Múltiples investigaciones demuestran la trayectoria de incumplimiento de FEMA

La oficina federal del Inspector General, que ya ha auditado a FEMA y le ha hecho serios señalamientos, lanzó una alerta sobre cómo se manejan los fondos de los huracanes Irma y María.

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Foto suministrada por La Fortaleza

De izquierda a derecha: Mike Byrne, Luis Rivera Marín, Ricardo Rosselló y Omar Marrero en conferencia de prensa el pasado 27 de noviembre.

Hay dos filtros que impiden que el dinero que originalmente autoriza la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en efecto llegue a la agencia de gobierno, municipio o entidad privada sin fines de lucro a la que se le comprometió. Por una parte, la agencia tiene una tendencia a negar el reembolso de fondos luego de haber autorizado los gastos, según revelaron una auditoría hecha por la Oficina del Inspector General (OIG) en 2016 y una investigación de la agencia de noticias Prensa Asociada (AP) en 2017. Por otra parte, la misma OIG hizo señalamientos de que fondos autorizados debían ser devueltos, un segundo filtro que impide que FEMA cumpla con sus compromisos iniciales.

Las investigaciones apuntan a que hay un patrón en la agencia de dar autorizaciones que no cumplen los protocolos, reglamentos o leyes, y en consecuencia, FEMA no paga o pretende que se le devuelva dinero. Las apelaciones a la agencia suelen ser rechazadas, y esa decisión viene después de que ya la entidad de gobierno local, organización privada sin fines de lucro o municipio ha hecho gastos o realizado préstamos, contando con el reembolso de FEMA.

La auditoría de la OIG, que duró un año, incluye 58 distintos informes.

Esta es la misma agencia que según la declaración de emergencia del presidente estadounidense Donald Trump, tendrá la última palabra en Puerto Rico para la autorización de todos los fondos que el gobierno federal asigne a proyectos de reconstrucción.

La Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción creada por el gobernador Ricardo Rosselló y bajo la dirección de Omar Marrero, desembolsaría el dinero de FEMA luego de  ser aprobado por el director de operaciones para Puerto Rico de FEMA, Myke Byrne, que fungirá como el coordinador federal de recuperación. Luego de cuatro meses de haberse anunciado, FEMA aún no ha finalizado ni entregado al gobierno de Puerto Rico la guía que regirá el proceso, confirmó Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington.

Foto suministrada por La Fortaleza

El gobernador Ricardo Rosselló da detalles del funcionamiento de la Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación en conferencia de prensa el pasado 27 de noviembre de 2017.

Los 58 informes de auditoría de la OIG cuestionan contratos otorgados a costos irregulares y gastos inadecuados con fondos de FEMA por desastres ocurridos entre 2005 y 2016 en diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos como Mississippi y Nueva York.

Esta no es la primera ocasión. El informe emitido el 17 de octubre de 2017 hace referencia a que para el período entre 2009 al 2015, la OIG también había cuestionado 15% de los fondos auditados de esa agencia. Para este periodo, FEMA debió recuperar $1,064 millones de los $10,900 millones evaluados. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó en varias ocasiones información sobre los pasos tomados por FEMA para recuperar los fondos cuestionados por la OIG, pero no recibió respuesta.

“En el año fiscal 2016, encontramos que $155.6 millones (o un 23%) de los $686 millones auditados son costos cuestionables, lo que confirma que FEMA no ha mejorado en el manejo adecuado de los fondos de desastres”, concluye el informe de la OIG. La Oficina levanta bandera por los miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses que FEMA pone en riesgo por no mejorar sus procedimientos.

El resumen de hallazgos de OIG cuestiona además que, pese a sus recomendaciones, FEMA haya autorizado $85.7 millones de los fondos cuestionados en las 58 auditorías realizadas en 2016.  El 96% de ese dinero corresponde a contratos que la OIG desautorizó por no cumplir con las regulaciones federales.

