Entre careos, muecas, señalamientos de censura, una petición de destitución de la Presidenta de la Universidad, enredos y tecnicismos parlamentarios, la más reciente reunión de la Junta de Gobierno del sistema universitario incumplió con lo esencial: ejercer con seriedad, respeto y responsabilidad el rol público que le fue delegado.
Además de eliminar los baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras, el sistema universitario anuló garantías de acceso y no discriminación a estudiantes transgénero y modificó el Protocolo de Nombre Escogido, como resultado de las medidas del Gobierno de Trump en contra de los programas de diversidad, equidad e inclusión.
En 2006, el 59 % de los estudiantes de primer año admitidos en la Universidad de Puerto Rico provenía del sistema público, pero en agosto de 2025 esa cifra ha bajado a 47%. Los estudiantes de escuelas públicas mantienen su interés en la UPR, pero la combinación de pobreza y desigualdad estructural afecta su preparación para cumplir con los estándares de admisión.
Un nuevo estudio del Recinto encontró que el 62% de los alumnos sobrevive con $500 al mes mientras aumentan los costos de alimentos y transportación y escasean las viviendas asequibles alrededor de la Universidad.
Recursos limitados, maestros sobrecargados de trabajo y espacios recreativos abandonados son parte de los retos que enfrenta un programa académico que por años ha sido cantera de talentos y medallas para Puerto Rico.
Hace más de 40 años que Alejandro Benítez asumió como rutina entrenar atletas luego de dar clases en un salón de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. A sus 74 años y ya retirado del magisterio, sigue siendo entrenador de lanzamiento de martillo y disco.
El Departamento de Educación no ha podido reclutar psicólogos escolares en el 10% de las escuelas. El distrito escolar de Humacao tiene 16 plazas sin ocupar. Mientras que los psicólogos ya contratados denuncian malas condiciones laborales.
Adriana Méndez sueña con ir a la universidad cuando termine la escuela, conseguir un buen trabajo para comprar una casa, casarse a los 30 años y tener hijos. “Quiero vivir independiente, como mi hermano y hermana”, afirma con entusiasmo. A esta estudiante del Programa de Educación Especial, de 19 años de edad, las experiencias de empleo de verano que tuvo se las procuró su mamá Martha Ramos. Las buscó como acostumbra buscar tantas otras oportunidades que su hija merece, que la ley le garantiza en papel, pero que en la práctica no le proporciona.
Durante el año escolar 2021-2022, el Departamento de Educación (DE) apenas consiguió que 197 alumnos con diversidad funcional tuvieran una evaluación inicial de sus maestros, entre 13,233 estudiantes que eran “elegibles para el proceso de transición” a la vida adulta.
Al igual que Martha, Johana Pérez y Rosa I.González, esperaron más de un año por una evaluación vocacional y de carrera adecuada, que permitiera trazar objetivos claros para la transición de sus hijos a un empleo o estudios postsecundarios, sobre todo, a una vida independiente. También tocaron unas cuantas puertas hasta conseguirles experiencias de empleo a sus hijas, Adriana y Julliana, y a su hijo Carlos, respectivamente.
Mientras, el DE daba largas a hacer las evaluaciones.
