Diez de los 20 municipios de Puerto Rico que han recibido un porcentaje menor del dinero de recuperación que le había aprobado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) tuvieron cambios de alcaldía en enero.
El caso más notorio es el de Vieques, que solo había recibido el 4.9% de los $51.3 millones que FEMA obligó antes de los comicios de noviembre del 2020, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) al comparar los fondos obligados con las cifras de dinero desembolsado a esa fecha.
Además de la isla municipio, el resto de los pueblos que cambiaron sus alcaldías y que tenían bajos porcentajes de dinero de FEMA en sus arcas fueron Culebra (7.3%), Adjuntas (9.6%), Patillas (14.8%), Arecibo (16.1%), Santa Isabel (18.3%), Lares (22.6%), Corozal (23.5%), San Lorenzo (24.1%) y Ponce (24.5%).
Existe la percepción de que luego de una emergencia la figura más cercana a los ciudadanos son los alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, la investigación demuestra que no en todos los casos es así, especialmente luego del huracán María de 2017 y los terremotos de 2020.
Desde el huracán, Vieques espera el desembolso de $39 millones para la reconstrucción de su Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), así como por los fondos destinados para la rehabilitación de parques, edificios públicos, la rampa de la playa La Esperanza y otros proyectos de infraestructura. Allí José Corcino, del Partido Nuevo Progresista (PNP,) venció al incumbente Víctor Emeric, del Partido Popular Democratico (PPD), al copar el 51.36% de los votos registrados en el escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
La derrota de Emeric no sorprendió a una parte de los residentes en la isla municipio, contaron varios viequenses al CPI.
Carmen Valencia tiene 76 años y es líder comunitaria en Vieques. En los últimos nueve años, ayudó a gestionar clínicas de salud para asistir a mujeres viequenses en estudios de mamografías. Coincidió con el reclamo de que el alcalde no cumplió con las expectativas para manejar la crisis provocada por el huracán en 2017, pero señaló otros factores que también contribuyeron a que los viequenses exigieran un cambio de administración municipal.
Además de la falta de un CDT, Valencia dijo que la inestabilidad de las lanchas que conectan a Vieques con la isla de Puerto Rico también provoca malestar. Culpó además al equipo de trabajo del exalcalde y a los miembros de la legislatura municipal por no trabajar por una meta en común.
“El alcalde no puede estar pendiente de todo. Se supone que la Legislatura municipal le dé las quejas. Y si esos legisladores no hacen sus trabajos, no sé qué hacen ahí. Querían verlo en las calles arreglando aquí y allá. Su equipo de trabajo, que es el que él acomodó en esos puestos, debía haber respondido, porque cada departamento tiene un jefe”, analizó Valencia.
Mientras transcurrían los días tras el huracán, otra tormenta se formaba entre los legisladores municipales y el alcalde. Tres meses después de María, la Legislatura Municipal de Vieques le pidió la renuncia a Emeric debido a que “una vez ocurrió el huracán María, él entró en un periodo de abandono de sus funciones”, dijo el expresidente de este cuerpo, Gypsy Córdoba.
Córdoba, también militante del PPD, explicó que se percibió que Emeric no reaccionó a tiempo para identificar suministros y asistir a sus compueblanos luego del ciclón.
Emeric, por su parte, despachó las críticas aunque reconoció que esa percepción le pudo haber costado las elecciones. “Claro que afectó los votos. Hay quienes se creen todas las denuncias. Además, me suspendieron (la Asamblea Municipal) casi tres meses, que fue terrible. En ese momento hubo muchos problemas internos con funcionarios. Incluso, algunos renunciaron. Cuando regresé tuve que buscar gente nueva”, añadió.
Hilda Bonilla, agrónoma y empleada en extensión agrícola en Vieques, cree que hubo un voto de castigo en contra de Emeric. No obstante, observó que se relacionó el rezago de la entrada de fondos con el funcionario, y no con la burocracia impuesta por FEMA y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés). COR3 es la agencia local encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA luego de inspeccionar los proyectos reclamados por las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro por medio del programa de Asistencia Pública.