El informe señala 11 contratos que ascienden a $86.2 millones y fueron otorgados sin seguir las regulaciones federales. Tal es el caso de la subvención federal otorgada por FEMA a la Cimarron Electric Cooperative en Kingfisher, Oklahoma, tras la tormenta invernal de febrero 2013. De los $52.2 millones en contratos otorgados a su vez por Cimarron a otras empresas para la restauración del sistema eléctrico, solo se justificaba $1 millón, según la OIG, y ninguno de estos contratos fue abierto a competencia, violando las disposiciones federales.

La OIG plantea que el informe provee una oportunidad para que FEMA evalúe hacer cambios operacionales dada la “naturaleza recurrente de los hallazgos” de incumplimiento e ineficiencias sistemáticas en la administración de los fondos.

Pendiente OIG a Puerto Rico por las asignaciones de FEMA tras Irma y María

Este patrón de uso inadecuado de los fondos provocó que la OIG emitiera en diciembre una alerta debido a la cantidad de dinero que tendrá que asignar FEMA luego de los desastres por los huracanes Harvey, Irma y María.  

Foto por CBP Photography vía Visualhunt

Foto aérea de las inundaciones en Texas provocadas por el huracán Harvey.

FEMA deberá corregir sus continuas fallas en el manejo de los fondos que administra por falta de controles internos para asegurar el buen uso de los fondos federales que autorizará tras los desastres recientes, advirtió la OIG.

La oficina además consignó su preocupación ante la magnitud de estas emergencias y el posible riesgo del dinero de los contribuyentes por el pobre desempeño que ha demostrado tener FEMA, según se consigna en las auditorías.

La agencia reguladora alertó además que FEMA deberá aumentar la supervisión y orientar adecuadamente a los beneficiarios para el buen uso de los fondos.

“Dada la devastación de los recientes desastres por los huracanes, FEMA puede agotar sus recursos. Si no realiza esfuerzos para fortalecer sus controles internos, la falta de supervisión de FEMA continuará poniendo en riesgo los fondos federales destinados para ayudar a los sobrevivientes”, dice el alerta emitido el 22 de diciembre de 2017 y que se basa en los múltiples señalamientos previos por el manejo de los fondos de la agencia federal. FEMA se negó a emitir declaraciones al CPI sobre las advertencias que hace la OIG y qué pasos está dando para asegurar el buen uso de los fondos de recuperación y reconstrucción de las jurisdicciones afectadas por los recientes huracanes, entre ellas, Puerto Rico.

Historial de señalamientos a FEMA es largo

Hace décadas a FEMA le persiguen cuestionamientos sobre su ineficiencia en el manejo de desastres mayores en Estados Unidos, lo que ha provocado la intervención del Congreso para reformar la agencia creada en el 1979.

Huracanes como Hugo (1989) y Andrew (1992) tuvieron el efecto de una extensa reforma de FEMA realizada por la administración del presidente Bill Clinton para atender trabas burocráticas y mejorar la coordinación con las agencias estatales y el Congreso.

Luego del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York (2001), el Congreso aprobó el Homeland Security Act (2002) y colocó a FEMA dentro del Departamento de Seguridad Nacional para atender las críticas al manejo de la respuesta de FEMA en caso de ataques terroristas además de desastres naturales. Para ello, la agencia desarrolló un Plan de Respuesta Nacional.

Posteriormente, los huracanes Katrina (2005), Sandy (2012) y las inundaciones por las lluvias torrenciales en Tennessee, Kentucky y Misisipi (2010), entre otras emergencias, han colocado en el ojo público la capacidad de asistencia y los procedimientos internos de FEMA en las labores de recuperación de las comunidades.

Foto por smiteme vía Visual Hunt

La ciudad de New Orleans bajo agua después del huracán Katrina en el 2005.

