y Orange County, California. Este es precisamente uno de los principales argumentos a la hora de justificar el alto costo por sus servicios, con tarifas por hora que superan los $1,000.
El Gobierno estima que durante los próximos seis años, estos profesionales — ejecutivos de la quiebra — cobrarán más de $1,400 millones. Todo con cargo al erario de un territorio en quiebra.
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