Afianzadores tras la pista de clientes fugitivos

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En una fría noche de invierno en el downtown de Miami, Nidia Díaz, propietaria de Best Bail Bonds, y su equipo de cuatro agentes de recuperación de fianzas salen con rumbo al sur en dos camionetas.

Los agentes, Héctor Peláez, Brian Rodrígues, Oscar Recinos y un cuarto hombre que prefiere que su nombre no sea revelado, llevan chalecos antibalas con Surety Agent (Agente de Seguridad) escrito en letras blancas en el pecho y en la espalda.

También llevan pistolas, Taser, spray de pimienta y esposas. Díaz, una menuda cubanoamericana, viste un suéter de cuello de tortuga, una chaqueta de cuero, zapatos de tacón alto Louis Vuitton y una pistola calibre .38 en una cartuchera que combina con el color de su cinturón.

El equipo se dirige a la casa, en South Miami, de Yenisleidys Fernández, cuyo padre José, de 57 años, y su hermana María, de 36, son fugitivos que busca Díaz.

El 26 de enero del 2008, la policía del área rural del condado Marion los acusó a los dos de estar al frente de una casa de cultivo de marihuana. Un juez fijó la fianza en más de $100,000 para cada uno. Ellos le pagaron a Díaz el 10 por ciento de esa cantidad y ella acordó pagar la suma completa si ellos se daban a la fuga… que fue exactamente lo que hicieron.

En marzo del 2009, Díaz les había seguido la pista hasta México, donde fotografió a María saliendo de su trabajo de camarera y confirmó que José daba consultas de santería.

“Tratamos de reunir información para poner al día el expediente de su paradero, ya sea que estén todavía en México o que hayan regresado aquí”, dice Díaz mientras ellos se apresuran hacia el sur en la I-95.

Díaz tiene un total de siete clientes que se han dado a la fuga, por un valor total de $827,500, lo más que ella ha debido nunca en su carrera de 30 años en fianzas. Los fugitivos son buscados en los condados Okeechobee, Marion, Broward y Miami-Dade y tienen varias cosas en común. Todos están acusados de delitos graves de primer grado: seis de tráfico de marihuana, uno de fraude y de vender en internet medicamentos ilegales por prescripción médica. Todos huyeron a América Latina -Uruguay, Panamá, México y Ecuador. Todos los casos son del 2008.

Díaz les siguió la pista y verificó sus direcciones. Luego pidió a la fiscalía estatal que los extraditara, ofreciendo pagar todos los costos de la extradición. Ni uno solo de ellos ha sido traído de regreso.
Díaz afirma que ella está sola en su búsqueda, y que no recibe la ayuda que necesita.

Ninguna agencia gubernamental lleva la cuenta del número de fugitivos que los procuradores estatales tratan de traer de vuelta del extranjero. El Departamento de Justicia de EEUU, el Departamento de Estado y los procuradores estatales respondieron todos a solicitudes de documentos que ellos no llevan esa cuenta.
Como resultado, la mejor información que está disponible proviene de agentes como Díaz.

“Las extradiciones no se están haciendo”, dice. “Estoy hablando a nivel estatal; simplemente, no están haciendo nada. Y yo tengo casos en el condado Miami-Dade, en el condado Marion, en el condado Okeechobee. Y simplemente no lo están haciendo. Y es muy frustrante”.

La media docena de agentes de fianza entrevistados para esta historia expresan una creciente frustración ante la inacción oficial. “El estado no persigue a la gente que huye a otros países. Punto”, dijo uno que, como los demás, pidió que no mencionaran su nombre porque no quiere disgustarse con los fiscales que toman las decisiones de extradición.

De las solicitudes a las fiscalías estatales en 12 condados sólo encontraron uno, Broward, que podía mencionar alguna extradición exitosa de otro país en los últimos cinco años. Las dos personas que Broward extraditó eran buscadas por homicidio. (Hace seis años, Broward extraditó a otros dos buscados por tráfico de cocaína).

No está claro cuántos acusados huyen del país, y si su número está en aumento. Las órdenes de búsqueda, que se emiten cuando alguien no se presenta ante los tribunales, disminuyeron en un 36 por ciento en un plazo de tres años en Miami-Dade, a alrededor de 4,800 el año pasado de 7,600 en el 2007. Esta disminución se corresponde con una reducción general de las actividades delictivas, que en algunas categorías disminuyeron en hasta un 10 por ciento al año.

