La AEE planificaba cambiar en diciembre los interruptores en los que se originó el apagón

El área de interruptores donde ocurrió el incendio de la Central Costa Sur, que provocó el gran apagón del pasado miércoles, debió estar renovada hace cuatro meses, en diciembre de 2021. Así estaba pautado en el plan de trabajo original con el que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) accederá a $10.7 mil millones en fondos federales de recuperación. Pero, tras la entrada de LUMA en junio de 2021 para administrar el sistema de transmisión y distribución, los procesos se retrasaron y la fecha para completar las reparaciones en la central se pospuso para febrero de 2023, según se desprende de documentos del Negociado de Energía y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), revisados por el Centro de Periodismo Investigativo.  

Avería en breaker de salida de Unidad #5 de Costa Sur al 230kv ocasionó la salida de las unidades 5 y 6 de la Central. El sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando. pic.twitter.com/ZFAR6GocY2— Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) April 7, 2022

Las labores de recuperación en Costa Sur, Guayanilla, incluían reemplazar cuatro interruptores de las líneas de transmisión de 230 kilovatios, porque ya cumplieron su vida útil y están obsoletos.

Procesión sobre los estragos de un crimen ambiental en el Camino del Indio

A las 10:07 a.m. comienza la procesión. Y aunque estamos en cuaresma, la caminata nada tiene que ver con la Semana Santa y sus ritos. Un grupo de legisladores, directivos y empleados de agencias del Gobierno de Puerto Rico quiere ver de primera mano los estragos del crimen ambiental que por años ocurrió en la Reserva Nacional Estuarina Bahía Jobos en Salinas. 

Una flota de carros oficiales ocupa la entrada del Camino del Indio, que está en la comunidad Las Mareas y la Reserva. No falta el despliegue de policías. Los políticos cambiaron la corbata y la chaqueta por camisas impermeables marca Columbia, sombreros de playa y gorras.

Local and Federal Negligence Enables Environmental Crime in the Bahía Jobos Reserve in Salinas

For decades, an environmental crime has been taking place in the Bahía Jobos Reserve in Salinas before the eyes of many and implicates multiple branches of the government of Puerto Rico and the federal government that have been consistently negligent in carrying out their duties, an investigation by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) revelead. 

The matter at hand is the illegal occupation and construction, the deforestation of mangroves, the filling of wetlands and the sanitary discharges to the sea in an area of the high ecological value of the terrestrial maritime zone. There is a conflict over the land ownership where the reserve is located. To date, there is no study related to the title for the land, where there are occupants with deeds that refer to the 1898 Treaty of Paris, Department of Natural and Environmental Resources (DRNA, in Spanish) Secretary Rafael Machargo confirmed in an interview with the CPI. The Jobos Bay National Estuarine Research Reserve, whose 2,800 acres belong mainly to the DRNA, was acquired with funds from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and has been managed with federal money since 1981, so there is joint jurisdiction over it. It is the only one of its kind in the Caribbean and one of only 29 in the United States and its territories.

Negligencia local y federal propicia crimen ambiental en la Bahía de Jobos en Salinas

Por décadas, un crimen ambiental ha estado ocurriendo en la Reserva Bahía Jobos en Salinas ante los ojos de muchos e implica a múltiples ramas del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno federal que han sido consistentemente negligentes en el descargo de sus funciones, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Se trata de la ocupación y construcción ilegal, la deforestación de mangles, el relleno de humedales y las descargas sanitarias al mar en un área de alto valor ecológico de la zona marítimo terrestre. 

Existe un conflicto por la titularidad de las tierras donde se ubica la reserva y al día de hoy no existe un estudio de título de los terrenos, donde hay ocupantes con escrituras que remiten al Tratado de París de 1898, confirmó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, en entrevista con el CPI. 

La Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía Jobos, cuyos 2,800 acres pertenecen en su mayoría a DRNA, fue adquirida con fondos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y es manejada con dinero federal desde 1981, por lo que hay jurisdicción conjunta sobre ella. Es única en su tipo en el Caribe y una de tan solo 29 en todo Estados Unidos y sus territorios. El daño ambiental en el área de la Reserva comenzó por lo menos a partir de los años 1970, aumentó en la década del 2000, y aceleró sin control entre 2017 y 2020, según fotos aéreas y testimonios obtenidos por el CPI. 

Cuando se le preguntó a Machargo por qué él y sus antecesores en el DRNA no activaron a la Policía de Puerto Rico para detener la tala, los rellenos de terrenos y las construcciones ilegales, se justificó diciendo que las actividades ocurrían en altas horas de la tarde, noche y madrugada. La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, quien aceptó tener conocimiento desde que entró funciones en 2013, dijo que no tiene jurisdicción y que hacía los referidos al DRNA.

Puerto Rico’s Government has Problems Complying With its Transparency and Open Data Laws

More than two years ago, laws were passed to ensure the availability of specific data generated by public agencies and to establish procedures to access government information. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found that the government has appointed 98% of the Public Records Officers and only 36% of the Data Officers in the agencies, while the contact information for the majority of these appointed officials has not been made available to the public. Approximately 20% of both types of officers’ appointments occurred after the CPI sent public information requests in January. In an exercise to oversee the implementation of Act 122 of 2019, “Puerto Rico Open Government Data Act,” and Act 141 of 2019, “Transparency and Expedited Procedure for Public Records Access Act,” the CPI sent information requests on the compliance of these statutes to La Fortaleza (the Governor’s Office), the Office of Management and Budget (OGP, in Spanish), and the Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS). In light of the information received in response to these requests, it is clear that there is duplicity, and even confusion, with regards to the appointments of Public Records Officers and Data Officers.

CPI pide al Tribunal Supremo ser amigo de la corte para proteger a las fuentes periodísticas

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que le permita participar como amigo de la corte para apoyar con sus argumentos a periodistas demandados de Noticentro de WAPA TV, en un caso que considera trascendental para el “privilegio del reportero” y su deber ético de protección de las fuentes de información. “Debido a nuestra práctica haciendo periodismo investigativo, el CPI quiere ser escuchado por el Tribunal para dejarle ver la importancia de la protección de este privilegio tan neurálgico para el periodismo y para nuestras aspiraciones democráticas como país. La protección de las fuentes es un deber profesional al que nos obligan los códigos de ética para periodistas en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro. 

La solicitud para someter un amicus curiae radicada con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, se refiere al caso del fiscal Ildefonso Torres Rodríguez versus Noticentro de Puerto Rico, en el cual el funcionario exige que los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres revelen quién fue la persona que les hizo llegar un documento que usaron en su reportaje y que era parte de una pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales. “La controversia no estriba en si la fuente tenía la autoridad de divulgar el documento, sino si se puede obligar al periodista a revelar la identidad de tal persona con quien tenía un compromiso de confidencialidad. Desde los Pentagon Papers… hasta Deep Throat y Watergate…, y el más reciente Telegram chat en Puerto Rico, han sido los esfuerzos periodísticos los que históricamente han informado al público sobre lo que estaba ocurriendo a sus espaldas”, señala parte de la petición de intervención del CPI. 

El llamado “privilegio del reportero”, o sea la protección de la identidad de las fuentes de información utilizadas por el periodista en su labor investigativa, forma parte de su función de informar a la ciudadanía.