Aunque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Final sobre el Aguirre OffShore GasPort fue emitida el viernes por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés), el documento no concluye si la construcción del terminal para transportar gas natural a la Central Eléctrica Aguirre en Salinas será o no autorizada. La aprobación final dependerá de que los proponentes del proyecto cumplan con más requisitos de varias agencias federales y de que obtengan permisos del gobierno de Puerto Rico.
La decisión final de FERC vendrá luego de que, dentro de 90 días, el Cuerpo de Ingenieros y la Agencia de Protección Ambiental (EPA en inglés) confirmen si el proyecto cumple con el Costal Zone Management ACT, el Clean Water Act y el Clean Air Act, explicó Celeste Miller, oficial de prensa de FERC, al Centro de Periodismo Investigativo.
La decisión del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA en inglés), sería determinante para que la propuesta actual para el desarrollo del puerto de gas siga su curso, explicó Celeste Miller, oficial de prensa de FERC, al Centro de Periodismo Investigativo. Estas dos agencias basarán su evaluación en el cumplimiento del proyecto con el Costal Zone Management ACT, el Clean Water Act y el Clean Air Act.
Además, FERC debe completar consultas sobre la Ley de Especies Amenazadas con el U.S. Fish and Wildlife Service, la National Oceanic and Atmospheric Administration y el National Marine Fisheries Service.
Por otra parte, los cinco comisionados de FERC tendrán desde este viernes un “tiempo indeterminado” para emitir una orden final sobre el Aguirre OffShore GasPort. Del proyecto ser aprobado, no debe comenzarse ninguna construcción mayor hasta que los proponentes sometan un Plan de Implementación, que típicamente se completa 60 días después de la determinación final de FERC. El Plan de Implementación debe ser aprobado por la Oficina de Proyectos Energéticos de FERC, explicó Tamara Young-Allen, oficial de prensa de FERC.
Los proponentes del proyecto, Aguirre OffShore GasPort y la Autoridad de Energía Eléctrica, además, deben obtener el Permiso de Construcción, Permiso General Consolidado y el Permiso de Uso con opinión del Departamento de Salud y del Cuerpo de Bomberos y cumplir con la Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico, los cuales deben presentarse antes de la construcción, según la DIA final.
Hasta el momento, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha desembolsado $6.8 millones por concepto de permisos ambientales y estudios de ingeniería, requeridos por las agencias reguladoras en el proceso de permisos del terminal de gas, informó Abimael Lisboa, oficial de prensa de la AEE.
El dilema de las tuberías
En la DIA final se recomienda que el Aguirre OffShore GasPort adopte un método de construcción alterno, o una ruta alterna, para instalar una de las tuberías del terminal de manera que se reduzca a un “nivel aceptable” el impacto en los corales de la zona de Bahía de Jobos, declarados en peligro de extinción, y de otras especies que habitan al fondo del ecosistema acuático.
El método de Perforación Horizontal Dirigida para enterrar una de las tuberías del terminal había sido el recomendado por el Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), agencia adjunta al Departamento de Transportación de Estados Unidos, de manera que se minimizara el impacto ambiental en la zona.
Juan Alicea, director de la AEE, dijo al Centro de Periodismo Investigativo que estaría consultando compañías locales para realizar un estudio geotécnico que el Cuerpo de Ingenieros requirió a Aguirre OffShore GasPort, para determinar si es viable el método de Perforación Horizontal Dirigida.
Un análisis preliminar sobre ese método fue realizado por Laney Directional Drilling, corporación de Texas subcontratada por Excelerate Energy, desarrolladora del Aguirre OffShore GasPort, con fondos de la AEE. Otras firmas subcontratadas por Excelerate incluyen a la especialista en mapas C&C Technologies de Louisiana y Golder Associates, consultora ambiental de Seattle. La AEE pagará todas las subcontrataciones que haga Excelerate Energy, confirmó Alicea.
