El Departamento de Educación (DE) llegó a un acuerdo con la Neighborhood Association For Inter-Cultural Affairs – Puerto Rico, Inc. (NAICA-PR) para operar en la Isla una escuela chárter como filial de la South Bronx Charter School for International Cultures & the Arts (SBCSICA), a pesar de que esta escuela neoyorquina ha tenido señalamientos de la Oficina del Contralor de ese estado, que a esta fecha no tiene un lugar dónde establecerse en Puerto Rico y que uno de sus incorporadores se declaró culpable por malversar fondos en otra organización sin fines de lucro que presidió en la Ciudad de los Rascacielos.  

NAICA-PR, incorporada en marzo de 2020 por el jefe de operaciones de NAICA en Nueva York, Richard Izquierdo Arroyo, será la entidad que administrará en Puerto Rico la Escuela Pública Alianza para las Culturas Internacionales y las Artes en un Programa Dual (EPACIAD), según el contrato o carta constitutiva firmada con el DE.    

En el 2014, el contralor de Nueva York, Scott M. Stringer, encontró que la administración de la escuela chárter del sur del Bronx no documentó apropiadamente o autorizó indebidamente $130,000 en gastos. 

En el 2010, Izquierdo Arroyo se declaró culpable por malversar $115,000 de SBCC Management Corp., una organización sin fines de lucro que presidió, dedicada a administrar edificios residenciales para personas de bajos ingresos, que operaba con fondos estatales y federales. 

Parte del dinero malversado de la organización fue a parar a la campaña de su abuela, la ex legisladora estatal de Nueva York, Carmen Arroyo, de la que él era jefe de personal, según detalló el Departamento de Justicia de la Ciudad de Nueva York. Además, esa agencia explicó que el hoy incorporador de NAICA-PR también usó dinero de la organización sin fines de lucro para gastos personales como compra de ropa y zapatos, gastos en restaurantes y estadías en hoteles de lujo en donde procuraba masajes, cócteles, tratamientos en el SPA y servicios a la habitación. Por la malversación cumplió un año de cárcel y tuvo que restituir los $115,000.

“Esta sentencia es un castigo justo para un ejecutivo corrupto de una organización sin fines de lucro que dio la espalda a inquilinos ancianos y discapacitados a los que se suponía que su organización debía servir y escogió enriquecerse. Ricardo Izquierdo Arroyo robó más de $100,000 en fondos públicos para pagar lujos personales”, señaló entonces Preet Bharara, quien era fiscal del distrito sur de Nueva York. 

Según la Ley 2 de 2018, conocida como el Código Anticorrupción, NAICA-PR debió someter una declaración jurada informando “si cualquier presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo, o miembro de una junta de oficiales o junta de directores, o personas que desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017”, que incluye el de malversación de fondos públicos. Ni el DE ni representantes de la organización estuvieron disponibles para responder al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) si esta declaración fue sometida para informar sobre la convicción de Izquierdo Arroyo hace 12 años.

En su página de Instagram NAICA-NY ha estado activamente promoviendo las actividades en la ciudad de Nueva York del Gobierno de Puerto Rico, del gobernador Pedro Pierluisi  y de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA).  

En el registro del Departamento de Estado en Puerto Rico, NAICA-PR cuenta con las mismas directora, secretaria y tesorera de la organización establecida en el Bronx a finales de la década del setenta, Elvira Barone, Carmen Aquino y Linda Duke, respectivamente. 

El propósito de la organización sin ánimo de lucro es “brindar servicios sociales… administrar y operar refugios para personas sin hogar, administrar y operar escuelas, y brindar servicios educativos en comunidades desfavorecidas”. La entidad se inscribió en Puerto Rico como una organización de base comunitaria y no informó ningún capital en 2020 ni 2021. Ni la entidad ni Educación estuvieron disponibles para contestar preguntas sobre la capacidad económica de esta corporación para desarrollar una institución educativa para la niñez en Puerto Rico. 

El contrato con el DE fue firmado por la directora de la South Bronx Charter School, Evelyn Hey Vega, quien estará a cargo del área académica de la EPACIAD. A cada alumno de la nueva escuela alianza la agencia le asignó un presupuesto anual de $2,275. Según declaraciones escritas enviadas por el oficial de prensa de Educación, Alex Ramos, la escuela comenzaría con una matrícula de 50 estudiantes. El secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, ni ningún otro funcionario de la agencia estuvieron disponibles para entrevista del CPI sobre este acuerdo. 

Otra fuente de ingresos para operar proviene de una subvención del Charter School Growth Fund, organización sin fines de lucro que financia escuelas chárter en Estados Unidos que quieren expandir operaciones. Hasta la fecha, ha financiado sobre mil escuelas en 34 estados.

La Junta Rectora de la EPACIAD es presidida por la ex rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Gladys Escalona de Motta, quien dijo al CPI que llegó a la Junta porque conoce a la ex legisladora, Carmen Arroyo, y visitó la escuela chárter del sur del Bronx. 

Otra de las integrantes de la Junta Rectora de la chárter es Daphne Domínguez, directora de la Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias de la UPR, quien es identificada como miembro de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). También están en esa junta Angie González, a cargo de Operaciones y Recursos Humanos; Marisela Reyes de finanzas; y María Ojeda, profesora jubilada de la UPR, quien trabajará con el currículo. 

