Series

Los emails de la Junta

27 de noviembre 2018

Resumen

Hace un año y medio el Centro de Periodismo Investigativo presentó una demanda en contra de la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a las comunicaciones entre esa entidad, miembros del Congreso y funcionarios del Gobierno federal. También pedimos los correos intercambiados con el Gobierno de Puerto Rico, entre otros documentos. 

Como resultado, obtuvimos en octubre una primera entrega con más de 5,600 documentos, cartas y correos electrónicos. En ellos se descubre que miembros del Congreso y el Tesoro, entre otros funcionarios federales, piden cuentas a los miembros de la Junta, coordinan reuniones, hacen conexiones entre funcionarios o contratistas, intercambian documentos e intervienen en las expresiones públicas de la Junta. El CPI ha hecho públicos los emails citados en sus historias. 

La ley PROMESA establece que la Junta de Control Fiscal “no se considerará un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad dentro del Gobierno federal” de Estados Unidos, sino una entidad territorial y autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Pero los emails de la Junta dejan al descubierto la relación de poder sin límites que ejerce el Gobierno de EE UU sobre esa entidad. 

Historias en la serie

Miembros de la Junta fueron evaluados sin criterios definidos, antes de que se firmara PROMESA

20 de febrero 2024

Miembros de la Junta fueron evaluados sin criterios definidos, antes de que se firmara PROMESA

Los emails de la Junta

En la mañana del 15 de junio de 2016 llegó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos un correo electrónico con felicitaciones a un funcionario de alto nivel por la aprobación en la Cámara federal del proyecto de ley PROMESA, que impuso una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico.

“Sólo quería reiterar mi interés en una posición en la Junta de Supervisión”, escribió Robert Kurtter, un analista financiero que llevaba un año retirado de la casa acreditadora Moody’s. Había dirigido allí la división de financiamiento público, la misma que clasificó la deuda de Puerto Rico como chatarra, un elemento clave para que se impusiera la Junta a la que pretendía pertenecer.

En su mensaje, Kurtter aseguró que por medio de Moody’s y sus cabilderos en Washington, D.C., la firma Akin Gump, conseguiría reuniones en el Congreso para lograr su nominación con el staff del excongresista republicano, Sean Duffy, y del entonces presidente republicano de la Cámara, Paul Ryan.

Kent Hiteshew, entonces director de la Oficina de Finanzas Públicas Estatales y Municipales del Tesoro, recibió el email de Kurtter. Lo compartió con parte de su equipo con un mensaje: “FYI. Ex jefe de clasificaciones municipales de Moody’s. Tenemos su resumé — ya fue enviado a PPO [iniciales en inglés de la Oficina Presidencial de Personal]”.

.

A preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Kurtter dijo que a pesar de que tenía credenciales fuertes para formar parte de la Junta, los nombramientos eran “políticos en su naturaleza” y nunca tuvo el respaldo político en el Congreso. Rechazó que su interés representara un conflicto de interés, ya que Moody’s “es una firma reconocida a nivel mundial”, que no compra ni vende bonos, que fue el Gobierno de Puerto Rico y no la Junta la que emitió deuda, y que en ese momento, ya él se había retirado. Aseguró que nunca fue contactado para una entrevista y que su candidatura terminó ahí.

“No tengo conocimiento de ningún proceso de evaluación de candidatos, aunque imagino que hubo alguno. No llegué tan lejos”, añadió Kurtter.

Más de 3,100 páginas y documentos permiten ahora conocer cómo se escogieron los primeros siete miembros de la Junta de Control Fiscal, luego de ser obtenidos por el CPI como parte de una demanda que continúa activa bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés), contra el Departamento del Tesoro de EE.UU.. Los mensajes y anejos muestran un proceso informal, que comenzó meses antes de la aprobación de la ley PROMESA, y en el que una veintena de funcionarios del Tesoro y de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama escogieron y recomendaron candidatos sin criterios de selección claramente definidos.

En total, se consideró a más de 115 personas durante la primera ronda de nombramientos, reveló la agencia federal al CPI.

El 30 de agosto de 2016, más de un mes después del plan original, la administración Obama hizo público el nombramiento de los primeros siete miembros de la Junta: José Carrión, Carlos García, José Ramón González, Ana Matosantos, Arthur González, David Skeel y Andrew Biggs.

A siete años de esa primera ronda de nombramientos a la Junta, el Tesoro ya no tiene el control que tenía de la entidad, ni tampoco lidera el proceso de selección de sus miembros, como al inicio.

La administración del actual presidente Joseph Biden, tras el nombramiento reciente de Juan Sabater, tiene la oportunidad de llenar otra vacante y de reemplazar, si desea, a cualquiera de los otros cinco miembros actuales. De hacerlo, podría cambiar el balance ideológico de la Junta, en año de elecciones y con mayoría demócrata en el Senado.