El estudio preliminar de Laney Directional Drilling concluyó que el método de Perforación Horizontal Dirigida no es inviable en la zona de la Bahía de Jobos, debido a la profundidad del mar, de aproximadamente 70 pies, la alta presencia de gravilla en el suelo marítimo y la potencial entrada de fluidos en el agujero de la tubería. Esto significa que para dar paso a la tubería habría que remover corales y sembrarlos en otra zona, explicó Ruth Santiago, asesora legal del Comité de Diálogo Ambiental y la Iniciativa para el Eco Desarrollo de la Bahía de Jobos, IDEBAJO.
La remoción podría afectar tanto a los corales que se extraigan como los que permanezcan en su lugar, explicó Ruperto Chaparro, director de Sea Grant Puerto Rico, programa de investigación marina adscrito a la Universidad de Puerto Rico. “Donde se da el coral es en áreas específicas donde la luz, el agua y la sedimentación son las adecuadas, removerlos y sembrarlos en otro sitio no garantiza su funcionamiento”, advirtió.
IDEBAJO propone que se reubique la plataforma del Aguirre Offshore GasPort en la ruta de navegación que utilizan actualmente las barcazas que transportan petróleo a la Central Eléctrica, una opción que los proponentes del terminal no han considerado, según Santiago.
Según la DIA final, el Aguirre OffShore GasPort no impactará significativamente las actividades comerciales y recreacionales de la Bahía de Jobos. Esto a pesar de que los grupos comunitarios presentaron un informe técnico que incluía estudios de economistas que hicieron proyecciones de pérdidas anuales millonarias al sector de la pesca, el ecoturismo y los negocios de comida, que son el principal sustento de la zona. También concluye la DIA que el impacto adverso al medio ambiente se reduciría a un nivel “menos que significante” si se implementan las medidas de mitigación recomendadas. Los técnicos comisionados por IDEBAJO indican lo contrario.
Preocupaciones por el impacto ambiental
El Aguirre Offshore GasPort podría crear emisiones de aire nocivas que contaminarían el aire exterior con productos químicos a los que los niños y niñas son especialmente vulnerables, dice un informe sobre hallazgos de asistencia técnica comisionado por IDEBAJO con financiamiento de la Oficina Estatal de Política Pública Energética.
“Muchos de estos compuestos orgánicos volátiles tienen conocidos efectos a corto y a largo plazo: irritación de los ojos, la nariz, la garganta y la piel; dolor de cabeza, náuseas y mareos; fatiga y falta de aliento; y el empeoramiento de las condiciones respiratorias como el asma. Los efectos a largo plazo derivados de la exposición crónica incluyen riesgos de algunos tipos de cáncer u otras enfermedades como la insuficiencia renal”, añade el informe.
La población vulnerable a los compuestos químicos que podrían derivar de las emisiones del Aguirre Offshore GasPort incluye al 60% de las familias de la comunidad de Aguirre que viven por debajo del nivel de pobreza y que tienen niños y niñas menores de cinco años de edad. Para reducir posibles exposiciones tóxicas para gran parte de la población vulnerable, los peritos que realizaron el informe recomiendan opciones de precaución y mitigación de contaminación de aire, como el uso de restricciones adicionales y tecnologías de reducción de emisiones.
El “costo social específico” anual de daño ecológico fue calculado en $13.65 millones, para un total de $286.65 millones en 21 años. Además, la construcción y operación del proyectado terminal y gasoducto marítimo, podría tener un efecto bruto de reducir en $21 millones para 2016 la masa de los salarios para el conjunto de los asalariados de las economías de la zona.
El informe sobre hallazgos de asistencia técnica recomienda negociar con Excelerate Energy para que, “por conducto de su subsidiaria Aguirre LLC, se reinvierta en Puerto Rico parte sustancial de las ganancias que, por lo regular, se expatrian a la economía continental. Con este arreglo se pretende financiar crecimiento económico sin recurrir a la emisión de deuda pública”. También se recomienda “abrir el procedimiento de vista pública a la democracia con la entrega, por la empresa, de los cómputos de costos de mitigación a los ciudadanos y comunidades que participan en el proceso”.
