porPor Sydney P. Freedberg, Agustin Armendáriz y Jesús Escudero | ICIJ |
Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que este asesor y sus socios utilizaron las empresas para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del Gobierno. Un fabricante ruso de rifles Kalashnikov, sometido a sanciones internacionales por conducta indebida, quería vender sus acciones en una gran mina de cobre a una turbia empresa de Mongolia. La venta desató una investigación por corrupción contra el entonces primer ministro de Mongolia. El gigante tecnológico Apple estaba buscando un paraíso fiscal para depositar su montaña de dinero en efectivo en el exterior.
Desde una oficina en San Juan, Blue Ocean International Bank brinda un “expertise suizo” a sus clientes. Ofrece servicios bancarios a extranjeros que no sean residentes de Puerto Rico: recibe depósitos, abre cuentas bancarias offshore y realiza transacciones en cualquier tipo de moneda.
Su página web destaca que son discretos. También dice que cumplen con la ley y que están comprometidos con una cultura de cumplimiento. Es decir, verifican la identidad de sus clientes y cuestionan sobre la procedencia del dinero, “cuando es apropiado”.
El dueño de Blue Ocean International Holding LLC — la empresa matriz del banco — es Gilles Rollet, un banquero francés que vive en Miami. Su LinkedIn menciona que preside la Junta de Directores de International Rollet Capital y ExPAM Capital, fundó un banco en Dubai llamado La Trésorerie y trabajó en Goldman Sachs.
El primer informe de confiabilidad que entregó la compañía confirma que tardó casi el doble del tiempo en restaurar la luz a los clientes en su primer trimestre de operaciones, en comparación con la Autoridad de Energía Eléctrica.
El primer encuentro con las “terapias de conversión” del hoy doctor en psicología, Samuel Ocasio Domínguez, fue a sus 15 años, en la oficina privada del psicólogo clínico Carlos Velázquez García.
A raíz de haberle confesado su orientación sexual a sus padres mediante una carta, Ocasio Domínguez cayó sentado en la oficina de quien se promocionaba como un experto en salud mental en la Milla de Oro en San Juan.
En un intento por hacer desaparecer su homosexualidad, mientras el psicólogo Velázquez García se disfrutaba una merienda reclinado desde su silla, le pidió a Ocasio Domínguez expresar intimidades sobre sus prácticas sexuales y hacer dibujos de lo que percibía como una familia. El menor tuvo que integrarse, por recomendación del psicólogo, al equipo de baloncesto de su escuela y sustituir a su grupo de amistades mujeres por almuerzos con los varones de su clase.
El psicólogo clínico le preguntó sobre las niñas en su clase y le pidió que escogiese a una con la que pudiese salir en una cita al cine. No limitó los requisitos de la descripción de la niña a sus cualidades y personalidad, sino que le exigió que la objetificara sexualmente y se enfocase en los rasgos físicos de la menor que le pudiesen resultar placenteros a un hombre heterosexual.
“Me pidió que la invitara a salir, que le comprase popcorn, que la besara y que le tocase sus senos. Verbalizó que no iba a saber si me gustaban las nenas hasta que no las ‘probase’”, explicó el sobreviviente a la violencia de las llamadas “terapias de conversión”. Este psicólogo, que alegadamente diagnosticó a Ocasio Domínguez como hipocondriaco y adjudicó su homosexualidad a haberse criado junto a sus hermanas, es ahora director y fundador del Instituto de Psicotraumatología en Puerto Rico.