La ley PROMESA fue la respuesta del Gobierno de EE.UU. a la crisis fiscal que enfrentó Puerto Rico en la pasada década. Desde el Tesoro y el Congreso, diseñaron un mecanismo de quiebra para Puerto Rico y sus otros territorios, pero condicionado a la imposición de una Junta de Control Fiscal. Esta entidad tiene amplios poderes sobre el Gobierno electo, incluyendo la aprobación del presupuesto del país, y sus miembros son nombrados desde Washington D.C. por el Presidente y los líderes congresionales, aunque su multimillonaria operación se paga con fondos del Gobierno de Puerto Rico.

Desde su inicio en septiembre de 2016, el funcionamiento de la Junta le ha costado más de $400 millones al erario de Puerto Rico, según los estados financieros auditados de la entidad. Al sumar el gasto en abogados y consultores para temas relacionados al caso de quiebra bajo PROMESA, la cifra sobrepasa los $1,500 millones, lo que convierte a la quiebra de Puerto Rico en la más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos.


Administración Biden tampoco es transparente sobre el proceso


Al cierre de esta edición, las preguntas enviadas al Tesoro y a la Casa Blanca sobre cuál es el proceso que están siguiendo para los nuevos nombramientos y qué criterios toman en consideración a la hora de evaluar candidatos, no fueron atendidas.

El CPI también contactó directamente a varios de los miembros originales de la Junta con preguntas relacionadas a sus nombramientos, pero no recibió respuesta de ninguno.

Aunque no se solicitó una reacción a la Junta, su director de comunicaciones, Matthias Rieker, escribió: “Sabemos que se ha comunicado con ciertos miembros de la Junta con preguntas sobre su proceso de nombramiento. De parte de ellos, sepa que la Junta de Supervisión rechaza hacer comentarios”.

Actualmente, la Junta está compuesta por tres republicanos, Skeel, Biggs y John Nixon, y tres demócratas, Arthur González, Betty Rosa, y el recién nominado Juan Sabater.

Una semana después de que el CPI cuestionara a la Casa Blanca sobre cuándo haría los nuevos nombramientos y si han seguido el mismo proceso del 2016, la administración Biden anunció a Sabater como el nominado elegido directamente por el Presidente.

Sabater, quien trabaja para la firma de inversiones Valor Equity Partners, ocupa la vacante que dejó Justin Peterson, quien fue nombrado por el presidente Donald Trump en 2020 y renunció en agosto de 2023.

Una semana antes del nombramiento de Sabater, la Junta negó al CPI tener información sobre nuevos nombramientos, y aseguró que su trabajo continuaba sin contratiempos a pesar de las vacantes.



Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal.
Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo

“La manera en que funciona la ley, y esto no es inusual para nombramientos en todo el gobierno federal, es que, en términos generales, si el término expira, los miembros de la Junta permanecen en sus puestos hasta ser reemplazados. Entonces, para nuestros propósitos, no crea ninguna inestabilidad”, dijo al CPI hace unos meses el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica.

La vacante que queda en la Junta sería cubierta con alguien de la lista que proponga el líder de mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer.







El Tesoro no quiere decir a quién consideró para la Junta


A principios del 2017, luego de que el entonces presidente de la Junta, José Carrión, dijera durante la primera reunión pública que el Tesoro había seguido un “proceso riguroso” de evaluación, el CPI solicitó al Tesoro todas las comunicaciones relacionadas a la evaluación y selección de los miembros de la Junta, un proceso a puertas cerradas del que se conoce muy poco. Más de cinco años después, y luego de una demanda presentada bajo FOIA que continúa activa, el Tesoro entregó 3,188 páginas, la mayoría de ellas completamente tachadas.



Descripción de la imagen

La agencia rechazó revelar el nombre de los candidatos evaluados pero no seleccionados ya que, según argumentó ante el tribunal, esto representaría a estas personas un bochorno (“embarrassment”) a nivel profesional y daño reputacional. El bochorno sería tan grande que representaría una violación indebida a su intimidad, alega el Tesoro.

La agencia federal añadió que la Junta “ha encontrado una desaprobación significativa en Puerto Rico” y que continúa siendo “profundamente impopular”.

.


Una revisión del CPI encontró que el Tesoro sólo reveló dos nombres de personas que fueron evaluadas pero no seleccionadas: Kurtter y Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía. Aunque según uno de los correos electrónicos rechazó el acercamiento en un inicio, Marxuach aceptó luego iniciar el proceso de vetting con la intención de ser nombrado a la Junta, tras ser recomendado por las congresistas demócratas Nancy Pelosi y Nydia Velázquez.

“Tuvimos una llamada y luego nada”, dijo Marxuach al CPI refiriéndose a una conversación telefónica con personal del Tesoro federal. Dijo que nunca supo cuáles eran los criterios de evaluación, ni el proceso que siguieron para finalmente descartarlo como candidato.

Recordó que durante la llamada, lo más que les interesó fue cuánto tiempo podía dedicarle a la Junta si era escogido.

“Si lo van a hacer [crear la Junta], tal vez estando adentro podía hacer algo para que no sea tan malo”, añadió el economista sobre por qué aceptó ser considerado para la Junta, a pesar de su oposición pública al mecanismo.

