En una conferencia de prensa el pasado miércoles, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, aseguró que en la administración de la gobernadora Jenniffer González “nunca hemos limitado la información o se ha limitado compartir comunicados. Los correos electrónicos, las convocatorias y las conferencias de prensa son abiertas”.
“Yo no recuerdo ningún gobierno anterior que haya tenido tanta apertura [a la prensa]”, afirmó Torres Montalvo en múltiples ocasiones en la rueda de prensa en donde presentó En Récord, una iniciativa de La Fortaleza para realizar conferencias y mesas redondas con diferentes miembros del gabinete del Gobierno de Puerto Rico. Durante el anuncio, fue confrontado por periodistas que relataron sus experiencias de falta de transparencia y acceso con esta administración.
La experiencia del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la de otros medios, y las búsquedas en el sistema electrónico de la Administración de Tribunales establecen que estas premisas del funcionario son falsas.
En el caso del CPI, casi una decena de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos enviados al Secretario de Asuntos Públicos para que provea el directorio de oficiales de información en todas las agencias nunca han sido atendidas. No ha concedido una reunión solicitada por la directora editorial del CPI, Wilma Maldonado, en múltiples ocasiones. Tampoco se ha concedido una entrevista a la gobernadora Jenniffer González solicitada desde enero. Igualmente, peticiones de información y entrevistas hechas a agencias como el Departamento de Salud, de Educación, de Desarrollo Económico, el Zar de Energía o Corrección no han sido atendidas, a la vez que los periodistas del CPI no reciben las convocatorias a los medios de la mayoría de las agencias, y han sido excluidos de mesas redondas para la prensa.
El video de la conferencia de prensa del pasado miércoles sobre En Récord fue eliminado de las redes sociales de La Fortaleza y el comunicado de prensa de la misma nunca fue enviado a los medios, aunque allí se entregó de forma impresa.
Las organizaciones que agrupan a los periodistas desmintieron las expresiones del Secretario de Asuntos Públicos.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) reafirmó en un comunicado de prensa su “rechazo tajante a las restricciones al acceso a la información pública impuestas desde La Fortaleza”.
Mientras, la presidenta del Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC), Gloria Ruiz Kuilan, sostuvo en declaraciones escritas que “lo importante es que, al no proveérsele información a los periodistas, sean de medios corporativos o independientes, se le niega información al pueblo y la supuesta transparencia que se promulga es inexistente”.
La administración de González ha intentado establecer estrategias que poco facilitan la cobertura de la prensa. Por ejemplo, realiza conferencias de prensa todos los domingos, cuando prácticamente ninguno de los medios de comunicación tiene personal activo. En realidad, este mecanismo limita la fiscalización, pues la gran mayoría de los medios no están allí, y mientras la administración trata de proyectar que estas conferencias de prensa con tres o cuatro jefes de agencia para impulsar sus mensajes de propaganda son una medida de transparencia, no se atienden las preguntas y peticiones de información o de entrevista diarias en el momento en que los periodistas lo necesitan para sus reportajes.
El jueves, en sus dos horas del Mensaje de Estado, la Gobernadora no habló de la iniciativa “En Récord”. El CPI identificó que el equipo de González adelantó el mensaje a algunos medios de comunicación, que comenzaron su cobertura minuto a minuto a las 6:00 pm, mientras que al resto de los medios, el mensaje se envió casi una hora más tarde.
“Hablar de transparencia es cinismo burdo”
Para la periodista independiente y fundadora del medio Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo, “hablar de transparencia desde el Gobierno de Jenniffer González es definitivamente un cinismo burdo”.
“No es transparencia si en esa conferencia de prensa tú no tienes los datos. Si en esa conferencia no te contestan las preguntas, si te limitan las preguntas que vas a hacer, no solamente en número, sino en contenido. Esa es precisamente la evidencia mayor que tenemos de que este Gobierno no es transparente”, dijo en entrevista con el CPI, refiriéndose a que se limita tanto el número de preguntas que pueden hacer los periodistas como el tema, que se tiene que ceñir al señalado en la convocatoria de prensa.
