Las olas suaves y azules de la playa Buyé en Cabo Rojo golpean los cimientos de más de una veintena de viviendas que se encuentran prácticamente sobre el Mar Caribe. Su ubicación en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) generó un pleito administrativo y judicial que, casi dos décadas después, no ve su fin.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a pesar de tener la facultad de hacerlo, no ha desalojado ni obligado a eliminar estas estructuras que están en la ZMT, según los planos del último deslinde que se hizo de la playa, los cuales muestran dónde comienza la zona de dominio público. 

Todavía, por inacción del DRNA, no se han ejecutado las órdenes que emitió esa misma agencia en mayo de 2015 en las que denegó las estructuras en la ZMT y ordenó el desalojo y la eliminación de las casas, que, en su mayoría son usadas para alquiler comercial y veraneo, y no como residencias primarias de sus dueños. 

“La denegatoria determinó que las estructuras ubican en Zona Marítimo Terrestre (ZMT), que es un Área de Alto Valor Natural donde se protegen especies consideradas en peligro de extinción y que es una Reserva Natural para el disfrute de todos los ciudadanos de este País”, dice la Resolución del DRNA. “No existe necesidad pública ni privada para que sigan ocupando un espacio de alto interés público, un espacio de dominio público”, añade el documento. 

En mayo de 2015, el DRNA concedió a los dueños seis meses para desalojar las estructuras y tres meses posteriores para su destrucción. Sin embargo, las casas están allí y algunas son usadas para el beneficio comercial de sus dueños que obtienen rentas por su alquiler. La agencia no contestó al CPI porqué ha demorado tanto en tomar acción sobre un área que definió como ecológicamente importante.  

“Con relación a los procedimientos de desalojo y las investigaciones en curso, la Oficina de Asuntos Legales evalúa las mejores estrategias legales y las opciones disponibles”, expresó, Rafael González, director de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA en declaraciones escritas sobre el estatus de las resoluciones emitidas hace ocho años. 

A Gloribel Albino Caraballo, quien frecuenta el área al ser comerciante ambulante de pinturas y grabados de madera, le extrañó que el Gobierno permitiera que las propiedades que sufrieron daños a raíz del huracán María fueran reparadas. Esperaba que, por el contrario, se hubiese aprovechado la coyuntura para impedir su reconstrucción.

“Ese impacto [humano] es mucho más grande que el del huracán María”, opinó Albino Caraballo.

La oceanógrafa Martiza Barreto Orta identificó que ciertos segmentos de playa Buyé, una de las preferidas por los puertorriqueños y los turistas, presentaron un episodio mayor de erosión costera después del huracán María a diferencia de años anteriores. 

Este fenómeno, advirtió, podría redundar en que eventualmente desaparezcan ciertos segmentos de costa, especialmente ante la presencia de estructuras duras, como las propiedades en controversia.

El pedazo de playa sobre el que se encontraban estas estructuras desapareció y ahora se encuentran sobre el mar. La oceanógrafa destacó que la pérdida de arena en ciertos segmentos de playa cercanos a estas viviendas podría estar relacionada a la presencia de estas casas porque las estructuras duras pueden cambiar la dinámica de las olas y afectar zonas adyacentes.    

El guía turístico Harvey John Ducot indicó que, tras el impacto del ciclón, observó que Buyé perdió aún más arena. Una pérdida que ya existía debido a las construcciones costeras que contribuyeron a la erosión del área.

Las construcciones en la ZMT están prohibidas porque, además del daño que causan al litoral, como en playa Buyé, son un aprovechamiento de un espacio que le pertenece a todo el público gratuitamente. 

Sin embargo, la Secretaria del DRNA, mediante el Reglamento 4860 – aprobado en 1992 – puede otorgar unas concesiones que son un consentimiento escrito “para el aprovechamiento a largo plazo de bienes del dominio público marítimo terrestre que conlleva la instalación o uso de construcciones permanentes o irremovibles”.   

Pero ninguna de las 24 estructuras en controversia en el litoral costero de Buyé tienen una concesión activa, según un listado provisto por el DRNA.

Al mes de octubre, solo había 85 concesiones otorgadas en Puerto Rico para muelles, villas pesqueras, paseos, y otras estructuras, muestra la lista. No obstante, el 68% de las concesiones en la lista expiró. Además, este número no coincide con la cantidad real de este tipo de estructuras que se observan en el archipiélago. Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicada en octubre de 2023 halló que solo en la isla municipio de Culebra había, al menos,167 muelles. La isla municipio no tiene ninguna concesión activa, según el listado del DRNA. La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, no respondió a la pregunta de cuál era su análisis sobre la discrepancia entre el número de concesiones y de estructuras irremovibles.

