Julio Reyes volvió a pescar en diciembre de 2019. Habían pasado más de dos años desde que los estragos del huracán María le destruyeron las dos embarcaciones con las que trabajaba en la costa de Juana Díaz. Pescó a medias, dice, ya que desde el huracán no ha podido compensar los $60,000 en pérdidas que le dejó el ciclón.

En Guayama, Orlando Collazo Vázquez, pesca a medias desde 2017, cuando las ráfagas del huracán tumbaron un árbol encima de su bote. Para repararlo, explica, necesita entre $4,000 y $5,000.

“Suerte que no tengo que reparar los motores, porque son carísimos”, suaviza el pescador, que para buscarse el peso se lanza al mar en la embarcación de su hijo, Luis Collazo, con quien se divide los gastos y, claro, las ganancias.

Precisamente un motor mantiene limitada la pesca de Rafael Pizarro De Jesús, presidente de la Villa Pesquera Herrera en Loíza, pues no ha podido reunir los $7,000 que requiere repararlo luego de que explotara cuando intentó prenderlo tras el paso de María.

Situaciones como las de Julio, Orlando y Rafael las atraviesan también los 1,263 pescadores en Puerto Rico que esperan desde hace dos años que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) distribuya aproximadamente $9,791,123 en fondos de recuperación que aprobó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) para rehabilitar la industria de la pesca en Puerto Rico tras los huracanes Irma y María en 2017. El dinero no se ha distribuido porque NOAA le exige a DRNA un plan desglosado y justificado de cómo se van a usar. El DRNA sometió la última versión de ese plan hace siete meses y la NOAA todavía lo está evaluando.

Según explicó Miguel Ortiz Serrano, presidente de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR), el DRNA contempla destinar solo $400,000 de los fondos otorgados para ayudar directamente a los pescadores. Esto representa un 4% del dinero otorgado para la industria pesquera. Es decir, que Julio, Orlando y Rafael solo recibirían cerca de $300 cada uno para compensar los daños que les dejó el evento atmosférico.

“Eso se va en las cajas de anzuelos, gasolina y todo lo que se necesita para salir a pescar”, asegura Rafael resignado.

El secretario interino de Recursos Naturales y Ambientales, Armando Otero Pagán, justificó que la partida directa para los pescadores sea solo el 4% de los fondos ya que en dinero también está proyectado para “lograr la resiliencia tanto de las pescaderías como del sector pesquero”.

“La NOAA estableció claramente varios usos para esos fondos, que incluyen, entre otros, aquellas actividades que restauren la pesca y prevengan fallas similares en el futuro y para la asistencia de las comunidades pesqueras afectadas”, dijo el funcionario en declaraciones escritas.

En junio de 2019, el DRNA presentó a la NOAA una tercera versión de la propuesta para el uso de estos fondos que, luego de siete meses, todavía sigue bajo evaluación de esa agencia federal.

En esa última propuesta, se destinan fondos para restaurar hábitats de los peces ($130,000), mitigar especies invasoras y nocivas ($124,140), actualizar y mejorar el banco de datos de la pesca comercial ($258,300), mitigar el sargazo en las costas ($550,000) y construir un laboratorio de investigación de pesca ($1,000,000).

El presidente de la FEPDEMAR repudió que se destinen fondos para esos fines, pues asegura que son tareas ministeriales del DRNA que no necesariamente fomentan el desarrollo de la pesca como industria.

No obstante, reconoció que la propuesta del DRNA sí contempla partidas que beneficiarían de manera indirecta a los pescadores, como la reparación de las villas pesqueras, incluida la instalación de placas solares ($2,000,000) para las neveras, restructuración de rampas para los botes ($2,250,000) y mejoras a los muelles ($499,540).

La propuesta del DRNA también destinaría $252,000 para reforzar la vigilancia del cumplimiento de regulaciones de pesca en Puerto Rico y $416,895 para adiestramientos en seguridad para los pescadores. El desglose separa, además, $1,910,248 para los gastos indirectos de la implementación de todas las iniciativas propuestas.

De acuerdo con el abogado Luis José Torres Asencio, de la Oficina Legal de la Comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana — que ofrece servicios legales a la FEPDEMAR — la distribución de los fondos que propone el DRNA está fuera de las guías federales establecidas por NOAA, que se basan principalmente en cubrir los daños que sufrieron los pescadores y restituir la pesca en el país.

“La petición de declaración de desastre y la solicitud de desembolso de dinero descansó en un estudio que preparó precisamente la NOAA en abril de 2018 en el que estimó que las pérdidas de los pescadores ascendían a $8.4 millones a 60 días del paso del huracán María”, precisó.