Cuando en 1989 el movimiento feminista de Puerto Rico daba la batalla entre los pasillos del Capitolio para lograr la aprobación de la Ley 54, una de las concesiones que tuvo que hacer fue incluir en la legislación la posibilidad de que los agresores evitaran la cárcel si se acogían a un programa de desvío para reeducarse ante sus conductas machistas. Al completar el programa, se elimina la convicción de su récord penal, como si nunca hubieran sido culpables. “Recuerdo perfectamente conversaciones entre las compañeras que estábamos allí cabildeando por la legislación, que no sabíamos muy bien cuán exitosos podrían ser estos programas”, rememoró María Dolores Fernós, una de las propulsoras de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y quien luego se convirtió en la primera Procuradora de las Mujeres. Las dudas que tenían las feministas sobre los programas de desvío hace tres décadas persisten hoy, pues no existen pruebas que sostengan su efectividad y la entidad encargada de su supervisión, la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, que se creó en el 2000, ha estado inoperante la mayor parte del tiempo, sin producir un solo informe sobre los programas. Ni el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Oficina de Administración de Tribunales, ni la Oficina de la Procuradora de las Mujeres proveyeron datos sobre la cantidad de participantes, niveles de reincidencia o indicadores de éxito en la reeducación de personas agresoras al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Pareciera que todos los problemas del mundo se concentran en Mansión del Sapo y Maternillo, en Fajardo, dos comunidades que son parte del sector de menor tasa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico durante los primeros dos meses y medio del proceso. Aguas estancadas y pestilencia por las calles, vertederos clandestinos, criaderos de animales de granja en cualquier esquina, rescate de terrenos, temor a la expropiación, desempleo, trasiego y adicción a drogas, tiroteos, robos, y estructuras abandonadas por doquier. El muelle de los pescadores se lo llevó el huracán María y aún no ha sido reconstruido por el municipio, la pescadería está cerrada por problemas burocráticos, y el pequeño centro comunal que les construyó la Oficina de Comunidades Especiales nunca fue abierto. La Policía nunca pasa por estas comunidades del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró una treintena de vecinos que lleva décadas reclamando atención de las autoridades, primero del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y ahora de su hijo, el hoy alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez, y del representante Carlos “Johnny” Méndez. Prácticamente cero actividad económica, cero escuelas, cero transportación colectiva, cero supermercados y cero farmacias a más de una hora de distancia a pie, que es como se mueven la mayoría de los residentes.
En una conferencia virtual en la cual se presentan los nuevos hallazgos sobre el sargazo, coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, inesperadamente surge que en el municipio de Cataño se ubica un centro de investigación y producción que trabaja con esta alga marina. Vía Zoom, Jason Cole, vicepresidente ejecutivo de Innovaciones de la empresa C-Combinator, explica cómo desarrollan productos derivados del sargazo desde octubre del 2020 en la Isla. Pero en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el director de Investigación y Desarrollo, Benjamin Jelen, aclara que la mayoría de su materia prima no proviene de las costas de Puerto Rico, que están saturadas del alga marrón, sino del estado costero de Quintana Roo, en México. Al entrar en las oficinas de la empresa en Cataño, se observa un equipo de investigación que analiza muestras de sargazo. Frascos de biocombustibles derivados de esta alga pueden verse en las mesas del laboratorio.
En la calle Alfonso XII de la comunidad Punta Santiago en Humacao, Bermuda Vázquez, de 62 años, señala hacia la playa alfombrada con algas marinas color marrón, conocidas como sargazo. A pesar de que era un día libre en pleno verano para conmemorar la emancipación de la esclavitud en Estados Unidos, los bañistas brillaban por su ausencia. “Lo que pasa es que uno tiene miedo a contaminarse en esa agua con el sargazo que apesta. Llevo toda una vida viviendo en esta comunidad y recuerdo cuando días como hoy, venía mucha gente a la playa. Con esto del sargazo hay que adaptarse”, comentó Vázquez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
San Juan, Puerto Rico – Entidades de prensa y derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron ante el Tribunal Federal del Primer Circuito en Boston su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un caso contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por acceso a la información.
La Junta es una entidad impuesta en 2016 por el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico para tomar control de las finanzas públicas y las políticas fiscales. Hace cuatro años que el CPI demandó a la Junta para obtener acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez federal Jay A. García Gregory emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. Aunque el CPI recibió una parte de los documentos, el proceso legal ha llegado al punto en que la Junta de Control Fiscal apeló al Tribunal del Circuito de Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entrega. “Aquí hemos visto en titulares de prensa, apenas la semana pasada, cómo el Gobernador Pedro Pierluisi le pide a la Junta que no recorte las pensiones ni el presupuesto, vemos cómo la austeridad ha desmembrado a la Universidad de Puerto Rico, tenemos que creer que no hay recursos para la Procuradora de las Mujeres, escuchamos la justificación de falta de recursos para la privatización de las lanchas a Vieques y Culebra, o los recortes que podrían dejar sin acreditación al Conservatorio de Música… pero no tenemos acceso a todo el tracto de los intercambios entre el Gobierno y la Junta, para evaluar las motivaciones, los argumentos y datos, si los hubo, y cómo se establecen prioridades.
