Las comunidades aledañas a los canales de riego cuyas condiciones empeoraron por las inundaciones causadas por el paso del huracán Fiona continuarán en riesgo pues no existen soluciones inmediatas que eviten las obstrucciones de estas zanjas durante eventos de lluvia extraordinaria.
Un 31% de los 242 sistemas de acueductos comunitarios registrados legalmente como franquicias no han solicitado los fondos de recuperación por los daños causados a la infraestructura por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.
Loíza es el pueblo de Los Cocoteros en el béisbol doble A, y este martes en la mañana, la veterana líder comunitaria Modesta Irizarry se coloca en posición de lanzadora segundos después de agarrar una piedra con la que quiere llamar la atención del Gobierno. La mujer de 52 años se para en un “montículo” imaginado en el área de los quioscos de Piñones y tira la piedra con toda su fuerza sobre un grupo de bolsas negras de basura. La recta que lanza Irizarry no poncha a nadie, pero sí levanta una cantidad inmensa de moscas, asusta a los gatos que escarban la basura y consolida la peste que ya afectaba el área al lado del quiosco Jireh Sea Food. Es un picheo de conciencia con toda la intención de levantar la indignación ciudadana.
El área se ha convertido en un pequeño vertedero clandestino. Esta mañana, dos hombres en una guagua negra pasan a lanzar basura y se llevan un catre que encontraron tirado en medio de la pestilencia.
Lejos de reducir el ritmo de construcción en las costas de Puerto Rico para afrontar el cambio climático, como han solicitado los expertos, la administración del gobernador Pedro Pierluisi pisó el acelerador para aprobar permisos de construcción en los litorales.
Durante su primer año en la gobernación, y ya entrados en la pandemia, la concesión de permisos de construcción en las costas aumentó 29%, en comparación con el 2020, según datos de la Oficina de Gerencia de Permisos analizados por el Centro de Periodismo Investigativo.
El pago de dietas, gastos de viaje, servicios profesionales, arrendamiento de equipos, reparación y compra de vehículos y materiales de oficina fueron el paradero de más de ocho millones en fondos públicos del destinados originalmente para la administración de las aguas del País.