“Cada vez que uno mira el hospital, que es municipal, se le pasa factura al alcalde porque es parte de su administración. Sabemos que se hicieron muchas promesas, porque hubo un comité, y FEMA prometió mucho dinero a Vieques, pero el pueblo le pasó factura al alcalde y no a FEMA, que no es un partido político. La realidad es que todavía esperamos por los fondos”, sostuvo Bonilla.
Según Emeric, además de la burocracia en FEMA, los trámites se complicaron cuando COR3 entró al proceso de evaluación para generar los desembolsos, porque la agencia ponía muchas más trabas.
“COR3 ha sido un organismo obstaculizador. Si FEMA es burocrático, COR3 es peor. Es un organismo que está de más. Y no es mi opinión, los dicen también las personas que tuve que contratar para que intervinieran en los trámites de Vieques con FEMA”, contó Emeric.
El exfuncionario contrató en 2019 a la empresa Avanti Technology para que asistiera con los trámites de los proyectos que se reclamaron a FEMA. Este contrato ascendió a $12.5 millones, y tiene una vigencia de cinco años. Emeric recomendó al alcalde entrante mantener la contratación para no retrasar más los esfuerzos de recuperación. Según el exfuncionario, Corcino — que no estuvo disponible para entrevista — avaló la permanencia de esta contratación.
Al norte de Vieques, su isla hermana, Culebra, también tuvo un patrón de rezagos en el desembolso de fondos de recuperación. La segunda isla municipio solo había recibido el 7.3% de los $5.5 millones de fondos de recuperación que FEMA había obligado hasta noviembre de 2020. Con una diferencia de 12 votos, Edilberto Romero (49.31%), del PNP, reclamó su victoria sobre William Iván Solís, del PPD, y que había sido alcalde en Culebra desde el 2013.
El 13 de enero de 2021, el mismo día en que Romero juró como alcalde de Culebra, Solís presentó una solicitud de impugnación de las elecciones al alegar presuntas irregularidades y actos ilegales en el manejo del voto adelantado y ausente en la isla municipio. En el recurso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, Solís exige la anulación de 29 votos, que alega se emitieron ilegalmente por no ser de residentes en Culebra.
“Las elecciones en Culebra fueron decididas no por los culebrenses, sino por personas no domiciliadas, que emitieron un voto ilegal interfiriendo de manera ilegítima con la voluntad colectiva y el destino democrático de la isla municipio”, lee el recurso legal.
Romero rebatió el señalamiento al indicar que algunos de los votos que denuncia el alcalde saliente corresponden a personas que salieron de Culebra por algún tiempo “para atender situaciones de salud”, pero cuya residencia fija es en la isla municipio. Dijo que el caso se encuentra en manos de sus abogados.
En Culebra se esperan fondos para reparar varias carreteras municipales, rehabilitar el edificio del centro de gobierno y un edificio donde ubica un centro para envejecientes, y para pagar gastos administrativos, entre otras reclamaciones.
Sin embargo, el alcalde entrante dijo al CPI que desconoce el estatus de los trámites con FEMA, pues, denunció que la administración saliente “desapareció o borró” documentos de todas las computadoras del municipio, incluyendo la de la oficina del alcalde.
Mencionó que personal de FEMA se ha comunicado con él para asistirle con los procesos que deberán retomar para que se desembolsen los fondos que aún no se han entregado.
“Estamos luchando para que no se pierdan esos fondos. Estamos identificando papeles. Nos están dando oportunidad para someter esos documentos”, contó.
Solis no contestó una solicitud de entrevista del CPI.
Al igual que en Vieques y Culebra, varios municipios en la isla grande también podrían haber dado un “voto castigo” a sus alcaldes incumbentes debido a los rezagos que aún se ven por el azote del huracán María en 2017, confirmaron al CPI líderes comunitarios y residentes en varios de estos pueblos. En otros, como Jayuya — que en noviembre solo tenía un 5.3% de los $188 millones obligados por FEMA — el alcalde incumbente, José González, retuvo la silla que ocupa en la alcaldía desde 1997. Jayuya también estuvo entre los 16 municipios incluídos en la declaración de desastre por los sismos de 2020.