El caso del CPI contra el Tesoro aún está pendiente de una decisión del tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York sobre la confidencialidad de los nombres de aquellas personas evaluadas, pero no seleccionadas para estar en la Junta. Mientras que el CPI asegura que existe un alto interés público en conocer quiénes fueron considerados y descartados para pertenecer a la Junta, el Tesoro alega que esta información está protegida bajo el privilegio de proceso deliberativo y el derecho a la intimidad personal.

Para las siete sillas de la Junta, PROMESA estableció en el verano de 2016 un proceso de selección, que en ese momento, suponía escoger dos de seis candidatos de una lista que presentaría el entonces presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, otros dos de la de su homólogo en el Senado, el también republicano Mitch McConnell; uno de la líder de la minoría en la Cámara, la representante demócrata Nancy Pelosi; y otro del senador demócrata Harry Reid, líder de minoría del Senado. Un séptimo miembro sería nombrado por Obama.

El Presidente recibiría estos nombres, elegiría sus favoritos de cada lista, se iniciaría un proceso de evaluación, o vetting, de los finalistas, para luego ser nombrados y anunciados oficialmente.

Pero para cuando se aprobó la ley el 30 de junio de 2016, el grupo del Tesoro y de la Casa Blanca, desde su Oficina de Personal Presidencial y el Consejo Económico Nacional, llevaban desde abril de ese año barajando nombres para la Junta, según se observa en los correos entregados. Ese equipo preparó y compartió listas de candidatos a la Junta a partir de recomendaciones de distintas fuentes que ahora se conocen: desde políticos demócratas y republicanos, hasta grupos de bonistas, sindicatos, el gobernador Alejandro García Padilla y el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi, y personas con conexiones en el Gobierno federal.

Como parte del caso del CPI, el Tesoro admitió que solicitó nombres de “otros grupos interesados” y dijo que aunque la decisión final venía de los líderes congresionales, la agencia les sugirió nombres para sus listas y les dijo a quiénes debían incluir y a quiénes no, a base de la evaluación del Tesoro. Describió el proceso de deliberación como uno de “naturaleza única”, mediante el cual intercambiaron opiniones “cándidas”, que aparecen tachadas, y evaluaron “los méritos relativos” de distintos candidatos, los organizaron por “orden de preferencia” y debatieron quiénes “trabajarían bien juntos”.

La agencia jugó un “rol central” en este proceso luego de estar “profundamente involucrada” en la redacción de PROMESA. La lista de nombres “evolucionó en el tiempo y tomó distintas formas”. No fue hasta “cerca de culminar el proceso de selección”, según el Tesoro, que se delineó un calendario para consultar con los líderes congresionales sobre sus listas de candidatos, evaluar el cumplimiento ético de estas personas y anunciar oficialmente los nombramientos a la Junta.

Los nombres de los primeros siete miembros nombrados, incluyendo los asociados al Partido Republicano, ya estaban en el radar del Tesoro como candidatos a la Junta desde antes de la aprobación de la ley. Algunos candidatos, como el actual presidente David Skeel, tenían relación con el grupo del Tesoro que trabajó el tema de Puerto Rico desde enero del 2016.



Los “framing questions” del equipo del Tesoro


El 7 de julio de 2016, el secretario del Tesoro, Lew, lideró el “PR Staff meeting”, una reunión con su equipo de trabajo en la que discutieron la selección de miembros para la Junta y el comienzo de sus operaciones.

El grupo que trabajó el tema de Puerto Rico incluyó a Antonio Weiss, Kent Hiteshew, Adam Chepenik, Glen Sears, Laurie Richardson, Randall DeValk, Brad Setser, Anthony Vitarelli y Sam Valverde. Chepenik se convirtió un año más tarde en uno de los principales asesores de la Junta desde el sector privado, como empleado de la firma Ernst & Young. La firma también reclutó en aquel momento a Hiteshew, quien ha trabajado en temas relacionados a Puerto Rico. En el caso de Weiss, ha participado de conversatorios y publicado escritos sobre PROMESA (uno de ellos junto a Setser).

En esa reunión, que según el Tesoro fue cuando se estableció un proceso formal para seleccionar y nombrar los miembros de la Junta, el grupo atendió primero el calendario de trabajo para completar el proceso, seguido de cuatro preguntas guía — “framing questions” — que orientarían la evaluación de candidatos: si los candidatos estaban “asociados con Puerto Rico”, ya sea viviendo en la isla o en la diáspora; qué rol tendrían otras partes interesadas, o “outside stakeholders”, en el proceso de selección; cuál debía ser la perspectiva general entre los candidatos para “balancear los intereses en conflicto” por PROMESA; y cómo manejar conflictos de interés, y si surgía alguno, cuáles podrían permitirse (“waive”).

Este documento de las preguntas guía fue uno de dos identificados por el Tesoro como los que mejor describen los criterios que siguió para elegir candidatos a la Junta. El segundo es un correo electrónico con preguntas para el banquero José Ramón González, entonces candidato a la Junta: cuál debe ser la prioridad de la Junta; cómo se debe trabajar con las pensiones; qué tipo de expertise deben tener sus miembros; cuál es la mejor manera para garantizar un nivel de deuda sostenible y cuánto tiempo de trabajo podría dedicarle a la Junta.