Según Acevedo, a su medio Bonita Radio la mayoría de los oficiales de prensa no le contestan llamadas o mensajes, ni recibe comunicados de prensa o convocatorias de La Fortaleza o de muchas agencias. Tampoco le responden los requerimientos de información que ha sometido bajo el procedimiento establecido en la Ley 141 de 2019, conocida como la Ley de Transparencia.
“Yo creo que el acceso a la información no solamente está limitado, sino que en este Gobierno hay censura previa. En este Gobierno deciden a quién le dan información y a quién no”, dijo.
La experiencia de Acevedo es que “nunca he recibido una contestación de la oficial de prensa de la Gobernadora”, refiriéndose a Marieli Padró.
“También [pasa con] las peticiones de entrevista. Pero no es que me digan que no, es que no me las contestan, y punto”, denunció.
Acevedo dijo que la situación no cambiará “si el Gobierno sigue pensando que los periodistas que hacemos las preguntas que ellos no quieren escuchar, somos enemigos de ellos. Yo no tengo nada personal en contra de nadie, ni de la Gobernadora hasta el último oficial de prensa, pasando por los secretarios de agencia. Yo lo que quiero es que me den la información que es pública. La que yo entiendo que no es pública, no se la voy a pedir. Esa la consigo por una fuente, si la tengo que buscar, porque yo voy a hacer mi trabajo. Yo lo que quiero es que el Gobierno de Puerto Rico haga el trabajo para el país, porque es el país el que votó por ellos”.
Asppro: “No es cierto”
“No es cierto que esta haya sido la administración más transparente en las pasadas décadas”, denunció al CPI el primer vicepresidente de la Asppro, Manuel Ernesto Rivera.
“El día antes de que el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, ofreciera la conferencia junto a otros secretarios de gabinete, la propia mandataria rechazó que le hicieran preguntas de otro tema en una rueda de prensa sobre la temporada de huracanes. Los periodistas allí evidenciaron las innumerables ocasiones en que las agencias y hasta oficiales de prensa han sido un obstáculo para acceder a información pública”, destacó Rivera.
Según dijo, “la Asppro se opone y se mantiene atenta a dos proyectos de ley ante la consideración del Senado que restringen y retrasan el acceso de periodistas a información pública en diferentes agencias”. Se trata del Proyecto del Senado 331, que propone establecer como confidencial la información que produce el Registro Demográfico, el cual se aprobó este miércoles por votación de 24 a 3 en el Senado de Puerto Rico, sin vista pública y sin considerar el insumo de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y la prensa, que se opusieron categóricamente a la medida la semana pasada en unas vistas ciudadanas celebradas por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
La medida solo fue avalada por escrito por una agencia del Gobierno: el Departamento de Salud. Los senadores Adrian González (PIP), María de Lourdes Santiago (PIP) y Ada Álvarez Conde (PPD) votaron en contra. La delegación del PNP, el resto de la delegación del PPD, y el senador independiente, Eliezer Molina, votaron a favor. La medida sufrió enmiendas que todavía no se conocen, y pasó a la Cámara de Representantes para su evaluación.
La segunda medida a la que se refirió Rivera es el Proyecto del Senado 63, propuesto por el presidente Thomas Rivera Schatz, para enmendar la Ley de Transparencia duplicando los términos actuales de tiempo para que el Gobierno atienda las solicitudes de información, obligando a que se notifique a jefes de agencia sobre las solicitudes, y estableciendo multas poco disuasivas a las agencias que incumplen.
OPC: “La supuesta transparencia que se promulga es inexistente”
“Hacer conferencias de prensa, aun diariamente, no implica que hay transparencia. De ordinario, en esos espacios el tiempo es limitado, los mensajes son estratégicos y los funcionarios no cuentan con toda la información que requiere un periodismo serio y cimentado en datos. Ojo, no menospreciamos las conferencias de prensa, pero no pueden ser el espacio exclusivo para atender a los periodistas y que se honre la democracia”, apuntó en un comunicado de prensa Ruiz Kuilan.
