Gobierno entrega documentos de los bonistas tras un año en el tribunal

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El Lcdo. Osvaldo Burgos junto a Carla Minet, directora del CPI, Laura Moscoso, Joel Cintron Arbasetti, periodistas, y Omaya Sosa Pascual, co-fundadora de CPI, durante la vista del caso sobre acceso a la información relacionado con la identidad de los bonistas de la deuda de Puerto Rico.

Erika P. Rodriguez/CPI

El Lcdo. Osvaldo Burgos junto a Carla Minet, directora del CPI, Laura Moscoso, Joel Cintron Arbasetti, periodistas, y Omaya Sosa Pascual, co-fundadora de CPI, durante la vista del caso sobre acceso a la información relacionado con la identidad de los bonistas de la deuda de Puerto Rico.

Luego de una larga batalla en los tribunales, el gobierno de Puerto Rico entregó este viernes la información relacionada con la identidad de los bonistas que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) había solicitado mediante demanda desde junio del año pasado.

De una primera revisión de los documentos sobresale que fueron 275 las firmas de inversión que compraron deuda de la emisión de $3.5 mil millones de Bonos de Obligación General del año 2014, la mayor emisión de bonos chatarra en la historia del mercado de bonos municipales. Entre las empresas, se encuentran fondos de cobertura, fondos buitre y fondos mutuos.

Las 20 firmas con la mayor asignación de bonos en la emisión son Brigade Capital Management LLC, Fir Tree Inc, Goldman Sachs Assets Management, Perry Capital Management, Paulson and Company, Och Ziff Capital, Oppenheimer Funds, Barclays Wealth, Soros Fund Management, Carval Investors, Centerbridge Partners, Silver Point Capital, Oak Hill Advisors, Franklin Mutual Advisers, Farallon Capital, Monarch Alternative Capital, Appaloosa Management, American Century, Prudential Insurance y Seix.

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) proveyó como anejo de la moción un documento descompaginado, sin encabezado, ni título o leyenda, alegadamente producido por Barclays, el banco de inversión que fungió como vendedor principal (underwriter) de la emisión de 2014. En la moción, el BGF aclara que “este documento resume las órdenes de compra de los bonos emitidos en marzo de 2014 pero no identifica, aunque debe incluir, cuáles de esos inversionistas que pusieron órdenes de compra son compañías de fondos de cobertura”.

El gobierno no indica en qué fecha fue producido el documento. Además, evade su responsabilidad sobre el mismo indicando: “Es importante destacar que este documento no lo generó el BGF ni el ELA, no es producto de los récords del BGF ni el ELA, y podría no representar la identidad de todos los inversionistas (y cantidades finalmente adquiridas) de la emisión de marzo de 2014, y podría además no representar la identidad de los tenedores de los bonos hoy día, que pueden haber adquirido – o vendido – estos bonos posteriormente en el mercado de bonos municipales”.

Acerca de la identidad de los miembros del grupo Ad Hoc, que era otra de las peticiones de información del CPI, el BGF informó que los consultores de la compañía Millstein & Co., asesores del gobierno en temas de reestructuración, identificaron como miembros del Comité Ejecutivo Ad Hoc a las firmas Centerbridge, Davidson Kempner, Brigade, Canyon, Monarch, Stone Lion y Fir Tree.

Sobre la solicitud de las condiciones que pusieron los bonistas para negociar su deuda con el gobierno, que fue la tercera petición de la demanda del CPI, entregaron un documento de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, titulado “Resumen de los términos y condiciones del impuesto al petróleo”, del 18 de febrero de 2015. Según la moción, Millstein identificó ese documento como la propuesta solicitada en la demanda sometida por el CPI. El documento no contiene información sobre cantidades mínimas de dinero en notas de emisión acordadas, ni los por cientos de interés, y los encasillados donde estarían esas sumas aparecen en blanco.

El gobierno solicitó que el tribunal dicte sentencia archivando el caso.

Las empresas que compraron deuda en 2014 no necesariamente mantienen sus bonos en la actualidad, dado que pueden haberlos vendido en el mercado secundario. El CPI ha solicitado al BGF durante más de un año la información actualizada sobre los bonistas que poseen a deuda pública, pero la agencia se ha negado a proveerla.

Los abogados del caso en representación del CPI fueron el Lcdo. Osvaldo Burgos y el Lcdo. Luis José Torres Asencio, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Nota de la editora: El Centro de Periodismo Investigativo ha recibido fondos de Open Society Foundations, fundada por George Soros, a su vez presidente de Soros Fund Management.