La Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM) demandó ante el tribunal federal al contralor electoral, Manuel Torres, alegando censura de su parte, luego de que el funcionario emitiera una orden de cese y desista de una campaña mediática en contra de un reglamento que limita los beneficios económicos para quienes sufren daños por negligencias médicas.
La demanda alega que la acción de Torres viola la Constitución de Estados Unidos, en sus enmiendas sobre la libertad de expresión y asociación, y piden que se declare inconstitucional la Ley 222 para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas.
La mencionada ley establece que cualquier organización tiene que registrarse ante el Contralor Electoral para poder pautar anuncios a favor o en contra de candidatos, partidos políticos o ideologías, lo que para el portavoz de la AVIM, Rafael García Rodón, no aplica en este caso.
El 28 de septiembre, Torres envió una comunicación a los medios de comunicación para que detuvieran la campaña de la Asociación que hace un llamado al gobernador Luis Fortuño solicitándole que se deje sin efecto el reglamento que rige las compensaciones por impericia médica. Según García Rodón, el reglamento sustituye el proyecto de ley sobre impericia médica que el Senado detuvo en el proceso legislativo.
En declaraciones escritas al Centro de Periodismo Investigativo, Torres dijo que su orden de cese y desista responde a unas querellas presentadas ante su oficina. No identificó a los querellantes.
Contralor, censor
“Los anuncios no son políticos a favor o en contra de un candidato, partido o ideología. Están plenamente cubiertos por la libertad de expresión en las constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico”, dijo el abogado demandante, Carlos del Valle. “En lugar de un contralor electoral tenemos un censor”, añadió
La demanda busca que se emita un “injunction” para reactivar la campaña en los medios de comunicación radiales y que se declaren inconstitucionales la orden de cese y desista y las partes de la Ley 222 que utilizaron contra la AVIM.
El tribunal, explicó del Valle, “podría declarar inconstitucional (el estatuto) según aplicado por el Contralor en cuanto invade la prerrogativa de una asociación sin fines de lucro y la manera de correr los procedimientos internos (de la organización) porque intervendría en la libertad de asociación”.
Con la orden, precisó, “se pauta la manera en que las decisiones de expresiones públicas se tienen que tomar… los requisitos procesales que en caso de esta asociación no está envuelta en nada político. Es una violación a la libertad de asociación”.
“Si miras las trayectoria de la Asociación, han atacado a partidos por igual, a legisladores, a personas por igual y han dado las gracias también. El dolor nunca tiene colores. Que no nos vengan a imputar esto (de tener un movimiento político o electoral) para limitarnos la libertad expresión”, comentó García Rodón.
“Tras que te quitan derechos te quieren amordazar para que no denuncies que te quitaron los derechos”, expresó el portavoz de la AVIM.
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Los Anuncios
La AVIM difundió dos anuncios para denunciar el reglamento que utiliza el Departamento de Salud para que los hospitales privados puedan servir de centro de trauma y, a su vez, limitar las responsabilidades económicas que tengan que pagar a los pacientes que sufran impericia médica.
Anuncio 1:
“Luis Fortuño le puso un precio barato al dolor humano. Luis Fortuño a escondidas del pueblo aprobó un reglamento que premia a los hospitales privados cuando son negligentes y abandona a las víctimas de impericia médica. Luis Fortuño piensa que las victimas de impericia médica merecen la compensación más baja de toda la nación. Luis Fortuño para ti la vida de los pacientes no vale nada. Luis Fortuño…”.
Anuncio 2:
En voz de la actriz puertorriqueña Sharon Riley, se publicó este anuncio en varias estaciones de radio:
“Soy Sharon Riley, mi hija fue víctima de impericia médica. Por esta experiencia y las graves dificultades que he atravesado es que vengo a hablarte. El gobernador Luis Fortuño, a escondidas de todos, creó un reglamento que da inmunidad e impunidad a los hospitales privados negligentes y priva de una compensación justa a los pacientes. El Gobernador abusa de las víctimas, las penaliza y premia a los hospitales privados. Señor Gobernador, tenga compasión, derogue inmediatamente este reglamento”.
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La orden del Contralor Electoral
En su comunicación a los medios, Torres indicó que la Secretaría del Contralor Electoral recibió tres querellas juramentadas, hasta el momento confidenciales, contra los anuncios que difundió la AVIM, por posibles violaciones a la Ley 222.
“Los querellantes alegan violaciones a los Artículos 6.007, 6.009, 6.010 y 8.002 de la Ley 222 por haber realizado gastos con fines electorales sin haber obtenido la autorización de los miembros que componen la Asociación, en específico haber pautado anuncios radiales sin cumplir con los requisitos legales”, indica la orden de Torres.
La orden precisa que “cumple esta comunicación el propósito de solicitarle que cese y desista de difundir cualquier anuncio pagado por la Asociación de Víctimas de Impericia Médica hasta tanto cumpla con la Ley 222”.
“La Ley establece que las personas jurídicas que deseen participar en el proceso electoral realizando gastos con fines electorales, utilizando sus fondos generales, deben consultar con su matrícula, la cual deberá aprobar el gasto. Si obtienen el visto bueno de la matrícula, deben certificarlo ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE)”, dijo Torres por escrito.
“La OCE, tal y como lo dispone la Ley, comenzó una investigación que, preliminarmente, reveló que la entidad no está registrada en la Oficina. La Oficina le notificó a la Asociación, al igual que solicitó a los medios de comunicación, que cesaran de pautar los anuncios hasta que se acredite el cumplimiento con los requisitos de la Ley”, añadió.
Lee la orden de Cese y Desista – aquí.)