“Yo informé bien al pueblo. Comencé a establecer subastas y a contratar gente. La ciudadanía vio los trabajos que estábamos haciendo. Yo sobreviví a las elecciones. La gente en medio de la emergencia están pendientes a las cosas más críticas”, dijo González.
Ese no fue el caso de Patillas, ubicado al sureste de Puerto Rico en la zona por la que entró el huracán.
Hasta septiembre del pasado año, María Rivas Rivera, de 75 años, presidió la organización comunitaria Guardarraya Unido por un Patrimonio Educativo que lideró esfuerzos para recoger escombros y ayudar a las personas del barrio que quedaron sin techo.
Reconoce que personal del municipio tardó en llegar, pero entiende que era de esperarse por el nivel de desastre que sobrevivieron. Sin embargo, Rivas Rivera opinó que esa tardanza incomodó a algunos vecinos que reclamaban mayor acción por parte del ahora exalcalde, Norbeto Soto.
“Teníamos 22 encamados y uno recibía diálisis. Somos una comunidad de envejecientes y estuvimos ese tiempo caminando y buscando agua y otros suministros. En Guardarraya hay como 200 casas. El Gobierno tenía las facilidades, pero nosotros nos movimos mejor para poder asistir en el sector. Nos levantamos por la gestión comunitaria”, contó Rivas Rivera.
Los reclamos por daños causados por el huracán María en Patillas ascendieron a $28.9 millones. Hasta noviembre, FEMA había obligado el 98.6% de esa cantidad reclamada. No obstante, COR3 solo había desembolsado a Patillas apenas $4.2 millones de esos fondos.
El alcalde saliente de este municipio culpa a COR3 por aguantar la entrega de este dinero, lo que, según él, dio la impresión de que su administración no trabajaba en pro de la recuperación.
“COR3 es el que aguanta los proyectos. Eso nos llevó a que casi no pude hacer ningún proyecto. Creo que por eso pude haber perdido las elecciones. A veces, decían que los documentos se debían someter varias veces. En la oficina de COR3, aparte de los requerimientos de FEMA, tenían otros requerimientos, que eran lentos, tediosos y burocráticos”, afirmó Soto.
En Patillas se esperan fondos para reconstruir varias carreteras y puentes, dos cementerios municipales, 13 canchas de baloncesto y parques recreativos, el complejo deportivo Los Paseos, y arreglar edificios públicos, como el que alberga a la oficina municipal de Recreación y Deportes. Soto dijo que incluso faltan reembolsos de los recogidos de escombros que se hicieron durante la emergencia.
En Patillas, Soto perdió al obtener el 45.42% de los votos, mientras que su contrincante del PNP, Maritza Sánchez Neris, se alzó con el 47.56%.
“Obviamente había un sector incómodo con este servidor por las carreteras, las canchas. Todo eso influye”, aceptó.
Para Soto también tuvo efecto un señalamiento que hiciera la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced — luego gobernadora hasta diciembre de 2020 —, quien denunció en un vídeo que propagó por las redes sociales, que en Patillas hubo un manejo indebido de los suministros post huracán. Aunque un informe de la Oficina del Contralor no encontró causas de delito o manejo incorrecto, para Soto, este tipo de percepción se quedó en la mente de sus constituyentes.
“En ese momento se me señaló de que se estaba botando la comida. Pero lo cierto es que teníamos limitación para la repartición de los alimentos porque no teníamos los vehículos. El señalamiento fue injusto porque durante María trabajamos duro”, comentó.
Históricamente, los municipios de Ponce, en el sur, y Arecibo en el norte, se han posicionado como centros urbanos que lideran los esfuerzos socioeconómicos en sus regiones, explicó la historiadora Silvia Álvarez Curberlo. A su vez, en la última década, ambos municipios se habían consolidado como bastiones del PNP.