“¿Qué medidas debería tomar la Junta al principio para establecer credibilidad ante los muchos puertorriqueños que ven a la Junta como una toma neocolonial del autogobierno de Puerto Rico? ¿Fomentaría usted a la Junta a ser lo más transparente y accesible posible?”, lee otra de las preguntas sugeridas. Las respuestas a las preguntas no están en los documentos entregados al CPI.

En la reunión de julio de 2016, también discutieron posibles nombres para la Junta, con una lista de candidatos que, además de los nombres, tenía datos sobre su relación con Puerto Rico, género, expertise, conflictos, trasfondo y orígen de la recomendación.

El último punto de la agenda era hablar sobre cómo el Tesoro brindaría “asistencia técnica” en la implementación de la Junta en Puerto Rico.



Tercera reunión pública de la Junta de Control Fiscal, celebrada en Puerto Rico. Las primeras dos reuniones públicas fueron en Nueva York.
Foto por Juan Costa | Centro de Periodismo Investigativo

El 6 de septiembre de 2016, una semana después de ser nombrada, la Junta pidió “asistencia técnica” al Tesoro, bajo la sección 104(c)(1) de PROMESA. Además de solicitar un modelo de reglamento de funcionamiento para usarlo de referencia para el de la Junta, el correo electrónico menciona específicamente seis puntos: la ley PROMESA, el presupuesto y estructura del Gobierno de Puerto Rico; la deuda pública, la liquidez, las cooperativas, y “una actualización del personal y firmas contratadas hasta el momento por las partes involucradas en asuntos relacionados a PROMESA y las labores de la Junta”.

El Tesoro envió un modelo de reglamento y organizó una reunión introductoria para los miembros de la Junta.

Además de la selección de miembros, los planes de trabajo en el Tesoro alrededor de la Junta incluyeron en esa etapa la colaboración con la Administración Federal de Servicios Federales (GSA), posibles contrataciones y empleados para la Junta, la redacción de sus estatutos y reglamentos, y adiestramientos sobre PROMESA a los miembros. También estuvo en agenda el Plan Fiscal, y cómo éste atendería las pensiones y el sector cooperativista, y la preparación para el litigio que traería PROMESA. En la categoría de “otros” estaban los planes de comunicación externa y cómo involucrar a partes interesadas en Puerto Rico y en la diáspora.


Departamento del Tesoro federal, en Washington D.C..
Foto tomada de Visualhunt.


La “lista final”


Ya para el 25 de julio de 2016, el Tesoro tenía una lista que identificaba a todos los miembros originales de la Junta, con excepción de García. Una lista “final” que muestra a seis de los siete candidatos que fueron nombrados circuló el 22 de agosto de 2016. García tampoco aparece en este documento, que incluye dos nombres que están tachados: un nominado republicano y un nominado republicano de “backup” o reserva.

Junto a Carrión, García era uno de los seis candidatos finales que recomendó el entonces presidente de la Cámara, Ryan. Este último compartió sus candidatos con el Tesoro desde al menos el 16 de mayo, más de un mes antes de aprobarse PROMESA. “No es un mal punto de partida”, escribió Weiss sobre la lista de Ryan, que ya incluía a García.



García y Carrión, ambos puertorriqueños, renunciaron a sus puestos en el verano del 2020. Poco tiempo después, el entonces presidente Donald Trump nombró a Justin Peterson y John Nixon en estas dos sillas. Peterson renunció el pasado mes de agosto y su puesto sigue vacante, mientras que Nixon continúa en la Junta.

Los otros dos nombramientos republicanos de la primera Junta, Biggs y Skeel, vinieron desde la oficina del senador McConnell. En el caso de Skeel, quien preside la Junta desde octubre del 2020, ya tenía una relación previa con el grupo del Tesoro, desde al menos principios de 2016, según muestran los correos electrónicos.

Trump renominó a Skeel en enero de 2021, después de hacer lo mismo un mes antes con Biggs.

Del lado demócrata, una lista compartida en los correos electrónicos el 5 de julio de 2016, clasifica candidatos entre “originales”, “adicionales” y “considerados pero no seleccionados”. El documento identifica entre la información tachada los nombres de Arthur González y José Ramón González como candidatos “originales”, y el de Ana Matosantos dentro de los “adicionales”.

El nombre de Matosantos, una experta en temas de presupuesto, fue recomendado por la National Governors Association (NGA), una organización política que reúne a los gobernadores de Estados Unidos. En el caso de Arthur González, el exjuez de quiebra estaba en una lista compartida por la representante Nydia Velázquez con Nancy Pelosi, según un correo electrónico de Antonio Weiss.

Ese mismo día, circuló otra lista de nombres que tenían el apoyo de las uniones American Federation of State, County & Municipal Employees (AFSCME), la Service Employees International Union (SEIU), y la American Federation of Labor & Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). Los nombres de las personas recomendadas aparecen tachados. Estas uniones han representado y negociado en representación de sus subsidiarias en Puerto Rico, como parte del proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA que afecta derechos de empleados y retirados del Gobierno.

Otros correos electrónicos muestran que tanto el entonces gobernador Alejandro García Padilla, como el ahora gobernador y entonces comisionado residente, Pedro Pierluisi, también sometieron nombres al Tesoro.

