Banco Gubernamental de Fomento

En el juicio que comienza este jueves se pone a prueba si PROMESA protege o no al gobierno de Puerto Rico en contra de las demandas de los bonistas y los fondos buitre.

La renunciante presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo, podría activar, nuevamente, la llamada revolving door o puerta giratoria entre el gobierno y la empresa privada. En una conversación con el Centro de Periodismo Investigativo a unas horas de anunciarse su salida de la agencia el próximo 31 de julio, la funcionaria no mostró reparos a la idea de trabajar para los bonistas, con los que hasta hace unos días, estaba en la mesa negociando a nombre del gobierno.

Piden al gobernador y al Banco Gubernamental de Fomento que acaten decisión judicial

La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.

Políticos de ambos partidos que integran el Comité de Finanzas del Senado federal, el cual debe evaluar la medida relacionada a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, y que realizó una vista sobre el tema en septiembre de 2015, recibieron $327,250 en donativos de empresas de fondos mutuos y de fondos de cobertura que poseen bonos de Puerto Rico, indagó el Centro de Periodismo Investigativo.

El cuadro que pintan los Estados de Ingresos y Gastos del Fondo General, contenidos en los Estados Financieros del ELA, es irreal y contradice las cifras que ofrece públicamente el propio Gobierno.

Décadas de negligencia en el manejo fiscal deI gobierno han arrojado al país y a sus ciudadanos a un abismo, pero nadie asume responsabilidad.

V2A fue la firma consultora encargada de asesorar a la administración del ex gobernador del Partido Nuevo Progresista Luis Fortuño en la implementación de la Ley 7. Ahora tiene un contrato por $409,500 para "apoyar" al “grupo de trabajo” nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla en la producción de un plan de ajuste fiscal y económico.

El CPI sigue en su búsqueda de información sobre las personas y organizaciones que influyen en los procesos de la negociación de la deuda e insiste en la transparencia que amerita este proceso y que es reclamada por el país.

La certificación surge por orden de la jueza Aileen Navas.

Abogadas del Estado insisten en que la información sobre los bonistas solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico no existe. La jueza Aileen Navas se reservó el fallo.

Competidores de Plaza Las Américas exigen al gobierno de Puerto Rico $5 millones y que se declare nula la compra-venta de los terrenos de la Guardia Nacional por no cumplir con parámetros de ley.

Uno de los inversionistas del centro comercial The Mall of San Juan, que pretende competir con el emblemático centro comercial Plaza las Américas, cuestionó la validez de la transacción que le cedió un valioso predio de terreno del gobierno a los propietarios del "Centro de todo", a menos de la mitad del precio de tasación de los terrenos y sin que mediara subasta.

Le tomó dos décadas de gestiones, pero los propietarios del centro comercial más grande del Caribe se ahorraron $28 millones al comprar a menos de la mitad del valor fijado por el Gobierno uno de los terrenos más codiciados de la Capital para expandir sus operaciones. Los terrenos, considerados por el Banco Gubernamental de Fomento como una de las principales propiedades de la Isla, fueron tasados inicialmente por el Gobierno de Puerto Rico en $52 millones y finalmente vendidos a los Fonalledas por $24 millones.