Álvarez Curbelo destacó que los procesos de cultura política y del poder “no cambian de la noche a la mañana”. Según su análisis, en el caso de Ponce y Arecibo, no se puede reducir el cambio de alcaldes solo a los bajos porcentajes de desembolso de fondos de recuperación, porque cuando los alcaldes permanecen por mucho tiempo en sus puestos, también pueden consolidarse o desgastarse a partir del desempeño acumulado de su administración.
Descartó además que los cambios respondieran a desisterés de la ciudadanía en las elecciones. De hecho, según datos de la CEE la participación electoral de 2020 no menguó de manera significativa si se comparan los datos con la participación en 2016. Al revisar ambos porcentajes de participación electoral se observa una baja de apenas 0.43% en 2020 respecto a 2016.
José Marrero es doctor en una clínica privada en Arecibo. Cada miércoles, se une a otros voluntarios para llevar asistencia médica y alimento a personas sin hogar en las calles arecibeñas. “Los deambulantes nos llaman ‘los ángeles de la noche’”, contó.
Según Marrero, Arecibo lleva años en quiebra y diversos negocios han cerrado, por lo que abundan los locales abandonados. Esta situación empeoró luego del huracán María. Hasta noviembre de 2020, Arecibo había reportado $31.4 millones en pérdidas. A esa fecha, FEMA había obligado $19 millones para el municipio, de los que COR3 solo habían desembolsado $3 millones.
Carlos Molina, del PNP, había mantenido control de la alcaldía desde el 2013. Sin embargo, en los comicios del año pasado, Molina perdió el puesto contra Carlos Rodríguez Irrizary, que copó el 61.23% de los votos en Arecibo.
“Nos tomó por sorpresa”, dijo Marrero. Contó que recibió testimonios de personas sin hogar a las que le da servicios que se quejaban de que no recibían ayuda ni alimentos tras el huracán. “No tenían ni para beber agua, porque no encontraban ningún lugar abierto” precisó.
Arecibo espera por fondos de recuperación para rehabilitar carreteras, puentes, tres parques de pelota, tres canchas de baloncesto, la casa Trina Padilla, el Teatro Oliver, el sistema de alarmas contra tsunamis y la carretera y muro que protegen la avenida Víctor Rojas del impacto del mar, entre otros proyectos.
Sin embargo, para Marrero uno de los aspectos con mayor urgencia es la limpieza de alcantarillas en todo el casco urbano. En octubre del año pasado, contó el galeno, hubo lluvias fuertes que inundaron varios sectores de Arecibo.
“Esas lluvias mostraron que urge que limpien las alcantarillas y hagan trabajos de dragado o limpieza en el río Arecibo. Definitivamente, no estamos preparados ni siquiera para recibir un huracán menor a María”, concluyó Marrero.
FEMA obligó $3,633,724 para cuatro proyectos de limpieza de alcantarillados bajo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Nathalia Colón, directora auxiliar de comunicaciones para la región norte en la AAA, dijo que actualmente en Arecibo se reconstruye la troncal sanitaria de 42 pulgadas de diámetro en la Puntilla en Arecibo, que recibió daños por concepto del huracán María, con una inversión de $2,120,40.
El CPI buscó una reacción de Molina, pero el exfuncionario no quiso emitir declaraciones.
“No voy a comentar nada sobre el municipio. Prefiero dejarle espacio al alcalde entrante. No haré más declaraciones sobre Arecibo”, dijo a pesar de que los cuestionamientos estaban centrados en hechos relacionados con su incumbencia en la alcaldía.
Melina Aguilar Colón es guía turística en Ponce y propietaria de la compañía Isla Caribe.
Según la comerciante, Ponce llevaba varios años de frustración acumulada por cómo el gobierno de María Meléndez Altieri, del PNP, administraba el municipio. Aunque Meléndez Altieri logró permanecer por 12 años como alcaldesa, según Aguilar Colón, su desempeño luego del huracán, los terremotos de 2020 y la pandemia que aún enfrenta el país por el COVID-19 provocó que más gente quisiera removerla del puesto.
Mélendez Alttieri obtuvo el 26.87% de los votos frente al 61.77% que recibió Luis Irizzary Pabón, del PPD.