John Laufer, jefe de asuntos legislativos de Pierluisi, escribió a un funcionario del Tesoro: “Esta [lista] fue preparada por otros en mi oficina — el congresista [Pierluisi], su jefa de personal [Maí Vizcarrondo], personas inteligentes en Puerto Rico — así que no puedo dar fe de estos nombres personalmente”.

Al igual que en el resto de los documentos, los nombres de las personas recomendadas por la oficina del comisionado residente están tachados.

Puerto Rico Board Members Were Evaluated Without Defined Criteria, Before PROMESA Was Signed

February 20, 2024

Puerto Rico Board Members Were Evaluated Without Defined Criteria, Before PROMESA Was Signed

Los emails de la Junta

On the morning of June 15, 2016, an email arrived at the U.S. Department of the Treasury congratulating a high-level official for the approval in the U.S. House of the PROMESA bill, which imposed a Fiscal Control Board in Puerto Rico.

“I just wanted to reiterate my interest in a position on the Oversight Board,” wrote Robert Kurtter, a financial analyst who had been retired for a year from the credit-rating agency Moody’s. He had directed the public finance division there, the same one that classified Puerto Rico’s debt as junk, a key element for the establishment of the Board to which he wanted to belong.

In his message, Kurtter assured that through Moody’s and Akin Gump, the agency’s lobbyists in Washington, D.C., he would get meetings in Congress to obtain his nomination with the staff of former Republican Congressman, Sean Duffy, and the then Republican Speaker of the House, Paul Ryan.

Kent Hiteshew, then director of the Treasury’s Office of State and Municipal Public Finance, received Kurtter’s email. He shared it with part of his team with a message: “FYI. Former head of Moody’s state ratings group. We have his resume — previously forwarded to PPO [Presidential Personnel Office].”.

.

When asked by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish), Kurtter said although he had strong credentials to serve on the Board, the appointments were “political in nature” and he never had political support in Congress. He denied that his interest represented a conflict since Moody’s “is recognized world-wide,” that the firm does not buy or sell bonds, that it was the government of Puerto Rico and not the Board that issued debt, and that at that time, he had already retired. He claimed that he was never contacted for an interview and that his candidacy ended there.

“I do not have any knowledge of a process for candidate evaluation, although I imagine that one existed,” Kurtter added.

More than 3,100 pages and documents now allow us to know how the first seven members of the Fiscal Control Board were chosen, after being obtained by the CPI as part of a lawsuit under the Freedom of Information Act (FOIA) against the U.S. Department of the Treasury, which remains active. The email messages and attachments show an informal process, which began months before the approval of the PROMESA law, and in which around 20 officials from the U.S. Treasury and the White House during the Barack Obama administration chose and recommended candidates without clearly defined selection criteria.

In total, more than 115 people were considered during the first round of appointments, the federal agency revealed to CPI.

On August 30, 2016, more than a month after the original plan, the Obama administration made public the appointment of the first seven members of the Board: José Carrión, Carlos García, José Ramón González, Ana Matosantos, Arthur González, David Skeel and Andrew Biggs.

Seven years after that first round of appointments to the Board, the Treasury no longer has the control it had of the Board, nor does it lead the selection process of its members, like in the beginning.

The administration of current President Joseph Biden, following the recent appointment of Juan Sabater, can fill another vacancy and replace, if desired, any of the other five current members. Doing so could change the ideological balance of the Board, in an election year and with a Democratic majority in the Senate.

The PROMESA law was the U.S. Government’s response to the fiscal crisis that Puerto Rico faced in the past decade. The Treasury and Congress designed a bankruptcy mechanism for Puerto Rico and its other territories, but it was conditioned on the imposition of a Fiscal Control Board. This entity has broad powers over the elected government, including approving the island’s budget, and its members are appointed from Washington, D.C., by the President and congressional leaders, although its multimillion-dollar operation is paid for with funds from the government of Puerto Rico.

Since its inception in September 2016, operating the Board has cost the Puerto Rico coffers more than $400 million, according to the entity’s audited financial statements. When adding the expense of lawyers and consultants for issues related to the bankruptcy case under PROMESA, the figure exceeds $1.5 billion, making Puerto Rico’s bankruptcy the largest in the history of the United States’ municipal bond market.


Biden Administration is also secretive about the process


As of press time, questions sent to the Treasury and the White House about the process they are following for new appointments and what criteria they take into consideration when evaluating candidates were not answered.

The CPI also directly contacted several of the original Board members with questions related to their appointments but did not receive a response from any of them.

Although the Board was not asked for a reaction, its communications director, Matthias Rieker, wrote: “We are aware that you have contacted certain board members with questions about their appointment process. On their behalf, please note that the Oversight Board declines to comment.”

Currently, the Board is composed of three Republicans, Skeel, Biggs and John Nixon, and three Democrats, Arthur González, Betty Rosa, and the newly appointed Juan Sabater.

A week after the CPI questioned the White House about when it would make the new appointments and whether they have followed the same process as in 2016, the Biden administration announced Sabater as the nominee chosen directly by the President.

