Resumen
A pesar de que en Puerto Rico existe una robusta legislación ambiental y de los daños causados por los huracanes y tormentas, las autoridades gubernamentales han fracasado en ejecutar la política pública de protección costanera de manera efectiva y uniforme para atender los problemas de erosión, descargas sanitarias, proteger las barreras naturales e impedir la apropiación privada de los bienes públicos en nuestras playas.
Los reportajes recogidos en la serie Inefectiva la protección costera muestran que el Gobierno de Puerto Rico es incoherente en su política pública cuando, por un lado, emite órdenes ejecutivas con declaraciones de emergencia que buscan atender algunos de los problemas de la costa, pero por otro lado, aprueba permisos en áreas propensas a inundaciones.
El Gobierno ordenó hacer un inventario de los inmuebles abandonados en el litoral costero, pero al mismo tiempo permite la ocupación y la compra de estructuras abandonadas o solares desocupados en las costas del mar, contrario a las recomendaciones de los científicos y expertos en el tema ambiental y en perjuicio de las poblaciones más vulnerables.
CRÉDITOS
Directora editorial: Wilma Maldonado Arrigoitía
Periodistas: Luis Joel Méndez González, Wilma Maldonado Arrigoitía y Vanessa Colón Almenas
Editoras: Wilma Maldonado Arrigoitía, Carla Minet y Laura Candelas
Fotos: Jorge Ramírez Portela y Gabriel López Albarrán
Vídeos: Jorge Ramírez Portela y José Rodrigo Madera
Gráficas: Gabriela Carrasquillo Piñeiro
Editor de vídeos: Brandon Cruz González
Voz: Norenid Feliciano
Video
Historias en la serie
Inversionistas de Ley 22 atraídos por el desarrollo costero en medio de la crisis climática
30 de noviembre 2023
La experiencia de comunidades en Isabela y en Vega Baja muestra que el Gobierno de Puerto Rico actúa en contra de las recomendaciones de expertos y de su propia política pública, que se supone proteja los recursos costeros.
Act 22 Investors Attracted to Coastal Development Amid Climate Crisis
November 30, 2023
The experience of communities in Isabela and Vega Baja shows that the government of Puerto Rico acts against the recommendations of experts and its own public policy, which is supposed to protect coastal natural resources.
Letra muerta la orden de Pierluisi para remover estructuras en la Zona Marítimo Terrestre
5 de diciembre 2023
El caso de varias propiedades en la costa de Arecibo es una muestra de lo que ocurre en otras áreas del país, pero el Municipio ni Recursos Naturales toman acción, mientras se permiten construcciones en la zona afectada por la erosión.
Governor’s Order to Remove Structures in the Maritime Terrestrial Zone Is Ignored
December 5, 2023
The case of several properties on the Arecibo coast is an example of what is happening in other areas of Puerto Rico, but neither the Municipality nor the Department of Natural and Environmental Resources (DRNA, in Spanish) act, while construction is allowed in the area affected by erosion.
Inacción histórica en las costas pone en duda el Plan ante el Cambio Climático
12 de diciembre 2023
La falta de implementación de planes, órdenes judiciales y leyes existentes en áreas costeras en Buyé, Joyuda y La Parguera deja ver cuán compleja sería la implementación del Plan de Adaptación ante el Cambio Climático.
Historical Inaction Along the Coasts Calls Climate Change Plan Into Question
December 12, 2023
The noncompliance of existing plans, court orders and laws in southwestern coastal areas in Buyé, Joyuda, and La Parguera, shows how complex the implementation of the Climate Change Adaptation Plan would be.
Emprenden soluciones no gubernamentales para mitigar la erosión costera
27 de febrero 2024
Organizaciones sin fines de lucro desarrollan proyectos exitosos que pueden reproducirse en todo el litoral de Puerto Rico.
A propósito de la Semana del acceso a la información, hablemos del DRNA
15 de marzo 2024
Hace 10 meses comencé a entrevistar a residentes, activistas y líderes comunitarios de vecindarios costeros para conocer las consecuencias de la crisis climática en sus playas, especialmente por la erosión costera. Durante esas conversaciones, las personas denunciaban la compra de terrenos costeros, como ocurrió en el barrio Joyuda en Cabo Rojo y el desarrollo de proyectos residenciales de lujo en el barrio Bajuras, en Isabela.
Ese es el caso también del sector Quique Bravo, una pequeña comunidad en Isabela donde los beneficiarios inversionistas de la Ley 60, Daniel Grunberg y Tyson Carter, pretenden construir viviendas de lujo en una zona parcialmente inundable. Esta situación se repite en otros municipios costeros de Puerto Rico. En Vega Baja, Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick – también beneficiarios de la exención contributiva para inversionistas extranjeros – compraron terrenos ecológicamente sensitivos en playa Sarapá. En Arecibo, donde la familia Abreu Valentín ocupó estructuras abandonadas en la Zona Marítimo Terrestre de la comunidad Islote para expandir sus negocios de alquileres a corto plazo.
During Sunshine Week, let’s talk about the Department of Natural and Environmental Resources
March 15, 2024
Puerto Rico’s Center for Investigative Journalism has had to go to court three times in the past five years for the DRNA to hand over public documents.
Autores en la serie
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