deuda

La renunciante presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo, podría activar, nuevamente, la llamada revolving door o puerta giratoria entre el gobierno y la empresa privada. En una conversación con el Centro de Periodismo Investigativo a unas horas de anunciarse su salida de la agencia el próximo 31 de julio, la funcionaria no mostró reparos a la idea de trabajar para los bonistas, con los que hasta hace unos días, estaba en la mesa negociando a nombre del gobierno.

Entre quienes acudieron la semana pasada al 1er Encuentro de Bonistas de Puerto Rico en el Centro de Convenciones, se paseaban con traje y corbata algunos de los personajes que han sido señalados como responsables de la debacle financiera del gobierno.

La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.

Cómo parte de la crisis económica que vive Puerto Rico, el impacto emocional que tendría para la isla un embargo por parte de los bonistas sería tan fuerte como la huella financiera, de acuerdo con Carlos Burgueño, periodista y economista argentino, quien fue invitado por el Centro de Periodismo Investigativo para compartir la experiencia de su país natal.

El cuadro que pintan los Estados de Ingresos y Gastos del Fondo General, contenidos en los Estados Financieros del ELA, es irreal y contradice las cifras que ofrece públicamente el propio Gobierno.

Décadas de negligencia en el manejo fiscal deI gobierno han arrojado al país y a sus ciudadanos a un abismo, pero nadie asume responsabilidad.

El CPI sigue en su búsqueda de información sobre las personas y organizaciones que influyen en los procesos de la negociación de la deuda e insiste en la transparencia que amerita este proceso y que es reclamada por el país.

La certificación surge por orden de la jueza Aileen Navas.