El proceso de declaración de estorbos públicos, la tasación de los inmuebles, la notarización de documentos, la transferencia de titularidades y la representación legal de los municipios ante el Tribunal para la expropiación forzosa de estructuras y solares, recaen todos en la misma compañía que, además, tramita la venta a nombre de los ayuntamientos.
El Departamento de Salud (DS), responsable de inspeccionar y aprobar los planes de desalojo de emergencia de todos los hospitales del país, solo los hace disponibles para los tres hospitales que la agencia administra.
La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) de la agencia no conserva copia de los planes de desalojo que se supone haya evaluado previamente y que podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes y empleados. La información surgió como parte de una demanda en la cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le solicitó al DS varios documentos y protocolos relacionados a eventos de emergencia. “Como parte de las inspecciones que se realizan, el personal de la SARAFS revisa que dichos planes cumplan con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, copia física, en papel, digital o de cualquier otra manera almacenada en dispositivo(s) electrónico(s) de estos planes no se le entrega al personal de la SARAFS, ni se recibe por dicho personal, ni se retiene en el expediente de las facilidades que obra en la SARAFS, por lo que el Departamento de Salud no cuenta con los mismos”, lee la certificación sometida por el DS ante el Tribunal Primera Instancia en San Juan.
Ante la solicitud del CPI, el DS se limitó a entregar los planes de desalojo para los centros de salud que administra: el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Ramon Ruiz Arnau.
“Los demás hospitales públicos mencionados en la moción NO pertenecen al Departamento de Salud, estos son administrados por Corporaciones Públicas con personalidad jurídica aparte y distinta a la del Departamento de Salud, por lo que la documentación solicitada se le debe requerir a estos directamente”, expresó el DS con relación a hospitales que son administrados por otras entidades públicas tales como la Universidad de Puerto Rico y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
La Organización Panamericana de la Salud indica que el acceso a la información es fundamental para mejorar la gestión pública y confianza de la ciudadanía en la preparación para eventos de emergencia.
Falta de información sobre el acceso a los hospitales durante emergencias
Más de cuatro años después del huracán María, el DS solo cuenta con un mapa de puntos en el que se especifica la ubicación de todos los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de salud primaria y centros de diálisis en Puerto Rico. El director de Sistemas de Información Geográfica de la Junta de Planificación (JP), Rogelio González Sánchez, indicó al CPI que los mapas de rutas prioritarias en caso de emergencia, que incluyen las vías alternas que conectan con los hospitales de ocurrir colapso de carreteras y puentes, tampoco están listos y que la JP, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias, trabajan con el Centro de Operaciones de Emergencias para producir esa información.
El atraso en el desembolso de los fondos de recuperación asignados a los municipios por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la falta de adelanto de dinero para comenzar proyectos en los pueblos se debió en gran medida a la burocracia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), aseguró Manuel Laboy, que desde enero pasó a dirigir esta oficina. Laboy dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que durante el proceso de Transición encontró que COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos. COR3 es la agencia local encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA luego de inspeccionar los proyectos reclamados por las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro por medio del programa de Asistencia Pública. Hasta diciembre del año pasado, era dirigida por Ottmar Chávez. Las expresiones de Laboy fueron en respuesta a una investigación del CPI en la que alcaldes derrotados en los comicios de noviembre de 2020 denunciaron que la lentitud de los fondos de recuperación les costó sus puestos.
Diez de los 20 municipios de Puerto Rico que han recibido un porcentaje menor del dinero de recuperación que le había aprobado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) tuvieron cambios de alcaldía en enero. El caso más notorio es el de Vieques, que solo había recibido el 4.9% de los $51.3 millones que FEMA obligó antes de los comicios de noviembre del 2020, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) al comparar los fondos obligados con las cifras de dinero desembolsado a esa fecha. Además de la isla municipio, el resto de los pueblos que cambiaron sus alcaldías y que tenían bajos porcentajes de dinero de FEMA en sus arcas fueron Culebra (7.3%), Adjuntas (9.6%), Patillas (14.8%), Arecibo (16.1%), Santa Isabel (18.3%), Lares (22.6%), Corozal (23.5%), San Lorenzo (24.1%) y Ponce (24.5%). Existe la percepción de que luego de una emergencia la figura más cercana a los ciudadanos son los alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, la investigación demuestra que no en todos los casos es así, especialmente luego del huracán María de 2017 y los terremotos de 2020.
