Nuevas tareas para la Secretaria de Hacienda

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Posiblemente Melba Acosta Febo se sienta “con el plato lleno” desde que aceptó la monumental encomienda de administrar las finanzas del País. Aun así, deberá hacer espacio para agregar un nuevo ingrediente a la orden. Se trata de la coordinación de las políticas que regirán las actividades financieras no sólo de Hacienda, sino también las de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y las del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Y es que desde el pasado 15 de febrero, entró en vigor Orden Ejecutiva 2013-007 cuyo fin es crear el cargo de Principal Oficial de Finanzas Públicas. La orden destaca que dicho puesto recae en el titular de la Secretaría de Hacienda.

La directriz justifica la creación del cargo en aras de garantizar una gestión financiera ininterrumpida que se geste a partir de estrategias múltiples. En esa línea, el mandato expresa que debido a una actividad fiscal altamente compleja y desarticulada,  “ha quedado reducida la capacidad gubernamental para administrar efectiva y eficientemente los recursos financieros disponibles”.  De acuerdo con la orden, lo anterior ha creado incertidumbre y afectado la imagen del gobierno de Puerto Rico ante las casas acreditadoras.

La Secretaria de Hacienda, y ahora también Principal Oficial de Finanzas Públicas, reaccionó confiada en que llevará a bien las funciones del nuevo puesto que se suma al que le valió la confirmación del Senado, el pasado 25 de febrero.

“No puedo negar que esta designación conlleva unas labores adicionales. Pero por otro lado, se trata de un quehacer en el que he estado involucrada desde hace tiempo. Es que ha sido necesaria la coordinación con esas y otras agencias para conseguir lo que es el fin real de toda la gestión: rescatar las finanzas del País. Debemos rellenar los huecos presupuestarios que encontramos. Especialmente las corporaciones públicas se encuentran en una posición desafortunada. La situación es distinta a la que enfrenté cuando dirigí OGP.  Apremia trabajar tanto en medidas de crecimiento económico como de manejo de deudas”, dijo la funcionaria al Centro de Periodismo Investigativo.

Precisamente sobre los acreedores gubernamentales, la funcionaria dijo que se ha llevado unas cuantas sorpresas. Para muestras un botón: Se topó con una deuda de $600 millones que data de la década del 70, relacionada con el desarrollo de una represa en el Lago Cerrillos en Ponce.

Explicó que sobre ese proyecto, lo relacionado con al control de inundaciones debía sufragarse con fondos federales y lo que tuviera que ver con el manejo del agua se costearía con fondos locales. “Pues aparentemente hubo problemas con la distribución  de costos (allocation) y ahora el asunto ha sido referido al Departamento de Justicia federal. Incumplir resultaría en la congelación de millones en fondos federales. Es dinero que se necesita. Lo de la represa pertenece realmente al Departamento de Recursos Naturales por lo que he tenido que laborar con el Cuerpo de Ingenieros. Pero provenga de donde  provenga, no deja de ser una deuda y hay que manejarla. De modo que ahora nos toca negociar al menos las penalidades y los intereses porque el plan de pagos propuesto (de $12 millones anuales), no es viable. Trabajaremos en un proyecto de ley que autorice un pago anual como parte de un programa para atender la deuda. El acercamiento interagencial es ineludible”, recalcó.

Tocará entonces a la Principal Oficial de Finanzas Públicas elaborar proyectos de trabajo en relación a las finanzas gubernamentales, creando una suerte de enlace que viabilice la debida coordinación entre BGF y OGP. La nueva oficina deberá someter oportunamente a la Secretaría de la Gobernación el plan correspondiente.  Éste deberá incluir estrategias de control fiscal a las que se propone dar seguimiento. A esos fines, Acosta Febo desarrolla, junto al Banco Gubernamental de Fomento, un plan a largo plazo centrado en el presupuesto de los próximos cinco años. “Desde luego, le daremos prioridad al próximo año fiscal, cuyos ingresos ciertamente fueron sobreestimados. Intentaremos parearlo lo más posible con fondos recurrentes”, aseguró.

La orden ejecutiva autoriza la contratación de asesores y consultores para la Oficina de la Principal Oficial de Finanzas Públicas. Por el momento, la abogada contempla trabajar con los de Hacienda. No obstante, no descarta eventuales acuerdos de servicios, particularmente con economistas. “Trabajo con lo que ya cuento, si resulta provechoso. Por ejemplo, he optado por darle seguimiento a ciertos asuntos iniciados por la administración anterior; como los estudios producto de consultores como Álvarez Marsal y Boston Consulting Group. Sus análisis sobre re-ingeniería de gobierno y el desarrollo económico en general han sido tomados en cuenta. De hecho, implementaremos aspectos producto de esas investigaciones”, dijo antes de reconocer que  sus nuevas labores conllevan el pago de un diferencial debido a la asignación de más tareas. “Pero todavía no sé de cuánto es. En verdad, no he tenido tiempo de hablar con el Gobernador sobre eso”, finalizó.