La ausencia de una política pública para manejar el sargazo impacta de manera distinta a las comunidades costeras de Puerto Rico. Aunque existen iniciativas de investigación académicas y gubernamentales, ni el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ni el gobierno federal cuentan con estrategias precisas para disponer y valorizar los potenciales usos del sargazo. Asimismo, el gobierno de Puerto Rico ha estado ausente de las reuniones regionales que se han llevado a cabo desde el 2015 entre países y territorios del Caribe.

Sin embargo, iniciativas privadas han surgido con el objetivo de desarrollar productos derivados del alga. Desde octubre de 2020, la empresa estadounidense C-Combinator se estableció en Cataño con este propósito. Aunque muchas de las playas del país están arropadas de sargazo, la empresa importa la mayoría de su materia prima desde Quintana Roo, México.