A través de la investigación para la serie Inefectiva la protección costera, el CPI halló que el Gobierno de Puerto Rico es incoherente en su política pública cuando, por un lado, emite órdenes protectoras del ambiente, como esta en Buyé, pero no se encarga ni de su ejecución, como tampoco de la fiscalización para evitar nuevas  construcciones ilegales en el litoral costero, como ha pasado también en Isabela, Vega Baja y Arecibo. 

Los casos revelados en la serie son solo una muestra que deja ver los retos de la adaptación del País ante la crisis climática y de la implementación del plan propuesto por el Gobierno a esos fines. La secretaria del DRNA no reaccionó al problema que genera la falta de liderato para la puesta en vigor de leyes, reglamentos y órdenes ambientales. 

De hecho, el Estudio sobre la valorización de las playas de Puerto Rico, encomendado por el Programa de Manejo de la Zona Costanera del DRNA a la compañía Estudios Técnicos, coincidió en su informe publicado en septiembre de 2022 que “existe un amplio marco legal y reglamentario para la protección de este recurso [la playa], sin embargo, la implantación y fiscalización de las leyes y reglamentos no ha sido adecuada”. En el informe se recomienda la aprobación de una Ley de Costas. 

Por la libre estructuras en Buyé

En el 2008, el entonces secretario del DRNA, Javier Vélez Arocho, denegó las concesiones para uso y aprovechamiento de las estructuras en la playa Buyé que entre 2006 y 2008 solicitaron al menos 21 de los dueños de las 24 casas que formaban parte de la controversia inicialmente. La orden también incluyó la eliminación de las estructuras construidas ilegalmente. En el 2015, tras varios trámites administrativos y judiciales, la exsecretaria del DRNA, Carmen Guerrero, reafirmó la decisión de denegar las concesiones y eliminar las casas.

Los dueños de las estructuras se opusieron a esa decisión y por medio   de recursos separados, cerca de una veintena de ellos acudieron en 2015 y 2016 al Tribunal de Apelaciones para que revisara la determinación del DRNA. No obstante, los recursos fueron desestimados.

Otro de los propietarios, Luis E. Del Toro Román, sometió por su cuenta una solicitud de revisión, pero el Tribunal de Apelaciones dijo el 8 de febrero de 2016 que no procedía porque acudió prematuramente al foro judicial. A su vez, el foro expresó que el DRNA estaba obligado a celebrar una vista para que se reconsidere la denegatoria de la concesión.  

Ni el DRNA ni Toro Román, quien es abogado y se representó a sí mismo, contestaron al CPI si se solicitó y realizó esa vista administrativa. 

La abogada Damaris Quiñones Vargas, quien representó a más de una quincena de propietarios, explicó que desde esa sentencia de febrero de 2016, el DRNA no ha celebrado ninguna vista administrativa para dilucidar la impugnación que hicieron sus clientes a la decisión de la agencia de no permitirles el aprovechamiento de la ZMT. 

La agencia tampoco ha ejecutado los desalojos que ordenó en 2015 por lo que el caso ha estado en una especie de limbo. Las casas siguen allí  y al menos tres operan como negocios de alquiler a corto plazo. Una de esas propiedades para alquiler está en remodelación sin los permisos de uso y de construcción necesarios, constató el CPI.

El abogado ambiental Miguel Sarriera Román señaló que las denegatorias a las solicitudes de concesión se encuentran activas. Sarriera Román representó a dos hospederías en Buyé y a dos ciudadanos particulares que, en 2005, iniciaron el pleito contra el DRNA por no actuar contra estas estructuras ubicadas en la ZMT.

Los propietarios de las estructuras alegaban que esas casas estaban allí antes que la erosión las sumergiera o acercara al mar por lo que tenían derecho a quedarse. 

A juicio del abogado, en tanto el Tribunal de Apelaciones dijo en su sentencia que no era discrecional la celebración de una vista, el DRNA debe celebrarla para aquellos dueños de estructuras en Buyé que impugnaron la denegatoria. Una vez, celebradas las vistas y sostenidas las denegatorias a las concesiones de aprovechamiento de la ZMT, será entonces cuando las órdenes de desalojo y eliminación pueden ser declaradas finales y firmes.

De acuerdo con la oficial de prensa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Nathalia Colón Cosme, el área donde se ubican las estructuras no tiene sistema de alcantarillado sanitario. Por los pasados cuatro años, la playa Buyé ha tenido 14 notificaciones ambientales que la declaran no apta para bañistas por el Programa de Monitoría de Playas debido principalmente a los niveles de enterococos, que indican contaminación fecal.

El alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, alegó que desconoce el conflicto legal que lleva casi una década entre el DRNA, el grupo de ciudadanos de Buyé y los propietarios de las estructuras en la Zona Marítimo Terrestre.

“Habría que ver las decisiones que toma Recursos Naturales porque hay unos derechos que han tenido [los dueños de las casas] por muchísimos años”, dijo Morales Wiscovitch cuando el CPI le explicó la controversia.

Cabo Rojo recibió 147,896 turistas del exterior en 2022, según estimados de Discover Puerto Rico. El turismo local y el de afuera hacen un uso intensivo de ese litoral costero.

Dramática pérdida de playas 

A unos 20 minutos de Buyé, por la PR-102, se observa la construcción de nuevos edificios y remodelaciones a pocos metros del mar y también en propiedades abandonadas en Joyuda.

Esta comunidad es un destino gastronómico común para turistas locales y extranjeros, con restaurantes justo en el litoral costero. De hecho, es un área tan urbanizada y comercializada que el público tiene que caminar varios metros para encontrar algún acceso a un limitado pedazo de playa que, para mayores males, ha sido golpeada malamente por la erosión costera.

Hasta octubre de 2023, en esta área en donde abundan los restaurantes con terrazas y edificios con muelles, sólo tres estructuras tenían concesiones para estar en la ZMT, según el listado del DRNA. 

El presidente del Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, Pedro Valle Carlo, denunció que las construcciones en la ZMT han dado paso a la pérdida de arena a lo largo de la costa de Joyuda.

“Es dramática la manera en la que se han eliminado las playas en la zona de Joyuda”, lamentó.

Según Valle Carlo, en la costa de Joyuda, existen decenas de viviendas abandonadas, como también hay nuevas construcciones de vivienda de lujo.

“Aquí te hacen mansiones a la orilla del mar y no pasa nada”, denunció el líder ambiental. 

De acuerdo con el estudio del estado de las playas, también se identificó migración de línea de agua en el Condominio Joyuda Beach. Cabo Rojo es uno de los pueblos con mayor migración de línea de agua tierra adentro con 0.50 kilómetros después de María, según el estudio del estado de las playas.

La Ley 33 de 2019 destaca que la planificación, la infraestructura y los edificios en Puerto Rico tienen que ser más resilientes ante el cambio climático.

Para Carl Soderberg, integrante del Comité de Expertos y Asesores ante el Cambio Climático, no es posible determinar cuánto Puerto Rico ha avanzado hacia la resiliencia debido a que la reconstrucción tras el huracán María apenas comienza pasados seis años. “Hay que esperar a que se reconstruya lo que hay que reconstruir porque se supone que tanto el Gobierno de Puerto Rico como FEMA han dado instrucciones para que lo que se construya sea de manera resiliente”, advirtió el integrante de la CEACC.

Una investigación del CPI en 2022 reveló que un 65% de los permisos de construcción aprobados por la Oficina de Gerencia y de Permisos (OGPe) entre 2015 y 2021, fueron para alguno de los 44 municipios costeros. El CPI solicitó a la agencia la base de datos de permisos de construcción aprobados desde enero de 2021 al presente en los pueblos costeros, pero al cierre de esta edición no los habían entregado.

El director del Centro Aplicado de Ingeniería y de Ciencias Oceánicas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Miguel Canals Silander, opinó que el avance que se ha podido lograr hacia la resiliencia ha sido por la presión que han ejercido las comunidades costeras a las agencias gubernamentales ante un sistema de permisos que, como en el caso del condominio Sol y Playa en Rincón, ha otorgado permisos incorrectamente.

“Esto ha logrado que, por lo menos, algunas agencias tengan más cautela al emitir permisos en las zonas costeras”, expresó en referencia a las denuncias de grupos ambientales en casos como el de Sol y Playa.  

El gobernador Pedro Pierluisi anunció la semana pasada una nueva versión del Single Business Portal, la plataforma utilizada para la gestión de permisos del Gobierno. Uno de los cambios es la validación automática y electrónica del permiso único, que será legitimado luego por un inspector, y del permiso de construcción, cuando haya cumplido con los endosos de las agencias pertinentes. Por el momento, este proceso se puede hacer en  20 municipios. 

Soluciones sin accionar

Luego de visitar las comunidades Buyé y Joyuda, en Cabo Rojo, otra de las paradas playeras más frecuentadas por turistas locales y extranjeros es La Parguera, en Lajas. 

