CPI presenta Mandamus de acceso a la información contra el Departamento de Hacienda

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San Juan – El Departamento de Hacienda no ha querido entregar las facturas de una agencia publicitaria solicitadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), por lo cual la organización acudió hoy al tribunal para que el secretario interino de la agencia, Nelson J. Pérez Méndez, cumpla con su deber ministerial de ser transparente en su gestión pública. 

“Hemos agotado todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada a través de la Oficina de Comunicaciones de Hacienda sin obtener resultados. Cumplimos con nuestro deber de requerir las facturas hace ya más de dos meses, y al no existir otro remedio, recurrimos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan”, declaró la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. La gestión original del CPI para obtener la información comenzó el 25 de septiembre de 2024, cuando su periodista José Manuel Encarnación Martínez envió un correo electrónico a Vilmar Trinta Negrón, directora de la Oficina de Comunicaciones de Hacienda. La solicitud incluía las facturas de la agencia publicitaria Digimedia LLC/MOZart Advertising relacionadas con cualquiera de las dependencias del Departamento de Hacienda para el periodo entre 2021 y el 25 de septiembre de 2024. Luego de múltiples gestiones de seguimiento, las facturas de la agencia publicitaria no fueron entregadas.

Desconfianza entre afectados de Educación Especial ante la propuesta del DE para dejar de informar y dar servicios

Los abogados en el pleito de clase de los estudiantes de Educación Especial, iniciado hace 40 años por Rosa Lydia Vélez, solicitaron al Tribunal Supremo que se les conceda un plazo razonable para consultar a los afectados sobre la recomendación de la monitora, Pilar Beléndez Soltero, de archivar 11 de las 87 estipulaciones que conforman la sentencia parcial de este caso.

Boston reafirma el derecho ciudadano a grabar intervenciones policiacas

El derecho ciudadano a grabar con sus teléfonos celulares las intervenciones policiacas prevaleció en una decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston como parte de una demanda civil radicada contra el pueblo de Weare, New Hampshire y su Policía Municipal. La decisión abre la puerta a demandas contra la Policía de Puerto Rico y las policías municipales por violación de derechos civiles cuando los agentes del orden público ocupan ilegalmente los teléfonos celulares de los ciudadanos que los graban en medio de sus intervenciones, anticipó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).