Recursos limitados, maestros sobrecargados de trabajo y espacios recreativos abandonados son parte de los retos que enfrenta un programa académico que por años ha sido cantera de talentos y medallas para Puerto Rico.
Hace más de 40 años que Alejandro Benítez asumió como rutina entrenar atletas luego de dar clases en un salón de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. A sus 74 años y ya retirado del magisterio, sigue siendo entrenador de lanzamiento de martillo y disco.
El Departamento de Educación no ha podido reclutar psicólogos escolares en el 10% de las escuelas. El distrito escolar de Humacao tiene 16 plazas sin ocupar. Mientras que los psicólogos ya contratados denuncian malas condiciones laborales.
Adriana Méndez sueña con ir a la universidad cuando termine la escuela, conseguir un buen trabajo para comprar una casa, casarse a los 30 años y tener hijos. “Quiero vivir independiente, como mi hermano y hermana”, afirma con entusiasmo. A esta estudiante del Programa de Educación Especial, de 19 años de edad, las experiencias de empleo de verano que tuvo se las procuró su mamá Martha Ramos. Las buscó como acostumbra buscar tantas otras oportunidades que su hija merece, que la ley le garantiza en papel, pero que en la práctica no le proporciona.
Durante el año escolar 2021-2022, el Departamento de Educación (DE) apenas consiguió que 197 alumnos con diversidad funcional tuvieran una evaluación inicial de sus maestros, entre 13,233 estudiantes que eran “elegibles para el proceso de transición” a la vida adulta.
Al igual que Martha, Johana Pérez y Rosa I.González, esperaron más de un año por una evaluación vocacional y de carrera adecuada, que permitiera trazar objetivos claros para la transición de sus hijos a un empleo o estudios postsecundarios, sobre todo, a una vida independiente. También tocaron unas cuantas puertas hasta conseguirles experiencias de empleo a sus hijas, Adriana y Julliana, y a su hijo Carlos, respectivamente.
Mientras, el DE daba largas a hacer las evaluaciones.
Los abogados en el pleito de clase de los estudiantes de Educación Especial, iniciado hace 40 años por Rosa Lydia Vélez, solicitaron al Tribunal Supremo que se les conceda un plazo razonable para consultar a los afectados sobre la recomendación de la monitora, Pilar Beléndez Soltero, de archivar 11 de las 87 estipulaciones que conforman la sentencia parcial de este caso.
Ocho estudiantes de duodécimo grado forman un círculo con sus pupitres debajo de una carpa en el patio interior de una escuela del municipio de Guaynabo. Fuera de la carpa, salpica una llovizna; adentro, llueven realidades.
Comenzaron el cuarto año de escuela superior dividiendo su tiempo entre estudios y trabajo. Hay tres chicas jóvenes en el grupo: una trabaja de mesera, otra de niñera, y la tercera es madre y técnica de uñas. Entre los chicos, uno trabaja en Subway, el otro es barbero, un tercero es empleado en El Mesón, el cuarto trabaja como electricista en la construcción “o en cualquier cosa que aparezca” y otro es empleado en una pizzería. Todos son menores de 18 años y dijeron que aspiran a continuar estudios técnicos o universitarios cuando se gradúen de la escuela superior.
“Yo soy contratista”, aclara el que trabaja en construcción, a minutos de que suene el último timbre.
La universidad pública ha recibido menos del 1% de los fondos reclamados para su recuperación. El ambiente post huracán prevalece en los once recintos, mientras la administración culpa a FEMA y COR3 pero estas agencias se lavan las manos.