“Antes de los terremotos y la pandemia, no estaba tan segura de que la alcaldesa iba a perder. Pero después de todo eso, la gente llegó a su nivel más alto de frustración. Fueron cientos de personas las que tuvieron que irse de sus casas a dormir en las calles. También pesó mucho el escándalo de los almacenes de suministros escondidos. El municipio dijo que no lo sabía, pero es imposible que no supieran”, contó la empresaria en referencia a una denuncia que ciudadanos hicieron en marzo de 2020 cuando se toparon con almacenes ubicados en La Guancha donde hallaron artículos y comida que debían ser repartidos tras el paso del huracán María, tres años antes.
“La aparición de de esos suministros fue un evento importante. Ponce fue bien impactado por los terremotos. Ese papelón político le jugó en contra a la alcaldesa. En el 2020 la presencia de la alcaldesa y de su equipo fue mínima. Yo transito el casco urbano todos los días y desde María, practicamente, el municipio desapareció. Eso cambió opiniones a montones, incluso de gente del PNP y estadistas”, comentó Aguilar Colón.
En entrevista con el CPI, Mélendez Alttieri recalcó que ni ella ni su director de planificación conocían de la existencia de ese almacén.
La exalcaldesa también censuró la denuncia de que no estuvo activa luego del huracán de 2017 y los terremotos de 2020.
“El pueblo no entendió la emergencia. El pueblo me vio a mí como si yo hubiera sido el desastre. Ellos me achacaron el desastre. Pero yo nunca dejé de trabajar. Yo me iba a los campos y mi grupo de confianza se quedaba ayudando en el casco urbano”, dijo Meléndez Altieri.
Ponce reclamó pérdidas a FEMA ascendentes a los $74.4 millones. Sin embargo, hasta noviembre del 2020, la agencia federal había obligado $50.2 millones, de los que COR3 había desembolsado solo $12.3 millones.
Entre los proyectos que esperan por el desembolso total de los fondos de recuperación se encuentran obras para reparar carreteras, arreglos en edificios donde ubican la alcaldía, el Departamento de Transportación municipal, el Complejo Recreativo y Cultural Enrique A. Vicéns, La Guancha, la verja de seguridad del Puerto de Ponce, el Auditorio Juan Pachín Vicéns, el Teatro La Perla, el Centro Ceremonial Indígena, el Estadio Francisco Paquito Montaner, el Complejo Acuático Víctor Vasallo, el Parque Julio Enrique Monagas, entre otras instalaciones públicas.
Para manejar los reclamos a FEMA y las exigencias para las subastas, la administración de Meléndez Altieri creó una Oficina de Ingeniería.
El alcalde entrante eliminó esta oficina debido a que “realiza muy poca gestión relacionada con las funciones que debiera estar realizando”.
“Tan es así que el personal técnico de ingeniería es el mínimo, mientras en la Oficina abunda el personal administrativo. Estas tareas fueron delegadas a dos entidades de consultores (ALC Legal Services Group y CIPM, firma del ingeniero Carlos Pequera) quienes son los que tienen los detalles y hacen las gestiones de los daños de los eventos de huracán María y los terremotos”, reza el Informe de Transición que preparó el equipo del alcalde Irrizarry.
En su lugar, el funcionario creó la Oficina de Construcción, que dirigirá Heidi Dilán y a donde se movieron los 13 empleados que estaban en la oficina que había gestionado la administración pasada.
“El municipio no tenía control de los proyectos que se estaban trabajando con FEMA y con COR3. Dependían de unos contratistas; el municipio no ejercía supervisión”, dijo Irrizary.
Meléndez Altierri repudió los cambios que el nuevo alcalde ha impulsado para el manejo de los trámites de recuperación pues a su modo de ver eso podría retrasar los trámites ya adelantados.
A pesar de las críticas de alcaldes que denunciaron que tuvieron un “voto castigo” debido a la lentitud en la entrega de fondos de recuperación desde FEMA y COR3, la agencia federal descartó que sus gestiones en Puerto Rico influenciaran los comicios de noviembre pasado.
