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Senado aprueba proyecto de ley que agrava el acceso a información en Puerto Rico

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A pesar del rechazo contundente de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios periodísticos y medios de comunicación del país, el Proyecto de Senado 63 (PS 63), que añade nuevas limitaciones a la Ley 141 de Transparencia, fue aprobado este martes por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. Entre las enmiendas añadidas a último minuto al proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se incluye una que establece que ninguna agencia tendrá que generar o elaborar un documento que no exista cuando se curse una solicitud de información. Además, si la información no está disponible en el formato que pidió el solicitante, la agencia deberá notificarlo y disponer de los datos en la forma que se encuentren. 

En su turno, la legisladora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, argumentó que: “Si fuéramos a pedir un documento donde se identifiquen todos los gastos de [las escoltas de] los exgobernadores por los últimos 15 o 20 años, ese documento no existe. Tendrían que generarlo, porque aparecerá el dato en las partidas presupuestarias, los desembolsos o las nóminas de los agentes, pero el documento en sí realmente no existe.

COLUMNA | Libertad de palabra

Nuestro “derecho a saber”

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La transparencia se ha convertido en una frase trillada que se vocifera para crear una ilusión de apertura y rendición de cuentas. O peor aún, en un arma para atacar el valor de la diversidad en una distorsionada versión de la realidad, como en el caso del régimen trumpista. En la práctica, los políticos y funcionarios dicen una cosa y hacen otra, o informan “logros” pero ocultan el cómo y el por qué para evitar ser fiscalizados.

Opinión
El periodista Luis Joel Méndez González

A propósito de la Semana del acceso a la información, hablemos del DRNA

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Hace 10 meses comencé a entrevistar a residentes, activistas y líderes comunitarios de vecindarios costeros para conocer las consecuencias de la crisis climática en sus playas, especialmente por la erosión costera. Durante esas conversaciones, las personas denunciaban la compra de terrenos costeros, como ocurrió en el barrio Joyuda en Cabo Rojo y el desarrollo de proyectos residenciales de lujo en el barrio Bajuras, en Isabela. 

Ese es el caso también del sector Quique Bravo, una pequeña comunidad en Isabela donde los beneficiarios inversionistas de la Ley 60, Daniel Grunberg y Tyson Carter, pretenden construir viviendas de lujo en una zona parcialmente inundable. Esta situación se repite en otros municipios costeros de Puerto Rico. En Vega Baja,   Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick – también beneficiarios de la exención contributiva para inversionistas extranjeros – compraron terrenos ecológicamente sensitivos en playa Sarapá. En Arecibo, donde la familia Abreu Valentín ocupó estructuras abandonadas en la Zona Marítimo Terrestre de la comunidad Islote para expandir sus negocios de alquileres a corto plazo.