La comunicación afirma que la Junta directiva del OPC “sostiene que no contestar las preguntas de los periodistas, obstaculizar el acceso a la información pública, impedir las entrevistas con los funcionarios, burlarse o faltar el respeto a los periodistas son claros ejemplos de atentados contra la democracia porque la prensa representa al pueblo. El periodista es el vehículo para mantener un pueblo informado. No es el protagonista de ningún evento. Por lo tanto, cuando se le niega información a la prensa, se la niegan al pueblo que es a quien representa el periodista. Sirve como interlocutor entre el gobernante de turno y el pueblo”.
“Lo importante es que, al no proveérsele información a los periodistas, sean de medios corporativos o independientes, se le niega información al pueblo y la supuesta transparencia que se promulga es inexistente”, indicó Ruiz Kuilan.
A pesar de reclamar transparencia, durante el Gobierno de González se han presentado 25 casos judiciales bajo la Ley 141 de Transparencia de 2019, porque las agencias no han accedido a entregar información pública a periodistas o ciudadanos.
La propia Oficina de la Gobernadora fue objeto de un caso, presentado por el periodista de Noticel y cofundador del CPI Oscar Serrano, porque no se le entregó la lista de “empleados de su oficina propia, posición y salarios”. Solicitó la información a Marieli Padró, Secretaria de Prensa de González, pero no recibió respuesta. “Entonces, cuando fui al tribunal y el tribunal les notificó la demanda, entonces entregaron la información sin que compareciera algún abogado a oponerse ni nada. Con la mera notificación del recurso de revisión, entregaron. Por ende, pudieron haber entregado cuando primero se lo pedí, sin tener que obligarme a ir al tribunal”, dijo Serrano al CPI. El caso se cerró luego de la entrega. La Fortaleza también está demandada por el ciudadano Dennis Sánchez Martin, solicitando “el correo electrónico gubernamental y el nombre de los siguientes funcionarios públicos de confianza: Secretario de la Gobernación; Secretarios Auxiliares de la Gobernación; Administrador Oficina de la Gobernadora; Secretario de Asuntos Públicos, [y] asesores en áreas de Gobierno. Este caso sigue activo.
El licenciado Luis José Torres Asencio, director de la Clínica Legal de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana, dijo al CPI que “desde que se aprobó la Ley 141 de 2019, el índice de respuesta a solicitudes de información presentadas en casos en los que intervenimos se ha reducido considerablemente, mientras que la demora en responder o entregar la información [en los casos en que sí responden] ha aumentado significativamente. Ambas tendencias siguen presentes en los primeros cinco meses de la administración de turno”.
“Es decir, el Gobierno responde menos a solicitudes de información, y cuando lo hace, se tarda más en responder”, explicó.
Torres Asencio repudió que “este Gobierno esté promoviendo cambios en política pública para imponer trabas adicionales al proceso para presentar solicitudes, retrasar aún más el momento en el que el Gobierno tiene que responder, y clasificar como confidencial información que los tribunales han reconocido como pública”.
“Cuando se impide una cobertura adecuada del Gobierno, no se divulga el gasto público y se oculta información, se lacera la democracia. Por ende, no se puede proclamar la transparencia”, señaló la Junta del OPC en su comunicado.
Entre los ciudadanos “hay mucha más conciencia del derecho de acceso a la información”
“La Ley 141 [de Transparencia] existe para facilitar a los ciudadanos sus derechos de acceso a la información. Pero no es el primer recurso. Debe ser el recurso último ir al tribunal. Se supone que, si el Gobierno cumple con sus obligaciones bajo la ley y bajo el derecho constitucional, nadie llega al tribunal”, dijo Serrano al CPI.
“Cuando ves quiénes están radicando recursos de revisión, te das cuenta de que, en efecto, hay mucha más conciencia del derecho de acceso, porque no son periodistas nada más. Hay un montón de demandantes, individuos, organizaciones y empresas. No hay que ocupar al tribunal si se pudiera buscar información que estuviera publicada de antemano de manera proactiva. O que cuando la gente la pida, se entregue”, añadió.
Según el también abogado, “el Gobierno lo que está haciendo es viendo la Ley 141 como el primer recurso. No te contestan, no te dan la información para ‘que vayan al tribunal’”.