Pero estas estadísticas no significan necesariamente que menos sospechosos huyan al extranjero. Una portavoz de la fiscalía federal del sur de la Florida dice que su índice de fugitivos “subió astronómicamente” en los últimos cinco años, en gran medida debido a una campaña contra los delitos no violentos como el fraude contra los servicios de salud.

Díaz afirma que no es un accidente que todos sus casos sean del 2008, cuando la crisis financiera hizo derrumbarse el mercado de bienes raíces y privó al gobierno estatal de ingresos por concepto de impuestos. Las fiscalías estatales en todo el estado vieron sus presupuestos recortados. Muchas despidieron a fiscales. Eso significa menos personas para trabajar en los casos de extradición, que llevan mucho tiempo.

Mientras tanto, al hundirse el valor de las propiedades, los afianzadores, que a menudo exigen a los acusados que pongan sus propiedades como garantía, se quedaron con títulos de propiedades sin valor alguno. Los delincuentes más listos vieron una oportunidad: si podían salir bajo fianza, y sus propiedades habían perdido valor, no tenían muchos incentivos para quedarse.

A veces las fiscalías hacen esfuerzos. En el Circuito Judicial 19, que abarca los cuatro condados de la Costa del Tesoro, al norte de Palm Beach, se estuvo tratando de extraditar de Ecuador a un cliente de Díaz. Pero, como lo expresó uno de los fiscales: “El proceso es una pesadilla”. El papeleo es mucho, y las demoras abundan. Desde el 2008, el Circuito 19 ha estado tratando de extraditar a por lo menos ocho fugitivos, sin éxito en ninguno de los casos.

La mayoría de los procuradores no quiere hablar sobre sus esfuerzos. Elizabeth Gibson, la fiscal estatal asistente en el Quinto Circuito que está al frente del caso de los Fernández, declinó ser entrevistada después de conocer que su oficina no trata de extraditarlos.

Díaz también tiene tres casos en Miami-Dade, donde los fiscales abandonaron recientemente un esfuerzo de extradición después de que el gobierno mexicano demandó una declaración jurada de un informante confidencial que no podía ser localizado de inmediato. La solicitud de extradición se canalizó a través del Departamento de Justicia. Bárbara Piniero, jefa de la unidad de extradición de Miami-Dade, dice que la Secretaría de Justicia le dijo que “no podemos seguir adelante en México sin” la declaración jurada. (Díaz dice que ella ofreció localizar al testigo).

Piniero alegó que su oficina trata de hacer regresar a los fugitivos. “No tenemos un momento en que no tengamos peticiones, formales e informales, pendientes por todo el mundo”, dice ella. Pero Piniero no dice cuántas extradiciones solicitó la oficina en los últimos cinco años, o en cuántas trabaja actualmente la oficina. Cuando se le pidió un ejemplo de un acusado al que se haya hecho regresar recientemente, Piniero declinó responder.

Los fiscales no quieren discutir públicamente sus cifras de extradición, porque no quieren anunciar el límite de su alcance, sugiere Michael Band, ex asistente jefe del fiscal estatal para delitos mayores.

“No creo que ningún fiscal diga, ‘Si deja la jurisdicción, si huye, no vamos a perseguirlo’. Mala política pública”, dice Band, quien actualmente se encuentra en la práctica privada. “Sin embargo, las decisiones económicas se toman todos los días. El estado hará una decisión económica sobre cuánto costará hacer regresar a esta persona y si vale la pena hacerlo”.

¿Pero si los costos de extradición los cubren los agentes de afianzadoras?
“No tiene sentido para mí por qué el estado le permitiría a alguien vivir su vida después de cometer un delito grave aquí en el condado Dade”, dijo Band.

Es medianoche cuando Díaz y su equipo llegan a la casa de Yenisleidys Fernández, la hija del fugitivo José Fernández. En el camino, hicieron una llamada de cortesía para mantener informada a la policía local.
Un agente llama fuerte a la puerta. Después de una corta espera, se abre.

“Buenas noches, buscamos a José Fernández y a María Fernández León”, dijo Díaz en español.
Yenisleidys, tratando de ver detrás de la puerta, dice que no sabe donde están su padre y su hermana. El tono de Díaz cambia. “¿Todavía están en México o qué?” dice. “Si nos dice que no sabe, vamos a seguir viniendo aquí”.
“No me importa, pueden seguir viniendo, porque no sé”, dice Yenisleidys.
Díaz conferencia brevemente con su equipo sobre si revisan la casa. “No puedo oír esto toda la noche”, dice. “Vamos”.