El Municipio de San Juan recibió a mediados de agosto la petición de Izquierdo Arroyo para usar temporalmente las instalaciones de la Casa Dominicana en Santurce para ubicar a estudiantes de kinder y primero que se matriculen en la EPACIAD. Su solicitud pasó al área legal, que pidió documentación adicional para avalarla. Sin embargo, el Departamento de Educación indicó al CPI en declaraciones escritas que luego de firmar la carta constitutiva, NAICA-PR solicitó la concesión de la Escuela Lola Rodríguez de Tió, en Hato Rey. Mientras acondicionan el plantel cerrado en 2006, la organización solicitó comenzar operaciones desde el 26 de septiembre alquilando una estructura aledaña a la Young Men Christian Association (YMCA) en Santurce. El acuerdo de alquiler no se ha firmado porque la YMCA espera una visita del DE para evaluar sus instalaciones.

Entretanto, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, presidido por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), aprobó una propuesta de NAICA-PR para arrendarle durante cinco años la Escuela Jesús María Quiñones, ubicada a 750 metros de la Casa Dominicana y cerrada en 2018 por el DE. 

Municipio de Coamo quiere tres chárter

Siete escuelas operan en Puerto Rico bajo el modelo chárter y sólo una, la Escuela Bilingüe Cacica Yuisa de Loíza, es administrada por un municipio. 

A través de la organización Liga de Ciudades, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, propuso al DE convertir las escuelas Susana Rivera, Ramón José Dávila y Román Colón Correa en chárter. La Liga de Ciudades es una organización formada en 2019 por los entonces alcaldes de Coamo, Hormigueros, Ponce, San Sebastián, Toa Baja y Villalba con el objetivo de “promoveer la descentralización administrativa, política y fiscal de tareas y recursos a los gobiernos locales”.

Aunque a principios de agosto, García Padilla recibió la notificación de aprobación del DE para las tres chárter, “nosotros le recomendamos al alcalde que retirara la propuesta de este año porque llegamos a la conclusión de que sería irrespetuoso con la comunidad escolar. La expectativa era empezar en agosto, pero no vamos a ser parte de los comienzos atropellados del Departamento de Educación, por eso se retiró la propuesta”, explicó al CPI la directora ejecutiva de la Liga, Cristina Miranda Palacios.

La idea del ejecutivo municipal de administrar tres escuelas no se descartó, puesto que la Liga obtuvo una subvención de $980 mil del Charter Growth Fund para tres años de diseño y planificación. 

La propuesta del Alcalde levanta dudas entre maestras de la Escuela Román Colón Correa que conversaron con el CPI bajo condición de anonimato. Por una parte, señalaron que aunque García Padilla reunió a la facultad y expuso su proyecto para administrar el plantel, no incluyó datos ni información concreta sobre el proceso de transición. 

La divulgación de información por parte del DE sobre el presupuesto escolar también es pobre. Cuando la organización sin fines de lucro Caras Con Causa tomó las riendas de la Escuela Rosalina C. Martínez en Guaynabo, la entidad no tenía claro cómo se llevaría a cabo la transición de una escuela regular a una alianza o chárter. El cambio significó en esa escuela una pérdida del 21% de la matrícula y un recorte de fondos de 55%.

Otra docente de la escuela coameña Román Colón Correa expresó confusión respecto a cómo se afectarían sus beneficios de retiro acumulados si decidiera cambiarse de empleada del Departamento a funcionaria del municipio. “Pudiera ser bueno para los que comienzan [maestros nuevos], pero ¿qué gano o qué pierdo [si decido quedarme como empleada municipal]?”, cuestionó la maestra con más de 20 años de experiencia. 

De modo general, las educadoras describieron su escuela como una comunidad escolar unida, con una matrícula estable pese a los retos de la pandemia, y donde no hay vacantes por llenar.

“Sé que las escuelas chárter causan mucha, mucha suspicacia”, reconoció la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades. “La preocupación de la privatización nosotros no la tenemos porque la escuela seguiría bajo el gobierno municipal, que es público”, agregó. 

Miranda Palacios opinó que uno de los problemas del sistema actual es que presupuestariamente el Departamento de Educación funciona como una pirámide invertida “en la que la mayor parte de los fondos se quedan en la oficina central y lo demás percola a las escuelas”.

Ante esa situación dijo que, en muchas ocasiones, los alcaldes y las alcaldesas fungen como los secretarios y secretarias de Educación en sus municipios porque son los que terminan prestando los servicios de transportación, seguridad, mantenimiento y ornato. 

Para el año escolar 2021-22 las escuelas de Coamo Susana Rivera, Ramón José Dávila y Román Colón Correa atendieron a 1,427 estudiantes con un presupuesto global de $5,220,432. La directora de la Liga indicó que la razón para escoger estos planteles como escuelas chárter es abarcar la enseñanza en todos los niveles (elemental, intermedia y superior) ”para desarrollar un sistema continuo, porque nuestras escuelas son de un mismo sistema pero no necesariamente se hablan entre sí. Sales de un nivel a otra escuela, y es empezar de cero. Nosotros queremos que sea un sistema continuo”, explicó.

Según establece la Ley 85 de 2018, conocida como la Reforma Educativa, hasta un máximo de 112 instituciones educativas podrán operar bajo el modelo de Escuelas Públicas Alianza o chárter. 

El estatuto hace una distinción entre escuelas municipales y escuelas chárter. La diferencia consiste en que los municipios pueden operar su propio sistema educativo, aprobado por la Legislatura Municipal, sin la jurisdicción del DE. Al mismo tiempo, los gobiernos municipales podrán participar bajo el modelo de Escuelas Públicas Alianza, pero esas entidades sí estarían bajo los parámetros establecidos por el DE para este tipo de escuelas.  

La directora interina de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza en el DE y exdirectora de la región educativa de Humacao, Sol I. Ortiz Bruno, confirmó que en julio dos propuestas para nuevas escuelas chárter fueron pre-aprobadas para las entidades Kids & Growth y National Talent School, pero deben someter sus planes financieros para obtener la aprobación final.