“La realidad actual es el resultado de dos factores. No es meramente resultado de como ahora está la ley, es que hay más gente demandando. La otra parte, es que el Gobierno está negándose más [a dar información por la vía ordinaria]”, precisó.
En lo que va de 2025, Serrano ha tenido que recurrir al tribunal en tres ocasiones para exigir que el Gobierno de González le entregue información pública debidamente solicitada bajo la Ley de Transparencia. Un cuarto caso involucra al Senado.
Además del recurso de revisión sometido contra la Oficina de la Gobernadora, Serrano tuvo que exigir judicialmente que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) le entregara la lista de quienes componen su Junta.
“Y en el website de la AAFAF hay un espacio, hay una página donde esa información va. Pero no la tenían. Algo tan básico, que yo me pude haber ahorrado el tiempo mío y el tiempo del tribunal [para obtener la información]”, repudió. También solicitó minutas de la Junta de Directores de la agencia, que les fueron entregadas tras la presentación del recurso judicial.
El otro caso fue contra la Autoridad del Distrito de Convenciones para que se entregaran las minutas en las que la Junta de Directores aprobó el salario de su Directora Ejecutiva, Verónica Ferraiuoli, pasada nominada a secretaria de Estado y actual Coordinadora de Eficiencia de la administración González.
Serrano contactó a la oficial de comunicaciones de la Autoridad, quien confirmó su puesto y recibió la petición de información. Dio seguimiento a la espera de contestación. Nunca recibió respuesta con los datos, por lo que acudió al tribunal.
“Ellos [los abogados privados de la Autoridad] no fueron al tribunal a decir que la información era confidencial. Ellos fueron al tribunal a decir, ‘desestimen porque él no le pidió la información al oficial de información’. Y desestimen porque se la pidió por WhatsApp, y que la Ley dice que tenía que proveer su correo electrónico, y él no proveyó su correo electrónico”, recontó.
La Ley de Transparencia permite todas las opciones de solicitud de información, sin limitarse a correos electrónicos, más aún cuando se recibió la petición y se ha dado seguimiento a la espera de la misma, explicó Serrano.
“Lo primero que hice cuando cambió la administración [en enero], fue solicitar entrevista con el Secretario de Salud, Víctor Ramos. ¿Cuántos meses han pasado? No me han dado entrevista con él”, recordó la periodista del CPI, Jeniffer Wiscovitch.
Explicó que el propio Secretario y la Directora Auxiliar de Comunicaciones, Giselle Negrón, la refirieron al portavoz de Ramos, el contratista Ramón Alejandro Pabón, para entrevistas y solicitudes de información. “Ramón Alejandro nunca me contestó. Yo intenté [además] con Carlos Bermúdez, como también me refirió el Secretario, o sea, yo hice múltiples llamadas e intentos para esa entrevista, y nada”.
En febrero y abril pasado, Wiscovitch sometió requerimientos de información bajo la Ley 141 de 2019 para obtener documentos relacionados a sus investigaciones periodísticas, pero no recibió “ni acuse de recibo” de los oficiales de información ni de los encargados de prensa. Los datos se recibieron días después del término estatutario, tras múltiples esfuerzos de seguimiento.
El cuatrienio pasado Wiscovitch y la cofundadora y periodista del CPI, Omaya Sosa Pascual, sometieron en dos ocasiones, con el apoyo legal de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, recursos de revisión bajo la Ley de Transparencia para obtener la base de datos de mortalidad en Puerto Rico, que mantiene el Registro Demográfico adscrito al Departamento de Salud. Los tribunales ordenaron la entrega completa de los datos. Este año, Wiscovitch solicitó lo mismo a la administración actual y no ha recibido la información al momento. Solo espera no tener que regresar a un proceso judicial para exigir los datos públicos requeridos. Esta sería la sexta vez que el CPI tendría que acudir al tribunal para obtener esta información.
Por su parte, la periodista del CPI Amanda Pérez Pintado, afirmó que en sus solicitudes al Departamento de la Vivienda y a la Administración de Seguros de Salud (ASES) “he tenido éxito en términos de que me respondieron y me enviaron la documentación”.