Por ejemplo, unos años después de Katrina, FEMA compró 145 mil remolques para ser utilizados como residencia provisional por los casi 770 mil damnificados que perdieron sus hogares tras el huracán en Louisiana y Mississippi. Los refugiados tuvieron problemas respiratorios y denunciaron un fuerte olor en su interior. Tras una investigación, resultó que al menos el 42% de las unidades contenían cantidades mayores a las permitidas de formaldehído, un químico industrial que puede causar cáncer nasal, agrava problemas respiratorios y puede estar relacionado con la leucemia. Las casas remolque se convirtieron en símbolo de la pobre respuesta del gobierno a la emergencia debido a que, cinco años más tarde, miles continuaban viviendo en ellas ante la disyuntiva de quedarse en la calle o vivir en un remolque con emisiones tóxicas. Para esa misma fecha, unas 12 mil personas continuaban sin vivienda. Aún después de la investigación, FEMA vendió en subasta unas 120 mil de las casas rodantes a sabiendas de que excedían los niveles de formaldehído y defendió su decisión alegando que los nuevos compradores firmaron un contrato comprometiéndose a que las mismas no se utilizarían como hogares permanentes.

Esa experiencia de Katrina provocó que FEMA subiera los estándares de calidad en la construcción de las unidades de vivienda, y en la actualidad no contienen formaldehído, dijo en diciembre pasado a Prensa Asociada Bob Howard, portavoz de la agencia federal.  

Por otra parte, siete años han pasado desde que las torrenciales lluvias de mayo de 2010 provocaron inundaciones en Tennessee. En 36 horas cayeron 13.57 pulgadas de lluvia, colocando bajo agua la ciudad, con daños a estimados en $2,000 millones en propiedad privada y $120 millones en infraestructura del gobierno. Todavía, agencias gubernamentales y entidades sin fines de lucro esperan que FEMA les reembolse millones de dólares de los trabajos de reconstrucción.

Aunque FEMA asignó unos $96 millones a los gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro para limpiar escombros, reparar daños y tomar medidas de protección en todo el condado de Davidson, posteriormente la agencia federal rechazó reembolsar algunos de esos gastos de recuperación, dejando a Nashville con un déficit de $11.8 millones en el fondo de recuperación de las inundaciones.

Por ejemplo, el Condado de Houston perdió su apelación de $239,000 utilizados en la reparación de carreteras, alcantarillas y puentes. Este dinero nunca le fue reembolsado ya que según FEMA el Condado no demostró que el daño fue causado por la inundación de 2010. Por su parte, la Autoridad Metropolitana de Tránsito de Nashville nunca recibió $4.3 millones utilizados para reemplazar vehículos y guaguas dañadas por las inundaciones, por desacuerdos sobre cuáles de ellas estaban asegurados.

El caso de Tennessee es tan solo un ejemplo de millones de fondos para la recuperación de desastres en Estados Unidos que FEMA se niega a pagar.

Al analizar los documentos de apelaciones a FEMA de la última década, la agencia de noticias Prensa Asociada encontró denegatorias por $1,200 millones en procesos de apelación de reembolsos de fondos solicitados que fueron utilizados para reconstruir comunidades afectadas por huracanes, inundaciones, incendios, terremotos, tornados u otros desastres en Estados Unidos.  

FEMA se negó a dar los reembolsos del dinero aduciendo que la agencia o la entidad sin fines de lucro incumplió con los requerimientos y el proceso de documentación o porque determinó que, en principio, no se debió aprobar la asignación de dinero para ese proyecto. La agencia también ha rechazado repetidamente las solicitudes de fondos ya que la apelación del solicitante no se dio dentro de los 60 días requeridos.

Empresa contratada por FEMA para manejo de escombros en Puerto Rico es señalada

Foto por Miami Herald

Pam Bondi

Por otra parte, la Procuradora General de La Florida, Pam Bondi envió en octubre pasado citaciones y requerimientos de información a tres compañías como parte de una investigación sobre las imputaciones de que los contratistas de remoción de escombros incumplían con sus contratos para dilatar la limpieza de escombros y forzar la negociación de tarifas más altas.

Las empresas investigadas, que fueron contratadas por FEMA, son AshBritt, Inc., DRC Emergency Services y Ceres Environmental Services, ésta última también con contratos con el Cuerpo de Ingenieros tras el huracán María para la instalación de los toldos azules en Puerto Rico. En diciembre, el Departamento de Transportación y Obras Públicas anunció que Ceres figura entre las compañías encargadas de la remoción de escombros en Puerto Rico.

Congreso investiga contratos tras María

La cadena de errores de FEMA se repite en Puerto Rico en el manejo de la crisis tras María que incluye haber contratado a empresas sin experiencia para atender la construcción de toldos para las casas destrozadas por el huracán y la confección de alimentos de los damnificados a semanas de la emergencia.

