Banco Popular bajo “sindicatura” parcial de Banco de la Reserva Federal

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El Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) aceptó entregar a los reguladores federales y locales su capacidad de pagar dividendos a sus accionistas, como una medida de intervención por problemas y deficiencias en el manejo de la documentación de los préstamos de propiedades.

La intervención, que el banco divulgó al mercado financiero en un informe el 25 de julio, fue descrita como una “sindicatura” por una fuente en la industria bancaria, y se realizó a través del mecanismo de un “memorando de entendimiento” (MOU, por sus siglas en inglés) que cubre al BPPR, y a su filial Banco Popular North America (BPNA).

“El MOU provee, entre otras cosas, para que (BPPR) tome pasos para mejorar sus prácticas de manejo de riesgo crediticio, y para que (BPPR y BPNA) desarrollen planes estratégicos para mejorar los ingresos y desarrollar planes de capital… El MOU requiere que BPPR (y BPNA) obtenga la aprobación de la (OCIF) y el Sistema del Banco de la Reserva antes de declarar o pagar dividendos, o de incurrir, aumentar, o garantizar deuda”, dijo el banco en su radicación del 25 de julio para describir el acuerdo con los reguladores.

Añadieron que obtuvieron la aprobación para pagar dividendos hasta el 30 de septiembre y que no prevén que realicen ningún otro pago de dividendos en el futuro cercano después de esa fecha. En cuanto al pago mensual de dividendos para los accionistas que tienen participación preferida, el banco se ideó un mecanismo para que sea el plan de ahorros de sus empleados el que responda por esos dividendos, ya que los pagarán con nuevas acciones, o lo mismo que nueva deuda, garantizada contra el plan de ahorros e inversión de sus empleados.

Al 30 de junio de 2011, el valor del banco para sus accionistas era de $4,000 millones. En la contabilidad del BPPR todavía figura una inyección de $935 millones que le hizo el Departamento de Tesoro federal como parte de la política de “rescate bancario” que se puso en práctica tras la crisis de 2008, conocida con las siglas TARP.

A través de la empresa Evertec, el BPPR maneja toda la estructura de cobro del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y, además, regularmente el banco interviene en otra transacción relacionada con el IVU, el mercadeo de las acciones que se venden garantizadas con el ingreso del impuesto.
Jorge Junquera, principal oficial financiero del BPPR, dijo al Centro de Periodismo Investigativo que el MOU con el Banco de la Reserva y OCIF fue resultado del examen anual del regulador y que lo que se persigue es “que las tasaciones estén al día, los documentos, cómo clasificar prástamos, (que) cuando se hace una mitigación, o una restructuración de préstamo, que nos aseguremos que estén bien documentados los razonamientos detrás de estas restructuraciones”. “En estos momentos tan difíciles, el reglamentador intensifica sus regulaciones”, subrayó.

-¿Algunas de las situaciones señaladas se prestaba para favoritismo a la hora de otorgar o manejar préstamos?
-La respuesta es no. Lo que esto persigue es que esté plasmado más claramente, mejor documentado. Lo que se está pidiendo es, si una persona viene después a revisar el caso, que haya suficiente documentación, que se desprenda de qué trata ese caso, y no tener que depender tanto del oficial de crédito (que originó el caso) para entender. Que un tercero reciba un sentido claro (del caso).
-Si se toma en cuenta la multa de $25 millones que pagaron porque en la sucursal de Viejo San Juan no estaban registrando apropiadamente las transacciones de un narcotraficante, ¿hay un patrón de señalamientos de dejadez o laxitud contra el banco?
-En aquel momento estaba empezando todo el asunto de (las nuevas reglas) de lavado de dinero, la reglamentación estaba apenas comenzando. No se puede concluir, bajo ninguna circunstancia que el Banco Popular tiene dejadez en el cumplimiento de los reglamentos, o en el mantenimiento de las cuentas.
-El propósito de la inyección del Tesoro federal era que los bancos, a su vez, pudieran prestar dinero a los clientes para impulsar la economía. Pero la percepción es que ustedes están más aguantados en la aprobación de préstamos y crédito.
-La idea (de TARP) era para mantener todo funcionando en un momento de crisis financiera. Nosotros no nos hemos detenido en ningún momento en el otorgamiento de crédito. Nosotros continuamos otorgando crédito porque esa es nuestra forma de vivir… Ahora bien, en un ambiente económico donde la capacidad de los negocios se ha limitado porque las ventas han bajado, su capacidad de repagar préstamos se debilita, y ahí es que viene ese aguantamiento pero no es que los bancos hayan dejado de prestar porque de eso es que nosotros vivimos.

El Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Alfredo Padilla, no divulgó el memorando del cual su oficina es parte, pero insistió en que es una medida cuya severidad está por debajo de una multa, y que es un proceso al que el banco accedió. Por su parte, la casa de inversiones Goldman Sachs emitió un análisis en el que opinan que no creen que este MOU afecte las operaciones diarias del banco y que “es más una formalidad, con un entendimiento de una naturaleza más operacional que punitiva”.

Recientemente, las publicaciones financieras resaltaron el mal desempeño que tuvo un préstamo que se le aprobó al sobrino del presidente Richard Carrión, José R. Vizcarrondo, y en el cual ya se habían perdido casi $9 millones de los $15.7 otorgados para el financiamiento de un proyecto residencial en Dorado.

Corrección: El titular de este artículo fue modificado para reflejar más directamentee lo que una fuente indicó sobre el “memorando de entendimiento” que suscribió el Banco Popular; y porque el término “sindicatura” tiene un significado legal específico en la industria bancaria, aparte de su uso coloquial.