Según José Baquero, coordinador federal de recuperación en FEMA, la agencia debe complir con lineamientos de la Ley Stafford y otras leyes cuyas exigencias no deben verse afectadas por ningún proceso electoral.
“La autoridad de FEMA para desembolsar fondos para desastres no invoca, permite o contempla los resultados electorales de ningún gobierno local, estatal o federal, ni la reputación de estos organismos o de sus líderes electos”, sentenció Baquero por escrito.
Indicó que el año pasado se asignaron fondos a sobre 4,900 proyectos, de los que 3,896 correspondieron a proyectos municipales.
No obstante, aclaró que es responsabilidad de cualquier subreceptor — como los municipios — proporcionar planes y documentación que demuestren elegibilidad antes de recibir cualquier reembolso de fondos bajo el programa de Asistencia Pública.
Recordó que junto con FEMA, el proceso de recuperación en Puerto Rico también está mediado por otras agencias federales, como los departamentos de la Vivienda, del Trabajo, Salud y Servicios Humanos y las agencias de Protección Ambiental y para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, entre otros.
Por su parte, Manuel Laboy, quien desde enero sustituye a Ottmar Chávez como director ejecutivo de COR3, dijo al CPI que próximamente estaría impulsando cambios en la política de la agencia para acelerar los procesos y agilizar los desembolsos de los fondos obligados por FEMA.
De los 16 municipios que experimentaron los mayores estragos a causa de los terremotos de finales de 2019 y principios de 2020, 11 tuvieron cambios de alcaldía en enero. Aunque el municipio de Guánica, que era liderado por el PNP, se encuentra entre los pueblos que cambiarán de alcalde, todavía existe una pugna entre el candidato independiente Edgardo Cruz Vélez y el aspirante por el PPD, Ismael Rodríguez Ramos.
Para Jennifer Santos Hernández, socióloga experta en desastres, los cambios en alcaldías en los municipios más afectados por los temblores en Puerto Rico evidencian cómo la ciudadanía le pasó factura a algunos alcaldes y alcaldesas por la forma en la que reaccionaron al momento de manejar la crisis provocada por los sismos.
“Estuve trabajando en el campo después de los terremotos. En Ponce, por ejemplo, en el proceso de respuesta, quizás tuvieron unos retos — como la aparición de los almacenes con susminsitros —, pero también hubo retos en el delivery de los servicios después de la emergencia. Hubo damnificados que los movieron de un lugar a otro en una misma noche, con toda la incomodidad que representa ese tipo de acciones bajo una crisis”, dijo.
Durante el tiempo que estuvo en el sur — donde los estragos se sintieron mucho más — Santos Hernández documentó testimonios y quejas de personas por la logística de las agencias del Gobierno encargadas de manejar la emergencia.
“Había muchas reglas en los refugios. No eran asuntos propiamente de las alcaldías, porque esos refugios los administra el Departamento de la Vivienda, pero el ciudadano no necesariamente entiende la burocracia gubernamental”, abundó.
Si bien el sur de Puerto Rico había temblado desde diciembre de 2019, el 6 de enero de 2020, una sacudida de magnitud 5.8 comenzó a poner en mayor alerta a los residentes de la zona. La madrugada del día siguiente, otro sismo, esta vez de magnitud 6.4, remeció a Puerto Rico a eso de las 4:24 a.m.
Antonio Sierra es un artista plástico natural de Yauco y residente en la calle Clausell, en Ponce. Sierra, junto a otros vecinos, notaron la falta de asistencia de algunos alcaldes a la hora de ayudar a todas las personas afectadas por los sismos. Casas se encontraban en el suelo y algunas tambaleaban y amenazaban con desplomarse, rememoró el pintor. Por eso, ayudó a gestionar una lista de líderes comunitarios de barrios de Ponce, Peñuelas y Yauco para asistir con los suministros que llevaban individuos, organizaciones sin ánimo de lucro y el sector privado.
“La gente no quería llevar los suministros a los gobiernos municipales porque se estaban perdiendo. Muchas de las personas que bajaron al sur a ayudar querían llevar los suministros a las casas, a donde se necesitaban. Por eso, muchos líderes comunitarios no querían involucrarse con los alcaldes”, contó.
