El proceso para que los acueductos comunitarios legalicen sus franquicias y mantengan su operación es tan enredado, burocrático y privado de apoyo técnico que desalienta a las comunidades a formalizar el sistema que les lleva agua a sus hogares ante la incapacidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de proveerles el servicio.
Catorce de los 42 monitores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que miden contaminantes de aire nocivos a la salud alrededor de Puerto Rico están fuera de servicio, algunos incluso desde hace cinco años.
Este viernes entra en vigor una penalidad que impone controles federales a toda actividad industrial que emita dióxido de azufre en siete municipios de la Isla, según adelantó el Centro de Periodismo Investigativo.
Lejos de reducir el ritmo de construcción en las costas de Puerto Rico para afrontar el cambio climático, como han solicitado los expertos, la administración del gobernador Pedro Pierluisi pisó el acelerador para aprobar permisos de construcción en los litorales.
Durante su primer año en la gobernación, y ya entrados en la pandemia, la concesión de permisos de construcción en las costas aumentó 29%, en comparación con el 2020, según datos de la Oficina de Gerencia de Permisos analizados por el Centro de Periodismo Investigativo.
En la calle Alfonso XII de la comunidad Punta Santiago en Humacao, Bermuda Vázquez, de 62 años, señala hacia la playa alfombrada con algas marinas color marrón, conocidas como sargazo. A pesar de que era un día libre en pleno verano para conmemorar la emancipación de la esclavitud en Estados Unidos, los bañistas brillaban por su ausencia. “Lo que pasa es que uno tiene miedo a contaminarse en esa agua con el sargazo que apesta. Llevo toda una vida viviendo en esta comunidad y recuerdo cuando días como hoy, venía mucha gente a la playa. Con esto del sargazo hay que adaptarse”, comentó Vázquez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La burocracia en el manejo de los fondos y la dejadez de las agencias responsables han sido la traba para el acceso al dinero
Trabajadores del mar reclaman que no tienen información sobre el estatus de los fondos y cuestionan que el DRNA los quiera acaparar
La querella se recoge en una carta dirigida tanto a la NOAA como al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) e indica que esta última agencia no les ha presentado un plan o presupuesto para el uso de los fondos federales luego de que fueran aprobados en febrero de 2018.
