En una de sus últimas acciones como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló podría aprobar un proyecto de ley para hacer más difícil el acceso a la información pública a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. “El gobernador tiene ante sí, un Proyecto de ley que en el estilo que ha caracterizado su gobernación, dice que hace una cosa cuando en verdad hace otra”, así catalogó Cecille Blondet, Directora de Espacios Abiertos, el P de la C 1095 que aprobó la Asamblea Legislativa el último día de la sesión ordinaria en junio, a última hora, con prisa, tras bastidores, sin aviso y que ayer fue enviado para la firma del Gobernador. Espacios Abiertos, la Red de Transparencia y los gremios periodísticos han señalado en múltiples ocasiones que el Proyecto de ley “para adoptar la Ley de Transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública” no cumple con los principios básicos de acceso a la información reconocidos internacionalmente y que el proyecto de administración —que presentó Rosselló y que fue aprobado por la mayoría del PNP aún con el total rechazo de las minorías, en clara votación partidista dirigida desde La Fortaleza— en vez de acercar al país a la transparencia y rendición de cuentas, pone más obstáculos a éstas, pues entre otras cosas, no promueve la publicación proactiva de información pública, alarga los términos para contestar las solicitudes de información y aumenta de 5 a 12 las excepciones o justificaciones que puede utilizar el gobierno para no dar la información, etc. Una situación similar de desconexión entre el propósito y el contenido de la medida la presenta el P del S 236 que propone una Ley de Datos Abiertos. Recientemente, y previo al escándalo generado por el chat que ha desencadenado en el anuncio de renuncia del Gobernador, los gremios periodísticos en una carta abierta a éste le solicitaron que vetara ambos proyectos.
