La capacidad de desarrollar actividad económica en los municipios bajo el Programa de Estímulo Criollo (PEC) chocó con la realidad de que casi ninguno de estos tenían proyectos de envergadura listos y, de hecho, hay municipios que ni siquiera han usado la totalidad del dinero asignado.
Así lo confirma el patrón de uso de los aproximadamente $100 millones del PEC y las expresiones del propio director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Humberto Marrero Recio.
“Esos $100 millones estaban destinados a impactar proyectos de infraestructura ‘shovel ready’ (listo para iniciar construcción). Y tú te preguntarás ‘¿qué municipios tienen proyectos shovel ready?’,
pues casi ninguno. Como consecuencia de eso la mayor parte de los municipios impactó proyectos
de infraestructura que tienen que ver con carreteras municipales, específicamente asfalto, carreteras y
encintados”, explicó el funcionario.
Los municipios también podían usarlo para pagar deuda, pero sólo deudas con agencias gubernamentales. Veintiséis municipios optaron por usar parte o toda su asignación para deuda con pagos hasta junio por $17.4 millones. Para trabajos de construcción, se han invertido $82.5 millones.
El dinero para los municipios, manejado en AFI con el nombre de Programa para la Reinversión en Nuestra Infraestructura (PINI), sale del pote de $500 millones del PEC y fue distribuido basándose en la densidad poblacional de cada pueblo, en cantidades totales que fueron desde $848,485 para los pequeños y unos $2.1 millones para los principales. Esta concesión a los alcaldes, supo el CPI, fue combatida inicialmente por funcionarios del Ejecutivo que preferían destinar el dinero a programas de activación económica en el sector privado.
Según los datos de AFI, al cierre del año fiscal en junio todavía 42 municipios tienen balances pendientes en el fondo del PINI. El porciento de esos remanentes va desde el 2% para Coamo, al 88% para Lajas.
(N. del Ed.: Este conjunto de dos historias apareció publicado originalmente en la edición de julio de 2010 del periódico Puerto Rico Cooperativista. Sólo han sido modificadas para actualizar los datos del Gobierno federal sobre el uso de ARRA en Puerto Rico.)
