Al principio, a los agentes antidroga que estaban investigando el tráfico de drogas en las cárceles de Puerto Rico les pareció un caso típico: los cómplices de una pandilla de presos estaban introduciendo drogas de forma clandestina en la cárcel, los miembros de la ganga las distribuían dentro de la cárcel y había cuentas de banco que reflejaban el movimiento de dinero.
La inesperada visita de agentes del Departamento de Seguridad Nacional a un espacio cultural del barrio puertorriqueño de Humboldt Park en Chicago, encendió las alarmas en una comunidad atenta a la escalada de la política migratoria del gobierno federal.
El miedo a ser deportadas coloca a las mujeres migrantes en mayor vulnerabilidad, a pesar de que son quienes sostienen algunas de las comunidades del país, resalta la trabajadora social Elithet Silva Martínez.
Entre los cerca de medio millón de boricuas que viven en este estado, decisivo para las próximas elecciones presidenciales, hay electores que cambiaron de bando, otros están indecisos y muchos no participan en el proceso electoral.
Mientras el número de detenciones de inmigrantes indocumentados ha aumentado en la Isla según varios abogados de inmigración, la falta de transparencia del gobierno federal mantiene a Puerto Rico a ciegas sobre el número de personas afectadas por las leyes anti-inmigrantes de Trump.