Sabater, who works for investment firm Valor Equity Partners, fills the vacancy left by Justin Peterson, who was appointed by President Donald Trump in 2020 and resigned in August 2023.

A week before Sabater’s appointment, the Board told CPI it did not have any information about new appointments and assured that its work continued without setbacks despite the vacancies.



Robert Mujica, executive director of the Fiscal Control Board.
Photo by Ricardo Arduengo | Center for Investigative Journalism

“The way the law works is, and this is not unusual for appointments across the federal government, generally speaking, if the term expires, the board members stay in place until they’re replaced. So, for our purposes, it doesn’t create any instability. We continue going without a hiccup until someone is replaced,” the Executive Director of the Board, Robert Mujica, told the CPI a few months ago.

The remaining vacancy on the Board would be filled with someone from the list proposed by Senate Majority Leader, Democrat Charles Schumer.







Treasury remains mum on who it considered for the Board


In early 2017, after then Board chairman, José Carrión, said during the first public meeting that the Treasury had followed a “rigorous process” of evaluation, the CPI requested all communications related to the evaluation and selection of Board members from the Treasury, a closed-door process about which very little is known. More than five years later, and after a lawsuit filed under the FOIA that remains active, the Treasury turned over 3,188 pages, most of them completely redacted.



Descripción de la imagen

The agency refused to reveal the names of the candidates considered but not selected since, as it argued before a federal court, this would cause professional embarrassment and reputational harm to those people. The embarrassment would be so great that it would represent an unwarranted invasion of their personal privacy, the Treasury alleges.

The federal agency added that the Board “has met with significant disapproval in Puerto Rico” and that it continues to be “deeply unpopular.

.


A CPI review found that the Treasury only revealed two names of people who were considered but not selected: Kurtter and Sergio Marxuach, director of Public Policy at the Center for a New Economy, a think tank in Puerto Rico. Although according to one of the emails he initially rejected the approach, Marxuach later agreed to start the vetting process with the intention of being appointed to the Board, after being recommended by Democratic Congresswomen Nancy Pelosi and Nydia Velázquez.

“We had a call and then nothing,” Marxuach told CPI, referring to a telephone conversation with U.S. Treasury personnel. He said he never knew what the evaluation criteria were, nor the process they followed to finally rule him out as a candidate.

He recalled that during the call, what they were most interested in was how much time he could dedicate to the Board if he was chosen.

“If they’re going to do it [create the Board], maybe being inside I could do something so that it isn’t that bad,” said the economist about why he agreed to be considered for the Board, despite his public opposition to the entity.

The CPI case against the Treasury is still pending a decision by the U.S. District Court for the Southern District of New York regarding the confidentiality of the names of those people considered, but not selected to be on the Board. While the CPI assures that there is a high public interest in knowing who was considered and rejected to belong to the Board, the Treasury alleges that this information is protected under the deliberative process privilege and disclosure would constitute an unwarranted invasion of their personal privacy.

PROMESA established a selection process in the summer of 2016 for the seven seats on the Board, which at that time involved choosing two of six candidates from a list that would be presented by the then Speaker of the House, Republican Paul Ryan, two others from that of his counterpart in the Senate, fellow Republican Mitch McConnell; one from House Minority Leader Democratic Rep. Nancy Pelosi; and another from Democratic Senator Harry Reid, Senate minority leader. A seventh member would be appointed by Obama.

The President would receive these names, choose his favorites from each list, a process of evaluation, or vetting, of the finalists would begin, and then they would be officially named and announced.

But by the time the law was approved on June 30, 2016, the Treasury and White House group, from its Office of Presidential Personnel and the National Economic Council, had already been considering names for the Board since April of that year, according to the emails disclosed. That team prepared and shared lists of candidates for the Board based on recommendations from different sources that are now known: from Democratic and Republican politicians to bondholder groups, unions, Governor Alejandro García Padilla and the then Resident Commissioner Pedro Pierluisi, and people with connections in the federal government.

As part of the CPI case, Treasury admitted that it requested names from “other interested groups” and said although the final decision came from congressional leaders, the agency suggested names for their lists and told them who they should include and who they should not, based on the Treasury’s evaluation. It described the deliberation process as one of a “unique nature,” through which they exchanged “candid” opinions, which appear redacted, and evaluated “the relative merits” of different candidates, organized them in “order of preference” and debated who would “work well together.”

The agency played a “central role” in this process after being “deeply involved” in the drafting of PROMESA. The list of names “evolved over time and took numerous forms.” It wasn’t until “near the conclusion of the selection process,” according to the Treasury, that a schedule was outlined to consult with congressional leaders about their lists of candidates, evaluate the ethical compliance of these individuals, and officially announce the appointments to the Board.

The names of the first seven members appointed, including those associated with the Republican Party, were already on the Treasury’s radar as candidates for the Board before the law was passed. Some candidates, such as current president David Skeel, had a relationship with the Treasury group that has worked on the Puerto Rico issue since January 2016.



The Treasury team’s ‘framing questions’


On July 7, 2016, Treasury Secretary Jack Lew led the “PR Staff meeting”, a meeting with his staff in which they discussed the selection of members for the Board and the launch of its operations.

