Controversiales propuestas recicladas en la lista de “proyectos críticos” de Rosselló

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Foto suministrada por La Fortaleza

Gobernador Ricardo Rosselló ante la Junta de Control Fiscal.

El Gobierno de Puerto Rico presentó una lista de 12 “proyectos críticos” de infraestructura para la aprobación de la Junta de Control Fiscal que manda sobre las finanzas del País. La lista incluye un incinerador de basura para producir energía en el norte de la Isla, con una inversión de $1,010 millones, aunque no identifica directamente por su nombre al polémico proyecto de Energy Answers en Arecibo. El gobernador Ricardo Rosselló indicó el lunes pasado que, si la empresa consigue los permisos, la apoyará a pesar de la oposición ambiental y comunitaria.

La lista incluye también un plan para llevar gas natural a la central eléctrica de Aguirre en el municipio de Salinas, y la extensión de la autopista PR-22 desde el pueblo de Hatillo hasta Aguadilla. Son viejas propuestas de proyectos sin permisos, sin financiamiento privado, y que cuentan con el fuerte rechazo de grupos ambientales. “Si estos proyectos se tramitan conforme al Título V de la ley “PROMESA”, lo que significa es que se van a aprobar de forma fast track”, explicó el abogado ambiental Pedro Saadé.

La lista con los candidatos ha sido discutida con la Junta de Control Fiscal en el marco del Título V de PROMESA, la única parte con un componente de desarrollo económico de la ley impuesta por el gobierno de EE. UU. para que Puerto Rico pague su deuda con los bonistas.

Otra de las propuestas propone invertir $175 millones en obras capitales en la Universidad de Puerto Rico, en momentos en que esta institución enfrenta recortes de más de $240 millones, provocando que la mayoría de los recintos esté en huelga. La lista no indica qué criterio siguió el Gobierno para escoger este tipo de inversión en medio de fuertes recortes al centro docente. La información está contenida en una presentación que hizo Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), durante una reunión en San Juan con la Junta de Control Fiscal el pasado 31 de marzo.  

La lista de proyectos “no está escrita en piedra” y aún el gobierno mantiene conversaciones con empresas privadas para considerar más opciones, sostuvo Ernesto Rivera Umpierre, asesor legal general de la AAPP, que coordina proyectos “de interés público” en conjunto con el sector privado.

“Los candidatos que se escojan tienen que redundar en beneficio de los puertorriqueños, y lograr que el sector privado quiera asumir parte del riesgo de la inversión”, apuntó Rivera, quien no quiso confirmar que la incineradora propuesta sea la de Energy Answers en Arecibo.

Esta empresa pretende quemar más de 2,000 toneladas de basura diarias para producir más de 70 megavatios de electricidad. Ante la falta de financiamiento, la compañía solicitó asistencia financiera al Departamento de Agricultura federal. “Si se pretende reducir la generación de residuos y fomentar la industria del reciclaje, construir una obra de este tipo es contradictorio”, indicó el planificador Luis Jorge Rivera Herrera, quien ganó en 2016 Premio Goldman, conocido como el Premio Nobel Verde.

La consulta de ubicación que la Junta de Planificación dio a esta incineradora es condicionada, porque está propuesta para operar en un área inundable, ya que se encuentra en el cauce mayor del Río Grande de Arecibo. Energy Answers necesita aclarar esta situación ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para poder obtener un permiso de construcción.

“No está claro cómo se va a aplicar el Título V de PROMESA en un caso que está en controversia como el de Energy Answers, ni hasta qué punto se va a eliminar protecciones para el medioambiente y para la salud de los ciudadanos. Ese es el gran problema de proyectos capitales con aprobación rápida de permisos, que se reduce el escrutinio que puede hacer la ciudadanía”, dijo Saadé.

El proyecto de la extensión de la autopista PR-22, por su parte, pretende disminuir la congestión vehicular en la costa noroeste de la Isla. En una primera versión del diseño, la ruta iba paralela a la carretera #2, a campo traviesa por sumideros, áreas de valor ecológico y fincas para ganados. En otra de sus variantes, se extiende sobre la misma #2, ahorrando a los conductores las paradas en los semáforos. La pregunta que debe responder el gobierno es por qué este es un proyecto crítico en momentos en que hay una baja importante de la población, y mientras las carreteras que ya están construidas se encuentran en mal estado, planteó Rivera Herrera.

Por su parte, el proyecto de llevar gas natural a la Central Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lo propone la empresa tejana Excelerate Energy. Este se compone de un puerto flotante desde donde se va a recibir y almacenar el gas natural, conectado a la Central por medio de una tubería de cuatro millas de largo. La Comisión de Energía, responsable de hacer cumplir la política pública energética del País, ha determinado que no hay criterios para establecer que el proyecto tiene viabilidad económica, y le pidió a la AEE que demostrara que es costo efectivo. Grupos comunitarios de Salinas y pescadores se oponen al proyecto porque alegan que afectará arrecifes y oportunidades de pesca artesanal en el área.

Los doce candidatos a proyectos críticos suman una inversión de sobre $5,000 millones de dólares, sin especificar si los pone en su totalidad la empresa privada, mientras que el Gobierno proyecta que crearán unos 100,000 empleos durante diez años, según el documento presentado por Marrero.  

Casi el 50% de la inversión propuesta ($2,440 millones) está destinada para el incinerador y para mantener la infraestructura de la AEE con la generación de electricidad con combustibles fósiles (gas natural y petróleo). Con el fin de producir energía, el incinerador necesita basura para quemar, que bien se puede usar para el reciclaje.

Esta inversión contiene una propuesta de $369 millones para el cumplimiento y la eficiencia en la generación de electricidad en instalaciones en el norte de la Isla, además de la gasificación de la Central Costa Sur de la AEE. Los ciudadanos tienen que costear el gas natural y el petróleo.

En cambio las fuentes renovables, como la energía solar o eólica, sólo componen el 14% de la inversión propuesta por la administración de Rosselló. Esta es una alternativa para no tener que costear combustibles fósiles y disminuir las emisiones que causan el calentamiento global.

“En el caso de mantener las instalaciones de la AEE, esto le conviene a los mismos bonistas de la corporación, porque estamos permitiendo mantener un sistema para buscar dinero para pagarles, en lugar de crear algo nuevo. Es mantener a Puerto Rico en el rezago técnico y el desarrollo”, analizó Félix Aponte, profesor en la Escuela Graduada de Planificación en la Universidad de Puerto Rico.

Entre los proyectos propuestos se encuentra una inversión de $400 millones para mejorar la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y otros $400 millones para una concesión privada de administración de carreteras, así como mantener las autopistas con peajes. La lista contiene además $175 millones para modernizar el Centro Médico y las instalaciones de salud asociadas, incluidas las de psiquiatría. Otro propone una inversión de $21 millones para desarrollar tecnología de información para aumentar la eficiencia en el cobro de impuestos municipales.

En la lista, el proyecto con la menor inversión propuesta es el de manejo de desperdicios sólidos a través del compostaje.  “Este es un ejemplo de los proyectos que deben tener prioridad y más inversión. Resuelves un problema de la basura mientras durante el proceso puedes crear biogas, que se puede usar para producir energía eléctrica”, añadió Aponte. Se trata de una iniciativa de $7 millones para compostar parte de la basura que termina en 20 de los 26 vertederos del país, que están en incumplimiento con la Agencia de Protección Ambiental y deben cerrar.

Puede comunicarse con el autor: emartinez@periodismoinvestigativo.com