Sin incentivos el País para invertir en la cultura

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Sólo ella y los artistas como ella, los más talentosos, dedicados y profesionales del país, conocen la incertidumbre, el sacrificio y hasta la cierta locura que conlleva ser artista o gestor cultural en Puerto Rico. Sólo ella sabe cuánto ha dejado de invertir artísticamente en Andanza, la compañía puertorriqueña de danza contemporánea que creó hace 13 años, por tener que buscar la supervivencia del proyecto prácticamente día a día. Ella y sus colegas saben que nunca han visto 3 millones de dólares juntos, como se dice que se invirtió en la producción del músico griego muy pero que muy promedio que el gobierno de Puerto Rico contrató para un concierto descomunal celebrado en diciembre en los predios del Castillo del Morro. La incomodidad general la exacerbó el hecho de que en julio pasado fue enmendada la Ley 223 o Ley de Nuestra Música Autóctona Tradicional Puertorriqueña, reduciendo del 30% al 10% la participación de los exponentes de este género en las fiestas patronales y otros eventos públicos.

“Esta es nuestra vida año tras año”, dice Villanúa. “Propuesta denegada, caos, cartas, peticiones, apelaciones, miles de cartas, faxes al secretario, al subsecretario, con copia a tantas personas. Y finalmente nos aprueban una miseria”.

A lo largo de su trayectoria, Andanza ha comisionado más de 30 partituras musicales originales a compositores puertorriqueños y el Departamento de Música del Instituto de Cultura Puertorriqueña, por ejemplo, nunca le ha aprobado una propuesta otorgándole fondos.

Tanto Andanza como Agua, Sol y Sereno, compañía de teatro con casi 20 años de vida y una robusta trayectoria y calidad artística, y otras compañías, trabajan constantemente llevando talleres a las comunidades, hacen trabajo voluntario, tienen larga experiencia en propuestas especializadas para que los niños y niñas de escasos recursos económicos tengan acceso al aprendizaje y la experiencia de las artes. En el caso de Andanza, becan a una cantidad sustancial de estos niños y niñas en su escuela de baile. Hacen presentaciones gratuitas para la comunidad.

“Pero, sinceramente, mientras más exitosos son los proyectos más nos cortan (fondos)”, dice Lolita.

La ley de Expresarte, por ejemplo, aprobada durante la incumbencia de la ex directora del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), la doctora Teresa Tío en el año de 2004, asignaba 1.5 millones para llevar un programa integral de talleres de arte a las comunidades especiales.

“Ese proyecto era exitoso porque era integral”, cuenta Lolita. “Tenía evaluadores, tenía promoción, un ayudante para el maestro. Pero llegó el momento en que empezaron a recortar hasta llegar a cero. Yo no quería irme de las comunidades que habíamos estado trabajando pero me quedaba sin auspicio. Tuvimos que empezar a pagarlo todo nosotros para no tener que abandonarlas. Este año (2011), por primera vez desde 2002 no pudimos acudir por falta de fondos. De hecho, este año no abrió nunca la convocatoria de Expresarte”.

Agendas escondidas

El consenso entre muchos artistas entrevistados es que existe una especie de intención tortuosa, aparte de muy arbitraria, en los procesos de aprobación de dineros en general.

La profesora Mareia Quintero, directora de la maestría de gestión cultural en la Universidad de Puerto Rico, recuerda cuando, un tiempo atrás, sometió una propuesta a donativos legislativos para Agua, Sol y Sereno. “Nos contestaron que nos la denegaban porque era la primera vez que sometíamos. Y a unas batuteras de uno de esos municipios les dieron como treinta mil dólares”.

Ahí radica uno de los problemas más palpables de la ejecución de política cultural en Puerto Rico: por aquello de apoyar a la mayor cantidad de grupos posibles, los fondos se dividen entre muchos de todo tipo: unos con propuestas buenas, innovadoras, experimentales. Otros, malos, pésimos o regulares. Muchas veces, la cantidad que reciben es tan poca que no tiene un gran efecto en el desarrollo de las buenas compañías.

“El Programa de apoyo a las artes es indispensable pero hay que redefinirlo porque es insuficiente”, comentó al CPI el escritor Edgardo Rodríguez Juliá, quien fue miembro de la Junta de Directores del ICP hasta principios de este cuatrienio.

El caso del artista plástico Luis Alonso, por ejemplo, ha sido aún más desolador. El ICP ha abandonado por completo el taller de diseño y producción de carteles y serigrafías en general, especialidad de Alonso, y de cuya producción para obras de teatros y otras actividades él se sostenía. “El cartel serigráfico ha desaparecido. El ICP ya ni lo piensa”. El cartel, sin embargo, fue durante años un medio emblemático de Puerto Rico, con el cual se forjó gran prestigio internacional.

En el fondo, no sólo queda rezagada la actividad de nuestros artistas profesionales que, en última instancia, constantemente demuestran que tienen una fuerza creadora arrolladora que no necesariamente está condicionada al apoyo institucional. Lo que sí queda aún más rezagada es la oportunidad de los sectores menos privilegiados a disfrutar, consumir y aprender de la mejor producción cultural del país.