Esta comunidad alberga una de las pocas bahías bioluminiscentes en el mundo, y ha cobrado notoriedad por las denuncias de violaciones ambientales de parte de los propietarios de las casi 150 construcciones que han estado por décadas enclavadas a lo largo de su litoral costero, a pesar de planes y acuerdos gubernamentales para manejar esta situación. 

Por ejemplo, el Plan de Manejo del Área de Planificación Especial del Suroeste–La Parguera dispone la eliminación de estructuras fijas a la orilla del mangle de la reserva natural, la protección de su vida silvestre, así como la prohibición de la ocupación ilegal de la ZMT. Este plan fue aprobado en 1995 tras un memorando de entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE) y el Estado Libre Asociado acordado casi dos décadas antes, el cual también prohibía la aprobación de permisos para más construcciones.

En agosto de 2023 el DRNA presentó cuatro querellas contra propietarios de estructuras en la reserva natural de La Parguera por posibles violaciones ambientales. Una de esas querellas es contra Irma Llavona Rivera y José Del C. Vargas Cortés, suegros de la comisionada residente y aspirante primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jenniffer González, por presuntamente depositar relleno y cortar mangle rojo para construir un tablado y una terraza sin los permisos necesarios en una de las casas flotantes de la zona costera. 

Estas querellas se suman a otras denuncias, no tan solo por construcciones en la reserva natural como las de los familiares de la Comisionada Residente, sino por los movimientos ilegales de corteza terrestre y por la muerte de manatíes ante la alta densidad de embarcaciones en épocas festivas. 

La Parguera, según la lista del DRNA, tiene solo cuatro construcciones con concesiones vigentes otorgadas a octubre de 2023. 

El oficial de prensa de la USACE para la región de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico, Luis A. Deyá, no respondió a preguntas del CPI sobre cuál ha sido el rol de la agencia federal en velar el cumplimiento del memorando de entendimiento con el gobierno local.

Dijo que la agencia federal está “al tanto” de lo que ocurre en La Parguera, pero que no comentaría sobre investigaciones en curso.

El exdirector del Programa de Manejo de la Zona Costanera del DRNA y coordinador del Comité de Cambio Climático, Ernesto Díaz Rodríguez, indicó que la agencia ha fallado en ejecutar las acciones remediativas disponibles para resolver controversias históricas como las de Buyé, así como otras comunidades costeras, como La Parguera, en Lajas, y Joyuda, en Cabo Rojo. Dijo que las funciones del programa que dirigía consistían en educar y desarrollar planes con los mejores datos disponibles.

“Hay una especie de laguna donde las acciones determinadas por los tribunales, las órdenes administrativas del Secretario de Recursos Naturales y los planes de manejo, fallan en su implementación”, reconoció.

De manera que la eficacia del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) — que está pendiente de ser aprobado por el Ejecutivo y el Legislativo — dependerá de que el Gobierno y el DRNA asignen los recursos para ejecutarlo, indicó Díaz Rodríguez. Actualmente, son mínimas o inexistentes las consecuencias para quienes violan leyes, órdenes judiciales y reglamentos ambientales, lo que presenta dudas sobre el cumplimiento del nuevo plan. 

La codirectora de la organización ambiental Amigxs del Mar, Vanessa Uriarte, mencionó que la incapacidad del Gobierno en hacer cumplir regulaciones existentes hace décadas es “prueba fehaciente” de que lo mismo ocurrirá con el plan.

“El Gobierno como un todo tiene que transformar radicalmente su visión de progreso y desarrollo”, dijo. “Esta solo beneficia y sustenta a aquellos con poder económico y deja atrás a la mayoría del País. (…) Sólo este tipo de transformación logrará que, en primer lugar, se implementen los planes ya vigentes y se puedan hacer los ajustes necesarios para lograr resultados justos, y que prioricen la justicia ambiental y climática para Puerto Rico”.

El director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Enlace Latino de Acción Climática, Federico Cintrón Moscoso, denunció que los secretarios de gabinete tienden a retrasar el cumplimiento de las leyes y las órdenes judiciales existentes por la presión de personas que se benefician de la desregulación ambiental.

“Hemos visto un trato discriminatorio de parte del Gobierno en la aplicación de reglamentos y leyes. Las comunidades con mayor poder adquisitivo tienden a ser protegidas por el Estado con mayor frecuencia”, indicó Cintrón Moscoso. “Las personas más afluentes tienen, no solo acceso a quienes toman las decisiones, sino que además, tienen recursos para bloquear la aplicación de tales reglamentos o beneficiarse de excepciones a estos”, añadió.

Luis Joel Méndez González es integrante de Report for America.