Según Sierra, la ciudadanía vio mayor organización en las comunidades y repudiaron las polémicas que se levantaron con el manejo de la crisis por los terremotos en el Gobierno.
“Lo que ha movido a los municipios después de María y los terremotos ha sido la misma gente. La recuperación ha sido fuerte, pero quienes se recuperan son las personas por su cuenta, porque el Gobierno sigue igual o peor, ya que los servicios son menos”, reconoció.
Para Sierra, este panorama provocó que la ciudadanía “se desquitara” con los alcaldes en las urnas.
“Creo que la no-respuesta les pasó factura. Ahí la gente se expresó. Siento que en Ponce y Guayanilla pesó mucho la no-respuesta que se vio desde los administradores municipales. Cuando hicieron algo bien, se aplaudió, pero cuando no se hizo nada — que fue lo que ocurrió — se pasó factura”, opinó.
Ese descuido por parte de las autoridades gubernamentales del sur ha sido denunciado por diversas organizaciones sociales, como el colectivo Jornada Se Acabaron las Promesas, quienes señalaron que, a más de un año de los terremotos, en los municipios del sur todavía decenas de comunidades viven en estado de emergencia.
“Las condiciones críticas e infrahumanas en las que aún viven cientos de personas agudizan condiciones de violencia de género e intrafamiliar, exacerba las condiciones psicológicas del núcleo familiar y el entorno vecinal, afecciones de salud y el contagio, sobre todo ante la pandemia del COVID-19”, expresó la organización en un comunicado en el que se convocó a una caravana en vehículos en los pueblos del sur el 30 de enero.
Jorge Schmidt, profesor de Ciencia Política en Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), aclaró que no se puede generalizar lo ocurrido luego de los terremotos en cada municipio, pues cada uno carga con particulares históricas en su política municipal que se unen a los eventos más recientes.
Sin embargo, coincidió en que estos eventos traumáticos, como los terremotos o el paso de un huracán, se quedan impregnados en la gente que busca respuesta en sus líderes. Para el analista, aunque estos alcaldes o alcaldesas no tuvieran toda la responsabilidad por la tardanza en la entrega de suministros o el envío de fondos para la mitigación y eventual recuperación, lo cierto es que las personas avalan o se desquitan con el líder más cercano, en este caso, las administraciones municipales.
“Los cambios de alcaldes también responden a las expectativas incumplidas. Desde María, casi semanalmente se anunciaban que iban a llegar tanta cantidad de fondos. Posiblemente, la gente pensó que se iba a notar la diferencia con todo ese dinero, que iba a haber trabajo y que se iban a recuperar más rápido. Pero esto no pasó”, explicó.
“A estas alturas la gente no quiere más excusas. De hecho, si no se corrigen esas prácticas de prometer de más, esto es algo que le puede costar las elecciones de 2024 a los que ganaron este año [2020]”, advirtió el profesor del RUM.
Por su parte, la socióloga Santos Hernández mencionó que el problema no necesariamente se debe a los fondos que se han tardado en llegar a las arcas de los pueblos afectados por los sismos, sino a las obras de infraestructura que no se han iniciado.
Explicó que la gente responde más a lo que puede ver y no a cosas abstractas como las cantidades y porcentajes de fondos.
La experta coincidió en que el rezago de fondos realmente se une a todo un contexto de ineficiencias acumuladas en estos municipios afectados por los huracanes y los sismos que provocan desconfianza ante las instituciones del Gobierno.
“El desastre, además de natural, es social y no ocurre en una fecha específica, sino que está en formación desde años antes. El desastre revela, como si fuera una foto, todas las fallas que tienen los pueblos. Hay que mirar esa acumulación de situaciones que complicó los resultados de ese desastre”, sostuvo Santos Hernández.
Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report for America
Periodista con 10 años de experiencia. Integrante de Report For America. Profesor en la Universidad del Sagrado Corazón y en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo. Egresado del programa de maestría en comunicación de la Universidad de Puerto Rico.