La declaración de desastre pesquero en Puerto Rico fue emitida en febrero de 2018 por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, al que está suscrita la NOAA.

Según el pescador Roberto Silva, de Humacao, el DRNA utilizó a los pescadores del país como carnada para allegar fondos para proyectos internos que la agencia no ha podido desarrollar debido a la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno.

“Nos usaron como punta de lanza para millones de dólares de los que nos van a dar solo $400,000, que entre todos los pescadores queda en nada. Esa ecuación es indignante”, dijo.

Con él coincidió el vicepresidente de la Villa Pesquera Punta Pozuelo en Guayama, Luis Rodríguez, quien participó en el estudio que realizó la NOAA luego del huracán María.

“Siempre es lo mismo. Mandan fondos para los pescadores y siempre los mandan para otros sitios. Cuando NOAA hizo el estudio, en el que yo participé, se hizo a base de las pérdidas de nosotros y no a base de las pérdidas de Recursos Naturales”, explicó. En su caso, perdió sobre 60 nasas — un tipo de red en forma de cilindro que se usa para pescar langostas — que cada una tiene un valor aproximado de $340.

“Todo lo que tenía en el agua pescando, lo perdí. Yo no pude salir a pescar por lo menos por cuatro meses. Tuve pérdidas todo ese tiempo. Cuando regresé, fue como empezar de cero”, recordó.

Eddie Rivera, por su parte, enfatizó en que la pesca ha sido un medio de vida para levantar la familia y la economía de mucha gente y que este tipo de tranques estancan la industria.

“Las agencias de Gobierno están con las manos atadas para responderle a los pescadores. Somos el sector obrero más olvidado de Puerto Rico, a pesar de que somos de los que más arriesgamos la vida cuando salimos al mar”, resaltó el pescador de Loíza.

Pero según el DRNA, la gerente del programa de fondos de asistencia para pescadores en caso de desastres de la NOAA, Kelly Donnelly, indicó que los fondos de desastre “se pueden usar para una amplia variedad de actividades para la restauración de la pesquería, evitar desastres similares en el futuro y ayudar a la comunidad pesquera afectada”.

Por ejemplo, en Florida tras el paso del huracán Irma en 2017, los fondos asignados por el sector de la pesca se utilizaron para reemplazar las trampas de langosta, pagos directos a pescadores comerciales, suministros de energía, mejoras o reparaciones a villas no aseguradas, pagos directos a distribuidores, restauración de hábitats costeros, recogido de desechos marinos y la creación de un programa de subsidios de recuperación de infraestructura para pesquerías marinas, sostiene la propuesta del DRNA.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) procuró una reacción de Donnelly sobre el proceso de evaluación de la propuesta de Recursos Naturales, y esta dijo que contestaría, pero no hubo respuesta.

Por su parte, Torres Asencio añadió que las guías de NOAA también requieren participación de los pescadores en la discusión sobre cómo se distribuirán los fondos. “Pero DRNA lo que hizo fue celebrar dos reuniones en las que no quiso compartir copia de la propuesta. Solo se limitaron a escuchar las preocupaciones de los pescadores, pero en ningún momento hubo una discusión seria”, denunció.

Miguel Ortiz Serrano reforzó el argumento al explicar que luego de la asignación de los fondos, los pescadores no han podido reunirse ni con la pasada secretaria de la agencia, Tania Vázquez, — que renunció el 31 de octubre de 2019 — ni con el actual secretario interino. Vázquez, quien también dirigía la Junta de Calidad Ambiental (JCA), renunció luego que se conociera que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI en inglés) investiga presuntas irregularidades en contratos para el mantenimiento de bombas de control de inundaciones que presuntamente el DRNA otorgó a empresas allegadas al superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle.

No fue hasta el mismo día de la conferencia de prensa de FEPDEMAR que el titular interino del DRNA anunció que “proximamente se convocará una reunión con la Junta Asesora de Pesca para, entre otras cosas, informarles del estatus de la propuesta, discutir cómo se manejarán los fondos una vez se reciban y aclarar cualquier duda que puedan tener sobre el proceso”.

El líder de la FEPDEMAR destacó que, ante la poca transparencia que el DRNA ha tenido con estos fondos de recuperación, la organización presentó una querella ante la NOAA en junio de 2019 para acceder a todos los documentos que el DRNA ha trabajado sobre estos fondos. También elevaron el pleito en el Tribunal de San Juan, que falló a favor de los pescadores que solicitan que el DRNA entregue todos los documentos utilizados para la elaboración de la propuesta que actualmente evalúa la NOAA.

La Oficina Legal de la Comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana representa al CPI en casos de acceso a la información.