El Senado considerará el martes una Resolución que impondría al Departamento de Educación (DE) una moratoria al establecimiento de escuelas chárter en Puerto Rico.

La resolución, radicada en el Senado en mayo de 2023, se aprobó en la Comisión de Educación, Turismo y Cultura hace cuatro meses tras enmendarse para que el término de cinco años de la moratoria esté condicionado a que el DE, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) produzcan un informe que demuestre que la política pública que permite el establecimiento de escuelas chárter tiene un impacto fiscal neto positivo para el sistema de escuelas públicas en Puerto Rico. 

Además, el DE debe rendir un informe a la Asamblea Legislativa para demostrar que ha cumplido durante al menos tres años escolares consecutivos con la monitoría de las Escuelas Alianza.

La exposición de motivos de la medida, presentada por las senadoras María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Migdalia Padilla junto a los senadores Rafael Bernabe y José Vargas Vidot, indica que “las escuelas chárter han demostrado tener un impacto fiscal negativo en las escuelas públicas existentes, a la vez que crean un sistema escolar paralelo que duplica servicios y costos. Cuando una escuela pública pierde un porcentaje de estudiantes a escuelas chárter, la escuela pública no puede reducir los costos en un porcentaje equivalente. La escuela todavía debe pagar la misma utilidad, mantenimiento, costos de transporte y servicios de alimentación”. 

A juicio del senador del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, una moratoria de cinco años resulta excesiva y penaliza a municipios que quieren cambiar sus sistemas educativos a modelos Alianza. Dijo que es el DE el que está fallando en fiscalizar a las escuelas chárter. Precisamente el distrito que representa Aponte Dalmau, Carolina, está facilitando la acelerada expansión de la Escuela Pública Alianza Leap Steam+E Academy tras firmar un contrato para alquilar tres escuelas municipales a la entidad para su programa chárter. 

La secretaria del DE, Yanira Raíces Vega, se opuso a la resolución e invitó a los legisladores a “insertarse de lleno en los procesos” de la  Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA) y a “escuchar de los propios estudiantes y sus familias el impacto positivo que han tenido nuestras Escuelas Públicas Alianza”. Por el contrario, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) apoyó la resolución porque estiman que obligaría al DE a cumplir con su responsabilidad de supervisar “estas entidades privadas que administran fondos públicos”. La Federación de Maestros (FMPR) reiteró su oposición a las chárter. “La educación debe ser una responsabilidad indelegable del Estado de manera que se garantice la mejor educación posible a toda la niñez y juventud de nuestro país”, argumentó la organización sindical ante la Comisión senatorial.

De izquierda a derecha: Liza Fournier, presidenta de Unete; Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR; Sonaly Berríos Cruz, presidenta de Educamos, y Raúl González, vicepresidente de la AMPR.
Foto suministrada.

El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública cabildeó el pasado lunes en la Legislatura a favor de la medida. La portavoz del Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial, Carmen Warren, levantó bandera sobre la discriminación que dijo, han experimentado los niños y jóvenes con diversidad funcional en Escuelas Públicas Alianza.

Los grupos que se oponen a este modelo educativo advierten que las escuelas chárter pueden aumentar la segregación en el sistema educativo y aumentar el costo por estudiante en el sistema público tradicional, especialmente en lugares donde la matrícula general está mermando. En Puerto Rico, el DE ha autorizado una docena de Escuelas Públicas Alianza desde la firma de la Ley 85 en el 2018. 

La directora del Observatorio de la Educación Pública, Eileen Segarra Alméstica, advirtió sobre el riesgo de ignorar la experiencia acumulada en Estados Unidos con las escuelas chárter. Mencionó que aunque grupos a favor de estas escuelas, como el Centro de Estudios sobre Desempeño Educativo (CREDO, por sus siglas en inglés), “reclaman un impacto académico positivo, una evaluación cuidadosa de su estudio muestra serias deficiencias metodológicas basado en un enfoque no experimental y métodos estadísticos no convencionales. Además, los efectos encontrados son pequeños en términos estadísticos. En general, la amplia literatura sobre el tema indica que el desempeño de estas escuelas en el ámbito académico puede ser muy variado”.

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