The group that worked on the Puerto Rico issue included Antonio Weiss, Kent Hiteshew, Adam Chepenik, Glen Sears, Laurie Richardson, Randall DeValk, Brad Setser, Anthony Vitarelli and Sam Valverde. Chepenik became one of the Board’s main advisors from the private sector a year later, as an employee of the firm Ernst & Young. The firm also recruited Hiteshew at that time, who has worked on issues related to Puerto Rico. In the case of Weiss, he has participated in discussion panels and published papers about PROMESA (one of them with Setser).

During that meeting, which according to the Treasury was when a formal process was established to select and appoint members of the Board, the group first reviewed its timeline to complete the process, followed by four guiding questions — “framing questions” — that would guide the evaluation of candidates: whether the candidates were “associated with Puerto Rico,” whether they lived on the island or in the diaspora; what role “outside stakeholders” would have in the selection process; what should be the general perspective among the candidates to “balancing the competing equities” with PROMESA; and how to manage conflicts of interest, and if any arose, which ones could be waived.

This document was one of two identified by the Treasury as best describing the criteria it followed in selecting Board candidates. The second is an en email with questions for banker José Ramón González, then a candidate for the Board: which task should be the Board’s priority; how should the Board treat pensions; what type of expertise its members should have; what is the best way to ensure a sustainable level of debt and how much work time could he dedicate to the Board.

“What steps should the Board take in the early going to establish credibility, including the many Puerto Ricans who view the Board as a neo-colonial takeover of Puerto Rico's self-governance? Would you encourage the Board to be as transparent and accessible as possible?” is another of the suggested questions. The answers to the questions are not included in the documents produced to the CPI.

At the July 2016 meeting, they also discussed possible names for Board’s members, with a list of candidates that, in addition to the names, had data on their relationship with Puerto Rico, gender, expertise, conflicts, background and source of their recommendation.

The last item on the agenda was to discuss how the Treasury would provide “technical assistance” in the implementation of the Board in Puerto Rico.



Third public meeting of the Fiscal Control Board, held in Puerto Rico. The first two public meetings were in New York.
Photo by Juan Costa | Center for Investigative Journalism

On September 6, 2016, a week after being appointed, the Board requested “technical assistance” from the Treasury, under section 104(c)(1) of PROMESA. In addition to requesting an example of bylaws to use as a reference for the Board, the email specifically mentions six points: the PROMESA law, the government of Puerto Rico’s budget and structure; public debt, liquidity, credit unions, and “an update of the personnel and firms hired so far by the parties involved in matters related to PROMESA and the work of the Board.”

The Treasury sent bylaws and organized an onboarding meeting for Board members.

In addition to the selection of members, work plans at the Treasury related to the Board included collaboration with the federal General Services Administration (GSA), possible hiring and staffing for the Board, the drafting of its bylaws and regulations, and training on PROMESA to members. The Fiscal Plan was also on the agenda, and how it would address pensions and the credit unions sector, and preparation for the litigation that PROMESA would bring. In the “other” category were external communication plans and how to involve stakeholders in Puerto Rico and the diaspora.


U.S. Department of the Treasury, in Washington D.C.
Photo taken from Visualhunt.


The ‘final list’


By July 25, 2016, the Treasury had a list that identified all the original members of the Board, except for García. A “final” list showing six of the seven candidates who were named circulated on August 22, 2016. García does not appear in this document, which includes two names that are redacted: a Republican nominee and a “backup” Republican nominee.

Along with Carrión, García was one of the final six candidates recommended by then-House Speaker Ryan. The latter shared his candidates with the Treasury since at least May 16, more than a month before PROMESA was approved. “Not [a] bad point of departure,” Weiss wrote of Ryan’s list, which already included García



García and Carrión, both Puerto Ricans, resigned from their positions in the summer of 2020. Shortly after, then-President Donald Trump appointed Justin Peterson and John Nixon to these two chairs. Peterson resigned last August, and his seat remains vacant, while Nixon remains on the Board.

The other two Republican appointees to the first Board, Biggs and Skeel, came from Senator McConnell’s office. In the case of Skeel, who has chaired the Board since October 2020, he already had a previous relationship with the Treasury group, since at least early 2016, emails show.

Trump renominated Skeel in January 2021, after doing the same a month earlier with Biggs.

On the Democratic side, a list shared in emails on July 5, 2016, classifies candidates among “original,” “additional,” and “considered but not selected.” The document identifies among the redacted information the names of Arthur González and José Ramón González as “original” candidates, and that of Ana Matosantos among the “additional” ones.

Matosantos, who is an expert on budget issues, was recommended by the National Governors Association (NGA), a political organization that brings together U.S. governors. In the case of Arthur González, the former bankruptcy judge was on a list shared by Rep. Nydia Velázquez with Nancy Pelosi, according to an email from Antonio Weiss.

That same day, another list of names circulated that had the support of the American Federation of State, County & Municipal Employees (AFSCME), the Service Employees International Union (SEIU), and the American Federation of Labor & Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO). The names of those recommended are redacted. These unions have represented and negotiated on behalf of their subsidiaries in Puerto Rico as part of the bankruptcy process under Title III of PROMESA which affects the rights of government employees and retirees.

