La Junta de Calidad Ambiental (JCA) ordenó el viernes a la empresa AES Puerto Rico entregar los documentos del estudio de aguas subterráneas donde se revela que su depósito de cenizas de carbón está liberando tóxicos al agua subterránea de Guayama.
En una comunicación oficial, tras la publicación de un reportaje de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la agencia además advierte a AES que podría recibir multas de $25 mil diarios o hasta “una orden de cese y desista de operar”, si no entrega todos los datos originales recopilados e incumple con este decreto en un término de diez días laborables.
En su novel declaración, la JCA implica que desde que AES publicó el estudio en su página web el pasado 2 de marzo, no ha accedido a los documentos. La obligación ministerial de JCA es proteger a ciudadanos y recursos naturales de potenciales consecuencias negativas.
En el mismo documento, la presidenta de la agencia, Tania Vázquez Rivera, además se contradice al afirmar que el agua proveniente de pozos legales no representa “riesgos para la salud de la ciudadanía”, sin haber examinado el informe preparado para AES por la firma DNA Environmental, ni ofrecer prueba de su aseveración.
Los consumidores de pozos de agua en la isla no realizan mensualmente exámenes para detectar metales pesados o elementos tóxicos en agua, ya que este tipo de pruebas solo se requieren para abrir o renovar franquicias de agua, cada cinco años, confirmaron varias fuentes. Además, recalcaron que las muestras nunca se someten a examen de radiación.
Las expresiones de la funcionaria tampoco concuerdan con informes de calidad de agua realizados por el Departamento de Salud de Puerto Rico y divulgados por el Natural Resources Defense Council (NRDC) en Estados Unidos. El pasado mes de diciembre, la entidad reveló que más de dos millones de habitantes de la isla están en riesgo potencial de consumir agua contaminada con bacterias, tras el paso del huracán María.
Como revelaron este miércoles el CPI y La Perla del Sur, el estudio pagado por AES refleja que la montaña de cenizas creada hace años en el barrio Jobos está liberando al subsuelo sustancias peligrosas como arsénico, cromo hexavalente, selenio y molibdeno, además de isótopos radiactivos.
Estos elementos pueden provocar daño celular, incluyendo la tendencia a diversos tipos de cáncer, de ocurrir exposición continua y prolongada. Además, son altamente nocivos para especies marinas, incluso en bajas concentraciones. La montaña de cenizas de AES en Guayama ubica a corta distancia de la Bahía Las Mareas y la Reserva Nacional Bahía de Jobos, el segundo estuario de mayor tamaño en Puerto Rico y uno de los 27 protegidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés).
Tras la publicación del reportaje el pasado miércoles, grupos ambientales de Peñuelas, Guayama, Arecibo y Humacao se manifestaron frente al Capitolio, exigiendo la intervención inmediata de las autoridades gubernamentales, incluyendo el Departamento de Salud, así como el cierre de la planta AES Puerto Rico.
Esta empresa mantiene un vertedero con sobre 400 mil toneladas de cenizas de carbón al sur de su predio industrial. No obstante, solo en terrenos residenciales, comerciales y públicos de Guayama se han acumulado desde el año 2005 al menos 1.1 millones de toneladas adicionales, sin aislamiento, de acuerdo a datos oficiales de la empresa.
Otras 830 mil toneladas están sobre suelo de Salinas y Arroyo, pueblos que al igual que Guayama están situados sobre el Acuífero del Sur. De este abasto se extraen al menos 35 millones de galones diarios de agua potable y se sirven alrededor de 140 mil personas del área sur del país. Para los residentes, comercios, industrias, escuelas y agricultores de Salinas, es la única fuente de suministro.
Trasfondo
A consecuencia de múltiples episodios de contaminación con cenizas de carbón registrados en los Estados Unidos desde la década de 1980, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ordenó realizar estudios de calidad de agua subterránea en las instalaciones de las compañías eléctricas que emplean carbón como materia prima, y publicar los resultados en internet.
Aún cuando la compañía DNA Environmental completó al 31 de enero la recopilación de datos, AES Puerto Rico retuvo los hallazgos y no los divulgó hasta un mes después, el pasado 2 de marzo.
Un día antes, el administrador de la EPA, Scott Pruitt, anunció su intención de desregular los depósitos de cenizas de carbón y posponer o eliminar los exámenes compulsorios a las aguas subterráneas cercanas. De concretarse estos cambios, cerca de 400 carboneras se ahorrarían entre 31 y 100 millones de dólares anuales en costos de operación, mientras que las comunidades próximas a estas instalaciones perderían protecciones de la agencia y herramientas para reclamar daños.
Previo a ocupar el cargo, Pruitt demandó en 14 ocasiones a la EPA para exigir que se suavizaran reglamentos ambientales. De acuerdo a una investigación del Environmental Defense Fund confirmada por The New York Times, Pruitt radicó los pleitos mientras era fiscal general del Estado de Oklahoma. Compañías opuestas a la implementación de las leyes de Agua y Aire Limpio que contribuyeron financieramente a sus causas republicanas se unieron a las demandas.
