La administración del ex alcalde de San Juan, Jorge Santini, fue referida este miércoles al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor, por el mal manejo de más de $11.4 millones del Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD).
Se trata del instrumento de planificación municipal que denunció el Centro de Periodismo Investigativo en la serie ‘El impuesto secreto del alcalde Santini’.
Santini y un grupo de ejecutivos municipales pudieron haber cometido “delitos” relacionados a la omisión o negligencia en el cumplimiento del deber, sin la debida protección de fondos públicos, y en violación a la Ley de Municipios Autónomos, sostuvo Yolanda Zayas, presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, en una conferencia de prensa.
El referido incluye al ex director ejecutivo municipal y ex jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración Rosselló, Miguel Cordero, y al CPA Francisco Peña, quien dirigió el Área Programática y Servicios Gerenciales del Municipio, encargada del manejo de fondos.
El objetivo del Programa de TDD, por el que el Municipio cobraba dinero a quienes pedían permisos de construcción, era permitir un desarrollo en áreas urbanas aledañas a la ruta del Tren Urbano, a cambio de los constructores le compraran los derechos de desarrollo a los dueños de 3,000 cuerdas de valor ecológico en los barrios de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo, en el sur de San Juan. El Municipio aseguraba, por medio de un certificado de pago, que el dinero se depositaba en una cuenta especial del Banco Popular, para compensar a los individuos que iban a proteger los terrenos de los barrios del sur de la capital.
La administración Santini nunca depositó el dinero en la cuenta especial, y no conservó las tierras, según reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo.
“No solamente no lo hizo, sino que recibió a cambio $11. 4 millones y los depositó en una cuenta corriente de la que sacaba dinero como si fuera la ATH del Municipio de San Juan. El dinero se desembolsaba indiscriminadamente. Según se iba depositando se iba gastando. Y ese no era el objetivo del Programa de TDD que, a nuestro mejor entender, tiene mucho valor si se implanta de la manera correcta”, dijo Zayas en rueda de prensa.
“Hoy no sabemos a dónde fue a parar el dinero”, añadió Zayas, quien no quiso hablar de malversación de fondos. “A esa conclusión entiendo que debe llegar el Departamento de Justicia”.
El ex alcalde dijo en un comunicado que los señalamientos de Zayas son “aguados”.
No obstante, Santini debía saber lo que estaba pasando con el Programa de TDD. Había sido notificado sobre el mal manejo del dinero, porque Bijan Ashrafi, ex director de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial, le copió al ex alcalde en 2004 una carta que le había enviado al director de finanzas de entonces, denunciando que no se había abierto una cuenta especial y que el dinero estaba entrando al fondo ordinario.
En 2006, cuando ya se había creado la cuenta especial, Ashrafi hizo uno de varios reclamos por la falta de fondos en esa cuenta. Se fue de vacaciones y, al regresar, el Programa de TDD ya se lo habían quitado de las manos y había pasado a la Oficina de Permisos. “Me quitaron el programa porque mi lenguaje fue fuerte”, dijo Ashrafi al CPI. “Cuando viniste aquí preguntar sobre el Programa de TDD no descubriste América. Nosotros mismos estábamos preocupados”.
Hay más dinero perdido
La Legislatura Municipal actual sólo puede dar cuenta del depósito y el gasto de $11.4 millones en las arcas municipales, como parte del Programa de TDD, según un listado de los ciudadanos, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y agencias ambientales a quienes se les hizo el cobro. No obstante, ese programa generó sobre $20 millones, según el Memorial (Tomo I) de la Revisión del Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, un documento que fue preparado durante la administración anterior.
Prueba de que se cobró más de $11.4 millones es que Rina Landrau, a quien se le hizo el cobro, no aparece en el listado de las víctimas que tiene en sus manos la actual administración. Pero Landrau sí tuvo que desembolsar $2,050, como consta en su Certificación de Pago de Transferencia de Derechos de Desarrollo. Ella había ido al Municipio, simplemente, para que le dieran autorización de cambiar el techo de madera por uno de cemento, y remozar paredes interiores del primer piso, podridas a causa de las constantes inundaciones en el vecindario del Caño Martín Peña.
A cientos de ciudadanos se le hizo el cobro del Programa de TDD ilegalmente. Este aplicaba exclusivamente a quienes fueran a construir un nivel por encima del límite que le permitía su zonificación. El Programa de TDD, de hecho, sólo contemplaba la transferencia de 6,411 unidades básicas de vivienda en derechos de desarrollo. Esa cuota se cumplió en 2007. El Municipio, sin embargo, lo siguió cobrando sin ningún control hasta que la administración actual lo canceló a principios de este año.
“No sabemos si corresponded devolver el dinero, eso lo tiene que determinar el Departamento de Justicia”, añadió Zayas.
Landrau está clara de lo que se debe hacer. “Yo voy a ir al Municipio a solicitar mi reembolso”.