Other emails show that both then-governor Alejandro García Padilla and the now-governor and then-Resident Commissioner, Pedro Pierluisi, also submitted names to the Treasury.

John Laufer, Pierluisi’s chief of legislative affairs, wrote to a Treasury official: “This [list] was prepared by others in my office — the Congressman [Pierluisi], CoS [chief of staff Maí Vizcarrondo], smart folks in PR — and so I cannot vouch for it personally.”

As with the rest of the documents, the names of people recommended by the resident commissioner’s office are redacted.

La estrecha relación entre la funcionaria de FEMA bajo investigación y Noel Zamot

29 de mayo 2019

Antes de que se otorgara un nuevo contrato a Cobra Acquisitions, Ahsha Tribble se reunió con Zamot en las oficinas de la Junta para discutir asuntos relacionados a la empresa. También participaron ejecutivos de Cobra y de Filsinger Energy Partners, que funge de asesor del obierno de Rosselló en la reestructuración de la AEE.

McKinsey: bonista de Puerto Rico y principal asesor de la Junta

12 de diciembre 2018

La firma de consultoría financiera más grande del mundo coordina las operaciones de la Junta de Control Fiscal, según demuestran los emails obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo. También es bonista de Puerto Rico y objeto de múltiples investigaciones, incluyendo una comisionada por el propio ente rector impuesto por la ley PROMESA.

El cinturón de seguridad de la Junta de Control Fiscal

5 de diciembre 2018

En total la Junta ha gastado $75,454 en seguridad privada o federal para sus encuentros públicos desde que comenzó funciones, aunque la Policía de Puerto Rico no ha ofrecido la información sobre los costos del operativo policial local para cada reunión de la entidad. Entre julio de 2017 y abril de 2018, los agentes de la Policía de Puerto Rico asignados a la protección personal de Carrión reclamaron 4,540 horas, por las que se desembolsaron $125,397.

Senadores republicanos promovieron “en voz baja” la privatización de la AEE

29 de noviembre 2018

Los senadores republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Mike Lee, de Utah, querían mantener en secreto su interés de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico. Casi un mes después de que el huracán María destruyera el sistema energético del país, un representante de Flake comenzó a enviar correos electrónicos a Andrew Biggs, un conservador experto en planes de retiro e integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad nombrada por el Gobierno federal para asegurarse de que Puerto Rico pague su deuda pública. “Las oficinas de Flake y Lee han estado impulsando en voz baja la idea de legislación para la privatización de la AEE por la cual los miembros de la JCF han abogado”, escribió Chuck Podolak, entonces asesor del senador Flake, al buzón de Biggs. “Somos novatos en el juego de la AEE y queremos saber si nos pueden dar unos minutos al teléfono para tener trasfondo acerca de qué se ha pensado para hacer esto [la privatización]”, continuaba Podolak. Estas comunicaciones con miembros de la JCF no sólo revelan la intención de ambos senadores de mover los hilos de la privatización de forma encubierta desde el teatro de poder federal, sino que demuestran la profundidad de la subordinación política del territorio puertorriqueño ante EE UU.

Los documentos que la Junta quiere ocultar

28 de noviembre 2018

La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico rehusó entregar un sinnúmero de comunicaciones entre la entidad y oficiales del Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Tesoro y otras agencias del Gobierno federal, alegando que son documentos confidenciales, como parte de un pleito de acceso a la información que lleva el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace un año y medio. En una carta de dos páginas, con fecha del 21 de noviembre y dirigida a la representación legal del CPI, los abogados de la Junta argumentan que la divulgación de ciertos correos y documentos anejos afectaría la economía de la isla, los mercados de capital, investigaciones criminales en curso y “la habilidad de la Junta de ejercer sus poderes estatutarios”. La entidad impuesta mediante la ley PROMESA por el Gobierno de Estados Unidos solamente menciona a grandes rasgos sus justificaciones y provee descripciones generales sobre los documentos retenidos, cuya cantidad es desconocida. Tampoco nombra las personas que forman parte de las comunicaciones que permanecen fuera del dominio público. La demanda que el CPI lleva en contra de la entidad va dirigida a obtener acceso a las comunicaciones entre el ente rector, el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico.

Retratada la influencia del Gobierno federal sobre la Junta de Control Fiscal

28 de noviembre 2018

“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes, 21 de marzo de 2017. Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó:

“Sí, hay mucha atención sobre la controversia GO/Cofina. Cada grupo [de acreedores] está escalando su retórica. La Junta está presionando para que se dé un progreso significativo. El reto es el sobrante limitado [primary surplus] proyectado como disponible para el servicio de la deuda en los primeros 10 años.

Autores en la serie

Centro de Periodismo Investigativo

Centro de Periodismo Investigativo

El Centro de Periodismo Investigativo es una organización sin fines de lucro que reconoce que el requisito fundamental para las aspiraciones democráticas es que la ciudadanía esté bien informada y que existan entidades independientes con la capacidad de fiscalizar los poderes que accionan en la sociedad, sean públicos o privados.

¡APOYA AL CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO!

Necesitamos tu apoyo para seguir haciendo y ampliando nuestro trabajo.