La banda que rescató una escuela

La Escuela Josefina Quiñones, en Río Grande, fue cerrada por el Gobierno en 1997. Es una joya arquitectónica y quedó abandonada por años hasta que se convirtió en el escenario de una experiencia musical transformadora. Acompaña a los periodistas Nore Feliciano y José Encarnación, y descubre cómo la Banda de Río Grande, enfrentándose a la falta de recursos y apoyo, decidió rescatar esta escuela olvidada.

CPI y Todas piden al tribunal que ordene a UPR Mayagüez divulgar datos de hostigamiento sexual

San Juan – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el medio feminista Todas recurrieron hoy al Tribunal de Primera Instancia en contra del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y su rector Agustín Rullán Toro para que entregue un desglose de los datos de hostigamiento sexual en dicho campus de la Universidad de Puerto Rico (UPR).  

El caso se radica en momentos que Puerto Rico lleva casi dos años oficialmente bajo una declaración de emergencia por violencia de género para concentrar los recursos del Estado en la prevención y atención especial a la alta incidencia de estos delitos, que se suelen manifestar como violencia física y sexual, maltrato emocional y psicológico, acecho y acoso sexual.  

“Desde esta perspectiva, el derecho al acceso a la información pública es la herramienta desde la cual la ciudadanía, representada aquí por dos entidades dedicadas a la divulgación rigurosa y crítica de información noticiosa, puede no sólo fiscalizar el caminar de sus gobiernos, sino insertarse e incidir sobre él”, plantea el recurso de mandamus radicado desde la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en la Sala Superior de Mayagüez.  

El CPI y Todas denunciaron que han pasado once meses desde que hicieran la solicitud original de información a la oficina de prensa del RUM y solo han recibido una lista agregada de 16 casos sin detallar género, tipo de persona que hizo la querella de hostigamiento sexual (estudiante, docente o no docente), ni año académico en que se registró, entre el 2011 al 2022. 

Las universidades de Puerto Rico tienen la obligación de cumplir con la ley federal conocida como el Título IX del Education Amendments of 1972 que protege a las personas de discriminación por razones de sexo en programas o actividades de enseñanza que reciben ayuda económica federal.  

Los datos que recopila la Oficina Título IX del RUM son necesarios para examinar la atención de las instituciones universitarias a las sobrevivientes de violencia sexual, los esfuerzos de prevención y las garantías que ofrecen de un ambiente libre de discrimen por razón de género.  

Además, con esta información se busca una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones que reciben ayuda económica federal. 

“La información solicitada por el CPI y Todas es información pública y de alto interés público para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. “El abuso sexual es común entre estudiantes mujeres de todas las edades y razas. En Puerto Rico, varios medios, incluyendo Todas, han reportado sobre este tema y las víctimas y sobrevivientes han denunciado falta de diligencia de las universidades ante este problema”, apuntó Cristina del Mar Quiles, cofundadora y editora de Todas. 

Ambos medios noticiosos, que tienen en conjunto una Unidad Investigativa de Género para la publicación de reportajes especializados en este tema, plantearon que luego de agotar todos los remedios administrativos disponibles sin obtener resultados positivos la única alternativa restante en ley era pedir al tribunal este mandamus. La negativa del Recinto a proveer la información pública según solicitada, alegan, lacera su derecho al amparo de la Constitución y las leyes de Puerto Rico.  

La periodista María Cristina Muñoz Vega inició la gestión el 12 de septiembre de 2022 mediante un correo electrónico a la Dra. Mariam Ludim Rosa Vélez, directora de la Oficina de Prensa de la UPR-RUM. 

El 17 de noviembre, UPR-RUM remitió a la periodista un documento con respuestas parciales e incompletas a las preguntas, junto con declaraciones escritas del Dr. Gustavo Cortina, director de la Oficina de Calidad de Vida y Oficial del Título IX del recinto y del rector Rullán Toro. 

En los meses siguientes, en 2023, Muñoz Vega dio seguimiento a su pedido y reiteró el reclamo del desglose estadístico. Inclusive, la periodista inquirió sobre si el recinto de Mayagüez tenía alguna tabla de inventario de casos atendidos similar a la que publica el Recinto de Río Piedras de la UPR. 

El recurso pide al tribunal que ordene al rector cumplir su deber ministerial de entregar cuántas quejas recibió la oficina, fueron desestimadas, resueltas mediante procedimientos formal e informal, la determinación final de cada una, las que no han resuelto y por qué, y cuántos casos de reincidencia se han reportado. Y todo lo anterior de forma desglosada por género; el tipo de persona que hizo la queja de hostigamiento sexual (estudiante, docente o no docente); y año académico desde el 2011-2012 hasta el 2021-2022.  

Además, se solicitó al Tribunal que ordene a la institución a divulgar esta información de forma prospectiva cuando le sea solicitada, en los mismos términos, cumpliendo con el Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm.

Student-Athlete From Vieques Hits a Home Run

Home runs are not pulled off in the batter’s box. But when you slam hit with the bat of resistance, far-reaching home runs are connected in the park of life. Good baseball is played on the island municipality of Vieques, known as la “Isla Nena.” And for many years they have also known here what it is like to hit home runs without having a baseball bat in their hands. While many come to Vieques to enjoy its pristine beaches, Eddie Martínez Medina, 15, is with his father, Eddie Martínez Ponce, at a baseball practice in the Esperanza neighborhood. It is an atypical practice because it’s only his father and him.

Estudiantes madres enfrentan la invisibilidad y la precariedad en la UPR de Río Piedras

Cuando Amanda Torres Cruz estaba embarazada, en 2018, continuó su bachillerato en Ciencias Políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con la esperanza de cumplir su meta de convertirse en abogada y proveer a su hija los recursos que ella nunca ha tenido. “Yo seguía comoquiera yendo a la universidad, pero, a mí, nadie me alertó de algún tipo de prejuicio, de discriminación a la que yo me podía estar enfrentando, en cuestión del entorno universitario”, dijo quien pausó sus estudios, por un año, luego de convertirse en madre. 

Durante su periodo de gestación, la joven que hoy tiene 23 años, recuerda que tenía la impresión de que uno de sus profesores solo se aprendió su nombre por la frecuencia en la que se refería a ella en clase, le dirigía preguntas para ridiculizarla y le hacía burlas frente a sus compañeros. 

“En algunas ocasiones, a mí me gustaba ponerme falditas y me decía: ‘Ay, yo tengo otra estudiante que también está embarazada, pero ella no se pone las faldas así como tú te las pones’. Y yo decía, ¿pero qué tienen que ver?”, cuestionó la estudiante. La Carta de Consideraciones y Derechos a Estudiantes Embarazadas dice que ella tenía derecho al “disfrute de un ambiente de paz, tranquilidad y respeto al derecho a su intimidad y dignidad”. También indica que personas gestantes no serán víctimas de abuso corporal, emocional o presiones psicológicas por razón de su embarazo. 

Sin embargo, no fue hasta tres años después de tener a su hija — y durante su entrevista con este medio — que la joven supo de la existencia de esta carta de derechos que, desde 2015, se supone que protege a estudiantes embarazadas en el sistema UPR.