La nueva mayoría estadista del Tribunal Supremo cambió el reglamento de ese foro para quitarle poder al Juez Presidente a la hora de asignar casos, lo que constituye el primer ataque formal a la autoridad administrativa del actual presidente, Federico Hernández Denton.
El cambio de reglas de juego ocurrió “de forma repentina y sin discusión alguna”, en una resolución con fecha del 9 de marzo, que está suscrita de acuerdo con los bloques que han imperado en el Supremo (cuatro jueces estadistas contra tres estadolibristas) desde que el gobernador Luis Fortuño nombró a tres nuevos jueces asociados el año pasado. La decisión de los cuatro jueces nombrados por gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) se produjo como secuela de la decisión del 2 de febrero pasado sobre la constitucionalidad de la Ley 7.
El resultado directo del cambio es que, si se mantienen esos bloques, el juez asociado Efraín Rivera Pérez se convierte en presidente del foro en cuanto a asignación de casos. Esto porque la nueva regla dice que si el Juez Presidente vota con el bloque minoritario, entonces el que va a asignar los casos va a ser el Juez Asociado de mayor antigüedad del bloque mayoritario, que sería Rivera Pérez. Anteriormente, la distribución de los casos era facultad reglamentaria exclusiva del Juez Presidente, no importa si estaba en mayoría o minoría. El cambio, según los jueces estadistas, responde a la lógica de que asignar los casos “es más difícil para quien no comparte el criterio que prevaleció”. Dicho de otra forma, piensan que el Juez Presidente no va a descargar su responsabilidad adecuadamente si está en minoría.
En su oposición a la enmienda, la jueza asociada Liana Fiol Matta apuntó a otra consecuencia. “[L]a enmienda propuesta va a la médula de la administración del Tribunal. Es cierto que este Tribunal es colegiado para efectos de la adjudicación de los casos, pero no para su administración. Esta función es exclusiva del Juez Presidente”, argumentó.
La resolución sobre la enmienda, publicada por elnuevodia.com, ofrece detalles de uno de los procedimientos más íntimos que tiene nuestro sistema de Gobierno: la reunión semanal del pleno del Supremo en la que los siete miembros del foro se sientan en una mesa para, sin dejar un récord y fuera de la presencia de ayudantes, discutir cada caso y decidir cuál de ellos va a escribir la opinión mayoritaria del Tribunal.
Al oponerse a la enmienda, Hernández Denton explicó que el cambio es un “ejercicio arbitrario de poder” porque está buscando “corregir una situación que, en realidad, no existe”. Detalló que, desde al menos 1985, se usa un sistema de rotación para que cada juez llegue a la reunión semanal con un número equitativo de casos analizados. Allí expone su análisis y, si una mayoría de los jueces lo comparte, ese mismo juez se convierte en el encargado de esos casos. Cuando todas las partes del peito han sometido sus argumentos, el juez encargado se queda con el expediente para redactar la opinión si es que la mayoría de sus compañeros está de acuerdo con su recomendación sobre cómo resolverlo. Si no, se le asigna a un o una de los jueces que representen la opinión mayoritaria del pleno. Según Hernández Denton, se trata de un método objetivo que no provoca el problema de incomodidad al que alude el bloque estadista.
Las movidas antirreglamentarias de la nueva mayoría en el Supremo habían quedado denunciadas en la opinión disidente que Fiol Matta emitió en el caso de la Ley 7 el pasado 2 de febrero.
El bloque de jueces estadistas resolvió a favor del Gobierno la controversia sobre la constitucionalidad de los despidos bajo la Ley 7 mediante la consolidación de cuatro pleitos distintos que estaban pendiente en el Tribunal de Primera Instancia. El problema, según la Jueza, es que “estos casos estaban asignados a distintos jueces y no consta cuándo se tomó, ni quién tomó la decisión de consolidarlos y asignarlos todos al juez ponente (Erick Kolthoff Caraballo)”.
En ese caso, el bloque mayoritario también decidió cortar el término que tenían los jueces minoritarios para reaccionar y no les permitó tener más tiempo para escribir sus opiniones disidentes. De hecho, los tres jueces disidentes del caso de la Ley 7 sometieron sus opiniones sin circulárselas de antemano a los jueces de la mayoría.
Esas radicaciones “sorpresa” también quedaron prohibidas con la enmienda al reglamento que aprobó el bloque estadista y que tiene vigencia inmediata.
La movida reglamentaria se da en momentos en que se especula que el bloque mayoritario se prepara para iniciar el proceso constitucional de pedirle al Gobernador que aumente la composición de dicho foro para que sean nueve jueces en vez de siete. Públicamente se ha discutido si esa petición debe ser por una mayoría de los jueces del Supremo, o si debe ser por unanimidad. De los cuatro jueces en la mayoría estadista, Kolthoff es el que en ocasiones ha votado con el bloque estadolibrista.
