“¿Ya comenzaron a involucrarse con los acreedores?”, preguntó Ted McCann entonces asesor del presidente de la Cámara, Paul Ryan (R-Wisconsin), a Carlos García, miembro de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, en un correo electrónico con fecha del martes, 21 de marzo de 2017. Al cabo de unas horas, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), cuyo nombramiento a la Junta fue impulsado por la oficina de Ryan, contestó:

“Sí, hay mucha atención sobre la controversia GO/Cofina. Cada grupo [de acreedores] está escalando su retórica. La Junta está presionando para que se dé un progreso significativo. El reto es el sobrante limitado [primary surplus] proyectado como disponible para el servicio de la deuda en los primeros 10 años.

La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico rehusó entregar un sinnúmero de comunicaciones entre la entidad y oficiales del Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Tesoro y otras agencias del Gobierno federal, alegando que son documentos confidenciales, como parte de un pleito de acceso a la información que lleva el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace un año y medio. En una carta de dos páginas, con fecha del 21 de noviembre y dirigida a la representación legal del CPI, los abogados de la Junta argumentan que la divulgación de ciertos correos y documentos anejos afectaría la economía de la isla, los mercados de capital, investigaciones criminales en curso y “la habilidad de la Junta de ejercer sus poderes estatutarios”. La entidad impuesta mediante la ley PROMESA por el Gobierno de Estados Unidos solamente menciona a grandes rasgos sus justificaciones y provee descripciones generales sobre los documentos retenidos, cuya cantidad es desconocida. Tampoco nombra las personas que forman parte de las comunicaciones que permanecen fuera del dominio público. La demanda que el CPI lleva en contra de la entidad va dirigida a obtener acceso a las comunicaciones entre el ente rector, el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico.

Los senadores republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Mike Lee, de Utah, querían mantener en secreto su interés de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico. Casi un mes después de que el huracán María destruyera el sistema energético del país, un representante de Flake comenzó a enviar correos electrónicos a Andrew Biggs, un conservador experto en planes de retiro e integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad nombrada por el Gobierno federal para asegurarse de que Puerto Rico pague su deuda pública. “Las oficinas de Flake y Lee han estado impulsando en voz baja la idea de legislación para la privatización de la AEE por la cual los miembros de la JCF han abogado”, escribió Chuck Podolak, entonces asesor del senador Flake, al buzón de Biggs. “Somos novatos en el juego de la AEE y queremos saber si nos pueden dar unos minutos al teléfono para tener trasfondo acerca de qué se ha pensado para hacer esto [la privatización]”, continuaba Podolak. Estas comunicaciones con miembros de la JCF no sólo revelan la intención de ambos senadores de mover los hilos de la privatización de forma encubierta desde el teatro de poder federal, sino que demuestran la profundidad de la subordinación política del territorio puertorriqueño ante EE UU.

En total la Junta ha gastado $75,454 en seguridad privada o federal para sus encuentros públicos desde que comenzó funciones, aunque la Policía de Puerto Rico no ha ofrecido la información sobre los costos del operativo policial local para cada reunión de la entidad. Entre julio de 2017 y abril de 2018, los agentes de la Policía de Puerto Rico asignados a la protección personal de Carrión reclamaron 4,540 horas, por las que se desembolsaron $125,397.

La firma de consultoría financiera más grande del mundo coordina las operaciones de la Junta de Control Fiscal, según demuestran los emails obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo. También es bonista de Puerto Rico y objeto de múltiples investigaciones, incluyendo una comisionada por el propio ente rector impuesto por la ley PROMESA.

Antes de que se otorgara un nuevo contrato a Cobra Acquisitions, Ahsha Tribble se reunió con Zamot en las oficinas de la Junta para discutir asuntos relacionados a la empresa. También participaron ejecutivos de Cobra y de Filsinger Energy Partners, que funge de asesor del obierno de Rosselló en la reestructuración de la AEE.