Este último contrato, de $156 millones, es objeto de una investigación en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU. Los congresistas solicitaron los documentos relacionados al contrato otorgado por FEMA a la empresaria de Atlanta Tiffany Brown, para que su empresa Tribute Contracting, LLC, produjera 30 millones de comidas que serían enviadas a la isla.

Brown sin experiencia previa en este tipo de labor ni contrató a su vez a una compañía de “catering” para bodas para que le ayudara. De las 30 millones de comidas requeridas, la empresa solo envió 50,000. FEMA le canceló el contrato al percatarse que no fueron debidamente empacadas. La investigación congresional apunta a que esta empresa no solo no contaba con la capacidad para cumplir con el acuerdo; sino que previamente el gobierno federal le había cancelado al menos cinco contratos por no cumplir con los acuerdos.

De igual forma, en el caso de los toldos, FEMA contrató Bronze Star, LLC., una compañía de reciente creación en La Florida para proveer los toldos para los damnificados en Puerto Rico. La agencia federal tuvo que cancelar el contrato ya que luego de cuatro semanas la empresa no pudo proveer los mismos. Aunque no desembolsó los $30 millones, FEMA tuvo que reiniciar el proceso para contratar a otra compañía, mientras en la Isla, miles de casas se encontraban sin techo y sin toldos en medio de la emergencia.

Puerto Rico a cinco meses de María

Según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU, aproximadamente 4 mil hogares en Puerto Rico permanecen sin techo en espera de que las autoridades federales instalen los toldos azules.  

La precaria situación se extiende a casi 4 mil familias que según datos de FEMA viven en hoteles pagados por la agencia en Estados Unidos, luego de que sus residencias quedaran inhabitables. FEMA ha anunciado que el 20 de marzo termina el programa de asistencia en hoteles, lo que deja en el limbo a estas familias que están ubicadas en 42 estados de los Estados Unidos.

“Si el gobierno federal dice que este es el peor desastre en la historia de los EE UU, ¿cómo pretender que FEMA sea nuestra panacea si ha fallado en los otros desastres que en comparación con María fueron menores? La burocracia e incapacidad de buena administración pública persiguen a FEMA, lo mismo que al gobierno de Puerto Rico”, planteó al CPI el catedrático jubilado de la Escuela Graduada de Administración Pública del Recinto de Río Piedras de la UPR, Mario Negrón Portillo.

Según Negrón Portillo, la actuación errática del gobierno federal en su respuesta a la emergencia en Puerto Rico se hizo más evidente cuando hace varias semanas FEMA anunció que detendría la distribución de agua y alimentos. En cuestión de horas, y luego de que más de 30 miembros del Congreso cuestionaran la cancelación de suministros, la agencia tuvo que retractarse.

Por otra parte, el gobierno anunció que el Plan Fiscal revisado sometido a la Junta de Control Fiscal descansa en que llegarán $49,100 millones de fondos federales, de los cuales $35.3 serían de los programas de asistencia de emergencia de FEMA hasta el 2023. Un informe de FEMA dice que este año fiscal invertirá $13,732 de su Fondo de Alivio para Desastres en Puerto Rico.

El gobierno solicitó en noviembre al Congreso $94,4000 millones para reconstruir en el país tras el paso de los huracanes.

“A nosotros no nos van a dar ese dinero. No puedes proyectar el desarrollo del país sobre un supuesto, sobre todo, teniendo en cuenta la mala fama una de una agencia como FEMA. Construir el Plan Fiscal con promesas basadas en fondos que no han llegado es una locura de improvisación”,  insistió Negrón Portillo.

  • disi301

    FEMA ES UN DESASTRE Y ACTUA IGUAL QUE EL GOBIENO DE PR. LE DA CONTRATOS A SUS AMIGOTES QUE NO TIENEN NI LA CAPACIDAD NI LA EXPERIENCIA PERO SI LA FUERZA DE CARA DE RECIBIR LOS $$$ DE LOS CONTRATOS. MANDA LA CORRUPCION.