El equipo empuja a Yenisleidys hacia dentro de la casa.
“Pero tienen que tener una orden judicial”, protesta Yenisleidys enojada y atemorizada a la vez.
“Tengo la orden judicial”, le contesta Díaz. “Y usted sabe que la tengo. Usted sabe quién soy. Soy Nidia Díaz. Soy la idiota que le puso la fianza a todas esas personas”.
Yenisleidys sube la escalera para tomar a su bebé que duerme.

Debido a que los fugitivos están aún técnicamente en custodia de los agentes de fianzas que ellos contrataron, los agentes tienen órdenes vigentes para revisar las viviendas relacionadas con los acusados.
Esta búsqueda tiene éxito. Los agentes rápidamente encuentran una habitación en la parte trasera con un templo de santería (Fernández es un sacerdote de la santería) y un closet lleno de ropas de hombre. Díaz está contenta. Huele las ropas en el closet mientras Yenisleidys llama a la policía.

“Siente el perfume”, dice Díaz mientras sostiene una camisa. “No tengo que ser un perro sabueso. Tiene colonia. Si hubiera estado aquí colgando por dos años es imposible que tuviera este fuerte perfume de colonia. ¿Dónde está tu padre?

“No está aquí, acabo de decírselo”, replica Yenisleidys.
Y es aquí cuando llegan dos policías, Díaz se presenta ella misma y a su equipo, muestra la orden judicial y explica por qué está allí. Los agentes piden hablar a solas con Yenisleidys.

Díaz y su equipo esperan afuera. Quince minutos después un agente sale con la noticia: Yenisleidys está cansada y aterrorizada. Ella sabe que podría estar en problemas y podría perder el subsidio de su casa. La joven les da direcciones con la ubicación de su padre, que resulta ser un apartamento a tres cuadras de la oficina de Díaz en el downtown de Miami. Díaz y otro agente se quedan con Yenisleidys para asegurar que ella no alertará a su padre.

Los otros tres agentes saltan a un camión y salen a toda velocidad hacia el norte. Son casi las 3 a.m.
El equipo llegan a la puerta del apartamento en el sexto piso. Oscar Recinos golpea a la puerta. ¡Abre la puerta, por favor! grita. Una mujer de mediana edad abre la puerta y los agentes preguntan si José Fernández se encuentra allí. Cuando responde que no, los agentes penetran en el apartamento. En un dormitorio encuentran a un hombre en la cama con una camiseta carmelita y boxers. El hombre grita que su nombre es Luis Gutiérrez, pero uno de los agentes saca una foto de Fernández y la mantiene en alto.

“Es él”, grita un agente, mientras el otro dice ” ¡Voltéate! ¡Voltéate!”
Los agentes saltan; uno mantiene una Taser apuntando a la espalda de Fernández, otro le tuerce los brazos hasta llevarlos a su espalda y lo esposa.

Después de dos años, Fernández vuelve a estar bajo custodia, y Díaz está a punto de recuperar una gran parte de su fianza de $100,500. Por supuesto, esto sólo sucedió porque el fugitivo regresó al país, aparentemente confiado en que nadie lo buscaba. Díaz no podía contar con que eso iba a ocurrir tan pronto.
Su felicidad sobre la captura es breve. Unos pocos días después, se vence una fianza de $300,000 para un hombre que vendía ilegalmente medicamentos por receta en el internet. Díaz lo localizó en Panamá y solicitó una extradición. Pero no ocurrió, y Best Bail Bonds tuvo que pagar.

Poco después, su compañía de seguros le dio de baja como cliente.
Sentada dentro de su oficina en la Avenina 17 del Northwest, Díaz dice que está confiada en que encontrará otra aseguradora. Más preocupante, dice, es que a pesar de sus esfuerzos el fugitivo se escapa con su delito. “Nos ponemos en riesgo al perseguir a estas personas”, dice ella. “Nos pasamos día y noche trabajando en estos casos. Son parte de nuestras vidas”.

Entonces se pregunta: “Ahora que ya no lo persigo, ¿usted cree que alguien lo hará?”
Díaz mueve su silla de regreso a su computadora sin esperar una respuesta.


*Este artículo fue copublicado por El Nuevo Herald. Para visitar el Florida Center for Investigative Journalism, pulse aquí.