Las medidas federales frenan los pocos avances en políticas de diversidad en la Universidad al detener un censo de afrodescendientes y eliminar baños inclusivos ante la amenaza de recorte de fondos. Sobre 25 universitarios advierten que estas políticas agravarán la marginación de sectores históricamente excluidos.
El martes próximo se votará en la cámara alta sobre una resolución que establece una moratoria en la aprobación de nuevas Escuelas Públicas Alianza.
El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, y la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, prometieron — durante un conversatorio comunitario organizado por la Unidad Investigativa del Género — que priorizarán la identificación en las estructuras y calles de ese pueblo costero mediante un programa piloto, que desde esa noche tiene fondos para ocuparse de la situación.
“Fue tu decisión. Es tu responsabilidad”. Esta es la advertencia que hace el profesor John Stinson Fernández, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, a estudiantes que son madres o están embarazadas y se matriculan en sus cursos. En los prontuarios de sus clases les insta a no usar sus situaciones de vida “como una muletilla” para solicitar excepciones.
El documento circulado a los estudiantes de los cursos de El Campesinado en América Latina y Etnohistoria Indígena y Colonial de Puerto Rico indica además, a las estudiantes con hijos “tampoco quiero que piensen que puedes utilizar tu situación personal de vida como muletilla para siempre solicitar excepción”, por lo que insta a no usar estas circunstancias para pedir un trato distinto. La “advertencia” va dirigida expresamente a las mujeres.
Este es un lenguaje discriminatorio, denunciaron expertas en equidad de género.
La opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, que determinó que una pareja del mismo sexo no puede adoptar, refleja el desconocimiento que tienen los jueces de la mayoría sobre los conceptos de sexo, género y orientación sexual.
