Sin pruebas masivas y sin estadísticas completas de mortalidad, es imposible cuantificar cuántas personas han sido infectadas y han muerto por COVID-19 en Haití. Pero una cosa es clara, las autoridades sanitarias de Haití no han tenido control sobre la propagación del virus en el país.
Ahora el impacto concreto del aumento del nivel del mar y de las temperaturas, y los fenómenos meteorológicos extremos no son una proyección futura, sino una dura realidad. La investigación regional de CPI documentó que ya están ocurriendo inundaciones continuas, desplazamientos de poblaciones, pérdida significativa de costas e impactos sobre negocios turísticos en lugares como Puerto Rico, BVI, USVI, Dominica, Panamá, República Dominicana y Haití.
Climate change effects like rising sea-level, more rainfall and stronger hurricanes are quickly eroding the coasts of vulnerable Caribbean islands and actively destroying community life and economic activity in plain sight with little to no governmental or international action to protect citizens. Hurricane’s Irma and Maria terribly exposed this institutional neglect in Puerto Rico, US Virgin Islands, and British Virgin Islands where infrastructure collapsed, and coastal constructions were destroyed by storm surge and erosion. Politics play an important role in lack of action and visibility of these island-colonies -and about 10 others in the region- in official world global warming efforts because their data is not considered and they are not included in their analysis.
Juliana Deguis Pierre tiene 30 años, nació y vive en la República Dominicana, muy lejos del país de sus padres: Haití. Pero no tiene ciudadanía. Al cumplir los 18 años, trató de sacar su cédula de identidad y le fue negada. En la República Dominicana la cédula sirve para trabajar, votar, sacar una tarjeta de ahorro y declarar a tus hijos, es decir, algunos de los derechos básicos de cualquier ciudadano. Pero para esta nueva generación de ascendencia haitiana nacida en República Dominicana, conseguir la cédula es una lotería.
El cambio migratorio, que se comenzó a percibir con el aumento de haitianos capturados por autoridades del gobierno de Estados Unidos en 2012, dos años después del terremoto que devastó el país antillano, se marcó en 2013 con un alza de un 434%. Ese año, fue aprobada la legislación que retira la ciudadanía a miles de ciudadanos dominicanos hijos de inmigrantes haitianos.
Tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha levantado la voz de alerta sobre el uso doméstico de estos drones denunciando su uso contra ciudadanos estadounidenses.
