La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico lleva más de dos años sin publicar un informe que exige anualmente la Ley federal de Presupuesto Equilibrado de 1997 sobre la calidad de los servicios prestados por las aseguradoras contratadas bajo el plan de salud del Gobierno.
San Juan – A special petition for access to public information was filed this Wednesday in the San Juan Superior Court against the Puerto Rico Health Insurance Services Administration (ASES, in Spanish) for failing to comply with a request from the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) regarding the government’s health insurance plan. On May 24, the CPI, through journalist Jeniffer Wiscovitch Padilla, began efforts to obtain data on the providers that participate in the government’s health insurance plan named Vital and their quality reports. After multiple telephone and email communications with ASES, the legal recourse was filed given that the term provided by Act 141-2019 (Transparency and Expedited Procedure for Access to Public Information Act) has elapsed for the agency to respond or provide what was requested. In its filing, the CPI also asks the Court to order ASES to prospectively disclose this information when requested, in compliance with Article 4 of the Transparency Act. “In this case, the request made to ASES complied with the requirements established by the Transparency Act; everything requested is public information of high interest to the people of Puerto Rico and isn’t protected in any way by any privilege or confidentiality claim,” said Carla Minet, executive director of the CPI.
Un recurso especial de acceso a información pública fue presentado este miércoles en el Tribunal Superior de San Juan contra la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico por incumplir con una solicitud del Centro de Periodismo Investigativo sobre el plan médico del Gobierno.
Los pasillos están en silencio absoluto. El Centro de Salud Mental de Bayamón, la única unidad pública especializada en psiquiatría para menores de edad y con tratamiento extendido para los casos más graves, cerró totalmente en marzo de 2020, sin que se anunciara a la ciudadanía y sin que hubiera un plan para atender la necesidad de servicios de hospitalización de más de siete días. Hasta allí llegan menores de edad en busca de tratamiento de emergencia y encuentran las puertas cerradas, comprobó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Ha sido el peor momento para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) clausurara estas instalaciones, en vista de que la pandemia ha exacerbado las condiciones de salud mental de niños y adolescentes, según confirmaron por separado la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes y el Colegio de Médicos Cirujanos. Las instalaciones del Centro de Salud Mental de Bayamón lucen abandonadas.
Dueños de farmacias denunciaron que la falta de controles a los PBMs que operan en la Isla no solo ha permitido que estos intermediarios estrangulen sus finanzas, sino que ponen en riesgo la salud de los pacientes que sufren de constantes denegaciones de medicamentos. Así lo constatan pacientes que hablaron de su lucha para tener sus medicinas. El gobierno acepta que no fiscaliza a los PBM.