Sin embargo, no ha sido el caso con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). “Desde el 4 de marzo envié una primera comunicación a Corrección pidiendo información. En este caso, [la oficial de prensa] me envía unas preguntas. Envié un correo de seguimiento, después otra llamada de seguimiento, y otro correo de seguimiento. O sea, que más allá de que se hizo esa petición en marzo, le he dado seguimiento varias veces. No he recibido ninguna respuesta, ninguna comunicación. Se hizo una petición de entrevista con el secretario [del DCR Francisco Quiñones Rivera], con seguimientos, y nunca se calendarizó”, sostuvo.
“Por mi experiencia con la administración del cuatrienio pasado y la comunicación, siento que ahora hay menos respuestas a las peticiones o es más difícil conseguir una respuesta”, aseguró Pérez Pintado.
Debido a la cantidad de señalamientos de periodistas, gremios, casos sin resolver en los tribunales que exigen la entrega de información pública bajo la Ley de Transparencia, la afirmación del Secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, de que en la administración de Jenniffer González “nunca hemos limitado la información”, resulta FALSA.
El perfecto ejemplo de falta de transparencia es que, en Puerto Rico, contrario a otros países, la Autoridad para las Alianzas Publico Privadas y el Negociado de Energia no revelan los nombres de firmas seleccionadas en licitaciones, como por ejemplo ocurre con las licitaciones para proyectos de energía, hasta después de haber firmado contratos.
Ya no me es posible mantenerme callada. En estos 6 meses de incumbencia, esta administración (sí, en minúscula) ha demostrado que funciona como el “Pollo Mike”, quien vivió un tiempo sin su cabeza. Durante este breve tiempo, que parecen décadas, se ha demostrado que la política pública de su administración es de ocultar, mentir y desviar la atención hacia tonterías, como bien usted insulta a los que le exigen que haga su trabajo, para que no le demos mucha atención, importancia, y hasta esperando ilusamente que olvidemos las barbaridades que pretende hacer para salirse con la suya. Varios ejemplos: La Parguera, nombramientos nebulosos para su Gabinete (de los cuales algunos pasaron, pero gracias a Dios la detuvieron), entre otros. Esta administración sin cabeza no es lo que nos vendieron. Lamentablemente, estamos bajo un gobierno de mentira, irresponsable, incompetente, poco ético y sin cabeza!!! Exceptuando a algunos funcionarios, el resto está alineado con la agenda DE LA GOBERNADORA, quien lo único a que aspiraba era a estar en La Fortaleza. Lo logró y ya! No hay más nada. Señora, gobernar es algo para lo que en realidad no está preparada. El puesto le queda demasiado grande. Si yo fuera ella, con ese pedigrí, también me escondería o estaría todo el tiempo con mi fuente de apoyo a mi lado: mi marido. Les pido a los periodistas que también le hagan preguntas al primer caballero “sexi” porque para algo está en todos lados con ella. QUÉ GRAN DECEPCIÓN PARA ESTE PUEBLO!!! NO NOS MERECEMOS ESTOS ACTOS QUE SE PUEDEN PERCIBIR COMO EXPRESIONES DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LEY Y/O REÑIDAS CON LA MORAL. Las actuaciones presentes proyectan una posible ruta a la degradación moral y cultural en nuestro Pueblo, y esa no puede ser ha herencia que dejemos a nuestras futuras generaciones. En los libros de historia será donde se le juzgue, Gobernadora! Usted puede decir lo que quiera, con esa retórica suya tan demagógica, pero créame: usted puede cantar misa y eso no la hace sacerdote. Muestre su verdadero ser, corrija su camino. Está a tiempo. Y póngase a hacer lo que prometió: gobernar para todos los puertorriqueños.
Que todos los gobiernos cospiran para ocultar información o por su conducta convierten el proceso en uno adversativo y tortuoso, es evidente. Se deben establecer estrategias para que paguen ( en dinero) por esas políticas y que ese sea la motivaciòn para cumplir con la entrega de una informaciòn QUE ES PÚBLICA.