Alexis Correa Allende recorre en bicicleta el barrio Parcelas Suárez en Loíza. Solo despega una mano del manubrio cuando saluda a algún vecino. Va relajado sobre las dos ruedas. Hasta que llega a la calle 10 del barrio, donde una vez estuvo el Paseo del Atlántico. Desde 2012, Alexis, portavoz de la Junta Comunitaria del sector, ha visto cómo el mar destruyó el paseo dejando varias residencias mucho más cerca de las olas. Esta situación le provoca ansiedad a Alexis y a las cerca de 1,560 personas que viven en Parcelas Suárez. Más aún cuando llegan los tiempos de mareas altas.

“Desde que comencé esta lucha en 2012 por el tema de la erosión costera, vivo preocupado. Todo el mundo vive preocupado”, asegura Correa Allende, de 35 años.

En 2018, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) aprobó $5,170,000 en fondos para un rompeolas que mitigue la erosión costera en esta zona. Sin embargo, la construcción de este proyecto no comenzaría hasta enero de 2020, anunció el pasado martes el ente federal. Alexis explicó que esta es la tercera vez que se atrasa la fecha de inicio de construcción, que estaba pautada para iniciar en julio de 2019. Las olas siguen azotando contra las calles 10 y 11 incrementado la erosión, observó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Para llegar a Parcelas Suárez hay tres entradas desde la carretera 187 que recorre la costa de Loíza. Los tres accesos terminan en la playa. El mar es parte de la cultura que se vive en este pueblo, donde el 49.6% de su población vive bajo pobreza, según la Encuesta de Comunidad de 2016 del Negociado del Censo de Estados Unidos. Es una comunidad que celebra la herencia africana como en pocos lugares en Puerto Rico. El 35% de los residentes en Loíza se identificó como de raza negra en la encuesta, una cifra que subestima la realidad, según varias líderes comunitarias.

Parcelas Suárez también es un barrio de clase trabajadora. De gente “buena y luchadora”, como explica Modesta Irizarry, una líder comunitaria loiceña.

“Esa comunidad lleva años en una lucha para que se le brinde el servicio y las herramientas necesarias para contrarrestar la erosión costera. Es una comunidad que lleva desde 2012 luchando porque el Cuerpo de Ingenieros y el Departamento de Recursos Naturales hagan el trabajo que le corresponde hacer. Parece ilógico que si saben lo que tienen que hacer, haya que exigir tanto para que metan mano al asunto”, denunció.

Según Alexis, la Junta Comunitaria de Parcelas Suárez llevaba meses pidiendo al Cuerpo de Ingenieros una reunión para que explicara en qué consistirá la estructura que se construirá, cuáles áreas protegerá y cuándo iniciarán los trabajos. No fue hasta el pasado martes, 16 de julio que se dio la reunión con los loiceños. No obstante, para Alexis el proceso se dio atropellado por el poco tiempo que hubo para avisarles a todos los residentes de Parcelas Suárez.

“No fue justo. Ellos [el Cuerpo de Ingenieros] me avisaron el viernes pasado [12 de julio] solo con cuatro días para avisarle a la comunidad. La alcaldesa dijo que se repartieron promociones, pero eso no es cierto. No se repartió nada. No es justo”, denunció el líder comunitario, quien lamentó que a la reunión solo fueran alrededor de 16 personas. El municipio aclaró que no se repartió ninguna convocatoria, sino que se anunció por medio de una guagua de sonido en alta voz.

El problema para Alexis es que en ese encuentro se decidió apoyar el proyecto del Cuerpo de Ingenieros sin que estuviera la mayoría de la comunidad. Repudió, además, que el personal del Cuerpo de Ingenieros usara como argumento a favor del proyecto el riesgo que corren los fondos si no se usan de manera inmediata.

En la reunión, los participantes reclamaron la aprobación del proyecto bajo la premisa de que debían prevenir que les quiten el dinero “que con tanto sacrificio han obtenido”.

Luis Daniel Pizarro, director de la división de Manejo de Fondos Federales del municipio, cuestionó la prisa del Cuerpo de Ingenieros al requerir el aval comunitario de forma expedita y sin tiempo para evaluar otras opciones o modelos de construcción.

“A mí siempre me ha sorprendido lo transaccional que suena todo esto. Me desespera que el Gobierno federal esté dispuesto a invertir para defender propiedad, pero no vida. Creo que las prioridades están torcidas”, expresó Pizarro.

El rompeolas solo se concentrará en un área de 1,050 pies de la línea de la costa frente a una escuela pública, un centro comunitario y un parque ubicado en la calle 11. El proyecto dejó fuera la calle 10 del sector, que también se ha visto afectada y donde se ubican 15 casas donde viven alrededor de 50 personas.

La exclusión de esa zona llevó a que la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, solicitara el año pasado un análisis al Cuerpo de Ingenieros sobre cómo el rompeolas propuesto impactará el desplazamiento del agua hacia las comunidades vecinas que también están vulnerables ante el mar.

El 15 de julio de este año, el Cuerpo de Ingenieros publicó una extensión del Informe de Viabilidad Integrada Final y la Evaluación Ambiental para recibir comentarios de la ciudadanía hasta el 14 de agosto. El documento se limita a explicar que el rompeolas propuesto recibió el aval del Programa de Manejo de Costas de Puerto Rico en 2018 y que el 2 de julio de 2019 el Cuerpo de Ingenieros presentó una solicitud de certificación de calidad de agua ante la Junta de Calidad Ambiental, con el fin de minimizar los impactos adversos a la calidad del recurso durante la construcción del rompeolas. Además, expone diversos escenarios para proteger la vida marítima en la zona y la infraestructura pública. No incluye, sin embargo, la evaluación solicitada por Nazario respecto al impacto que tendrá esta estructura en el desvío del agua hacia otros vecinos. Tampoco incluye un modelo a escala que ilustre cómo se vería el proyecto, señaló el experto en manejo de costas Pedro González.

