Federales dan un pase a las narco fortunas

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Las agencias federales que se sentaron recientemente con el Gobernador Luis Fortuño a firmar un controvertible acuerdo de cooperación pueden ser las causantes de que el narcotráfico todavía siga siendo un buen negocio en Puerto Rico, según un nuevo informe de la Administración Federal Antidrogas (DEA).

Además, el documento apunta a que una parte “sustancial” de los médicos en la Isla están involucrados en el delito de recetar medicinas a residentes de los estados sin justificación médica, una conducta que un grupo de senadores novoprogresistas acaba de conseguir que sea legalizada.

La “Evaluación de Amenaza” que hace la DEA para Puerto Rico correspondiente a 2010 indica que hay “una aparente falta de actividad proactiva de parte de las agencias federales de ley y orden a la hora de seguir las pistas que dan las instituciones financieras” a través de los informes de actividad sospechosa (SAR por sus siglas en inglés).

Estos informes están diseñados para detectar las actividades financieras sospechosas e indicativas de lavado de dinero en bancos, casas de envío de efectivo (conocidas como ‘cashitos’), casinos, y bancos de inversiones.

El Centro de Periodismo Investigativo confirmó que Puerto Rico regularmente genera más SAR en estos renglones que lo que lo hacen la mitad de los estados. Por ejemplo, las estadísticas que abarcan hasta el año pasado reflejan que ocupamos el lugar 14 en la cantidad de SAR generados en casinos, el 19 en ‘cashitos’, el 28 en bancos, y el 27 en la banca de inversiones.

El acuerdo firmado en Fortaleza otorga jurisdicción federal prácticamente automática en todos los casos de asesinato con armas de fuego, pero no contempló nada relacionado con los delitos financieros que, según la evaluación de la DEA, están tan directamente atados al narcotráfico como lo pueden estar los crímenes violentos.

Mientras que la Fiscal Federal interina, Rosa Emilia Rodríguez, y el jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Luis Fraticelli, posan al lado del Gobernador durante la firma de acuerdos protocolarios, los bancos de la Isla se afanan por someter informes de actividad sospechosa que quedan en nada dándole así paso libre a las actividades financieras que usualmente son la espina dorsal del narcotráfico.

“Es harto conocido que los comentarios de la comunidad bancaria reflejan una preocupación creciente de que los SAR que se generan no son leídos, y, si lo son, no se está actuando sobre ellos a la hora de seguir pistas de actividad ilícita”, señala el informe que obtuvo el CPI.

“Si esta impresión prevalece en el sector bancario, podría eventualmente erosionar la confianza e impactar adversamente la moral cuando se vea que los posibles violadores de la ley siguen cometiendo las mismas operaciones financieras sospechosas sin ninguna consecuencia aparente. Esto puede promover un mito peligroso de que las agencias federales no le están dando seguimiento a las pistas que generan los oficiales en las entidades financieras”, añade el informe.

Para contrastar, la DEA indica que, tan sólo en 2008, agentes de inmigración y aduanas dedicados a detectar el tráfico de dinero en efectivo incautaron $8.4 millones y arrestaron a 16 personas, pero advierte que, por “impresionante” que sea esa cantidad, no se sabe realmente cuánto dinero ilícito se mueve en la Isla.

El manejo de los SAR entre los bancos de la Isla es materia de alta prioridad desde que, en el 2003, el Banco Popular aceptó pagar una multa de $21.6 millones para evitar una investigación criminal por su negligencia en el manejo de los SAR, particularmente en el caso de un cliente que depositaba cientos de miles de dólares en efectivo en su sucursal de Viejo San Juan.

La dejadez que acusa el informe ocurre a pesar de que en 2000 Puerto Rico se convirtió en una de sólo siete Áreas de Alta Incidencia de Crímenes Financieros (HIFCA) que están designadas en todo Estados Unidos y la única que no está localizada en el continente.


La clase médica trafica “sustancialmente”

Otro componente de la evaluación de amenaza es el expendio ilegal de medicinas con recetas, algo que, según la DEA, impera en la Isla debido al auge aquí del negocio de las farmacias cibernéticas.

“En Puerto Rico, los doctores y las farmacias conspiran para suplir a los puntos de droga en los residenciales públicos con sustancias controladas que son vendidas junto a drogas ilícitas. Puerto Rico juega un papel significativo en el desvío ilícito de fármacos a través de internet. Un número sustancial de los médicos certificados en Puerto Rico están involucrados en el expendio de sustancia controladas a individuos en los estados sin una necesidad médica legítima”, explica la DEA en su informe.

Percoset ($15 la tableta), Xanax ($6), Metadona ($100), Oxycontin ($1), y Valium ($5) son las sustancias controladas que más trafica la clase médica de la Isla.

En relación a este cuadro de tráfico de sustancias controladas, un grupo de senadores novoprogresistas acaba de impulsar dos proyectos que el Gobernador firmó y que legalizan en la Isla el trámite de recetas por internet.

Los senadores Roberto Arango, Héctor Martínez, Lornna Soto, y Ángel Martínez sometieron los proyectos para adoptar como política pública el “e-prescribing”, o recetar medicamentos por internet, (Ley 138), y para atemperar la Ley de Sustancias Controladas a este “e-prescribing” (Ley 64).


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