Rezago cultural, rezago oficial

Rosibel Recondo, quien dirige la escuela elemental del Residencial Luis Llorens Torres, puede dar fe de ello. El Departamento de Educación le provee un solo maestro de arte, en este caso de música, para 320 estudiantes. Como es imposible que ese único maestro pueda enseñarle a toda la escuela, eso significa que cientos de alumnos se quedan sin la experiencia de aprender música. Cuando se le aprueba alguna propuesta a grupos como Andanza para que acudan a la escuela y ofrezcan talleres de danza, Rosibel y los maestros rápido detectan un cambio positivo en los estudiantes. “Se emocionan al aprender algo nuevo y bello y todo cambia”.

Allí han encontrado talentos extraordinarios. Ella piensa en uno de los niños, que ha demostrado una capacidad impresionante para la danza, lo cual a su vez le ha ayudado a mejorar la conducta. “Pero esta población requiere que vengan aquí (a la escuela) a darles los talleres. No hay una cultura entre los padres de llevarlos a clases fuera de la comunidad. Aún si en Andanza los becan, que lo hacen con los más talentosos, en términos generales, no existe esa práctica de llevarlos. Entonces este niño, por ejemplo, con ese talento extraordinario que tiene, si no existe la suerte de que haya una propuesta activa de alguno de estos recursos externos en ese semestre, ese niño no se desarrolla, e incluso comienza a retroceder en lo que había avanzado porque vuelve a perder la inspiración”.

Los problemas en las políticas culturales del País no son únicos de esta administración aunque sí se dramatizan con su visión estrecha y superficial de la cultura. El primero de los conflictos más serios -aparte, por supuesto, de los estragos de la Ley 7- es la naturaleza político-partidista del Instituto de Cultura. No sólo está sujeto a absolutamente todos los vaivenes de la Fortaleza sino que su plan de trabajo cambia cada 4 años con cada gobierno, lo que hace casi imposible su efectividad a largo plazo.

“El cambio de gobierno hace imposible culminar los proyectos”, aseguró Rodríguez Juliá. “Allí a la Junta de Directores no le hacen mucho caso. Las órdenes las daba Fortaleza”.

Por un lado, el Escritor cree que “los centros culturales es un proyecto muy hermoso pero creo que ya no responde a nuestra realidad. Hay que redefinirlo. Se centra demasiado en la ruralía porque fue diseñado en los años cincuenta pero hoy día nosotros vivimos en unas áreas desparramadas pero metropolitanas. Hay que rediseñarlo”.

Otro factor importante traído a colación por todos los gestores culturales, estudiosos o artistas entrevistados, es el hecho de que el gobierno ni siquiera ha compensado sus deficiencias incentivando a la empresa privada a invertir específicamente en la producción cultural.

“Tanto que se habla aquí de las alianzas público-privadas y no se termina de desarrollar una cultura de apoyo real, contundente a las artes (desde la empresa privada)”, sostuvo Rodríguez Juliá. “Aquí los empresarios todavía tienen una visión sumamente elitista de la cultura. Lo que les gusta apoyar es el encopetarse para ir a la sala de la Sinfónica a una ópera o algo así, la altísima cultura. Pero tú le hablas a Miguel Ferrer del Instituto de Cultura Puertorriqueña y te abre la nariz. Hay que hacer una reforma contributiva que incentive a las empresas a invertir específicamente en la cultura”.

En efecto, el sociólogo económico Harold Toro, del Centro para la Nueva Economía, confirmó que en Puerto Rico ni siquiera se mide la producción cultural en términos económicos.

“El PIB es la medida de las transacciones, toda la actividad humana de la economía. Obviamente, la actividad cultural está ahí. Se traduce en consumo, en ventas, en producción. La pregunta es cómo se hace una segregación adecuada para poder ver con precisión la importancia comparativa de ese sector. Por el lado de la política pública, en la medida en que no se sepa, no puedes desarrollar una política pública coherente, una idea de cómo integras producción cultural con turismo, por ejemplo. Ahora habrá un por ciento de crédito contributivo por donaciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Eso debiera incidir positivamente en algunas organizaciones de promoción de las artes. Se va a beneficiar cierta producción cultural. Pero es un elemento muy pequeño al lado de lo que se necesitaría. No es meramente que estén los recursos. Tiene que haber una densidad institucional. Tiene que haber una promoción de ese nuevo crédito. El proceso de política pública es mucho más complejo”.

El arte y la cultura son liberadores, reflexiona Villanúa. Por un lado,  dice, “se aspira a mantener al país en la ignorancia para que no resulte amenazante. Pero, por otro lado, tampoco se le da tanta importancia al factor cultural. La prioridad no debe ser solo la sobrevivencia (del ser humano) sino la calidad de vida. No se considera que la cultura sea una fuente de ingreso, que exista una economía creativa para enriquecer el país literal y espiritualmente”.