Sheila Hint, gerente de proyecto del Cuerpo de Ingenieros, no pudo ser categórica respecto a que la estructura no impactará las zonas cercanas que se dejaran desprovistas. Explicó que los ingenieros concluyeron que el oleaje de la zona es tan dinámico que no pueden cuantificar si con el rompeolas aumentará aún más la erosión en otros lugares de la costa.

Según Hint, el Cuerpo de Ingenieros solo vela por estructuras públicas y una vez se aprueba un proyecto, este no puede ser enmendado, cambiado de lugar o extenderlo a otras zonas. Alexis no entiende por qué se quiere proteger la escuela y el centro comunitario si ambas estructuras están casi en ruinas. La portavoz del ente federal explicó que esas estructuras son la justificación para que se usen los fondos asignados en la zona. Demolerlas significaría que no habría ninguna estructura pública que amerite un trabajo del Cuerpo de Ingenieros en el lugar, dijo.

Por su parte, Alberto González, gerente de proyectos en Jacksonville para el Cuerpo de Ingenieros, instó al municipio y a la comunidad a buscar otros mecanismos para obtener más fondos para proteger el resto de la costa del barrio. Dijo que incluso el mismo ente que representa cuenta con otros tipos de asignaciones que pueden solicitar para las costas de Loíza.

Además de Parcelas Suárez, todo el litoral costero del municipio se ha visto impactado por la erosión desde antes y después del paso del huracán María en septiembre de 2017, según datos de la geomorfóloga Maritza Barreto Orta. Atender a todos los sectores afectados conllevaría una inversión millonaria, reconoce el vicealcalde de Loíza, Luis Ortiz Escobar.

Pero residentes y personal de gobierno municipal cuestionan por qué entonces se excluyó a Loíza de una nueva propuesta del Cuerpo de Ingenieros para realizar proyectos de mitigación en zonas costeras de Puerto Rico afectadas por la erosión y que supondría más dinero para obras de infraestructura costera.

Se trata del Estudio de Manejo de Riesgos Costeros por Tormentas: estudio integrado de viabilidad y Ley Nacional de Política Ambiental, cuya fase de estudio inicial se extenderá durante tres años a un costo de $3 millones.

Según Carolina Burnet, ingeniera a cargo de la planificación del estudio, el análisis se realizará en siete áreas afectadas en Rincón, San Juan, Mayagüez y Humacao. Quedaron fuera otras áreas costeras que fueron consideradas como: Vega Baja, Arecibo, Aguadilla, Aguada, Añasco, Mayagüez, Cabo Rojo, Loíza y Luquillo. Burnet explicó que los municipios escogidos fueron recomendados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La titular de esta agencia, Tania Vázquez, no respondió una solicitud de entrevista del CPI para conocer cuáles fueron los criterios usados para la selección.

En declaraciones escritas, la agencia explicó que “DRNA ha provisto acceso a información sobre dinámica costera, oceanografía, mapas de inundación. Se han visitado todos los sitios identificados para evaluación, análisis y modelaje, se ha brindado apoyo logístico y nos mantenemos en comunicación permanente con los investigadores, ingenieros y planificadores del USACE”.

Estudios recientes de Barreto Orta — quien tiene más de 25 años de experiencia evaluando las costas de Puerto Rico — muestran que Loíza es un área mucho más vulnerable a la erosión costera que los otros municipios escogidos. ¿Por qué no se incluyó a este pueblo?, cuestionó el CPI a Burnet.

“Son proyectos grandes donde el costo es alto y la infraestructura que se va a proteger debe ser acorde a esa inversión. Loíza sí tiene mucha necesidad, pero Loíza tiene baja densidad comparado con los otros municipios seleccionados”, explicó la ingeniera. La densidad a la que se refiere Burnet es de estructuras, no de población.

Yeidi Escobar, directora de planificación de Loíza, cuestionó que se dé mayor prioridad al valor de una estructura por encima del bienestar de la ciudadanía.

“El aspecto económico no es una justificación. No veo cómo es más [importante] el retorno de inversión que el riesgo de nuestros ciudadanos. No puedo justificar eso, tomando en consideración que Loíza es un lugar de tanto riesgo [costero]”, puntualizó la funcionaria.

Entre los criterios para seleccionar las zonas a observar, el Cuerpo de Ingenieros evaluó los atributos económicos, ambientales y de recreación de cada área recomendada por el DRNA.

“Para un estudio de esta magnitud, que implica participación federal por 50 años, es muy importante la justificación económica, porque, por 50 años se va a implementar y mantener ese proyecto que se diseñe. Si el costo es muy elevado en los proyectos, los beneficios deben ser mayores. La forma del análisis que tenemos es en el valor de la infraestructura: edificios, establecimientos comerciales… que van a lo largo de los segmentos de playa que se están analizado”, detalló Burnet.

Puerto Rico tiene 799 millas de costas, de las cuales 30% son playas, 28% vegetación; en el 18% hay infraestructura y en el 15% hay rocas, según la profesora Barreto Orta.

En los segmentos seleccionados, de acuerdo con Burnet, existen cerca de 748 estructuras, entre viviendas y espacios comerciales. Sin embargo, la ingeniera reconoció que no cuenta con ningún estimado de cuántas personas viven en las zonas escogidas.