Ada Nilda Montalvo González, maestra en la Segunda Unidad de Cuchillas, en el pueblo de Moca, dice que seguirá dando clases este año porque el dinero no le da para vivir si se acoge al retiro. Lo cuenta desde un salón de una escuela que no es donde usualmente da clases. Está trabajando durante el verano para ganar “un dinerito extra”.

Tiene 64 años, 20 de servicio en el Departamento de Educación (DE) y 27 enseñando entre escuelas públicas y privadas. En la Escuela Superior Patria Latorre Ramírez, en San Sebastián, la educadora toma asiento en un pupitre y menciona que tiene la edad para jubilarse, pero no los años de servicio público que le “garantizarían” cierta estabilidad económica (30 años).

“Yo no aguanto con la edad que tengo. ¿A qué edad saldría [completando los 30 años en el DE]? ¿A los 70 y pico? No puedo”, exclama la maestra, que ahora lidia con las complejidades de atender a los estudiantes manejando el calor, el uso de mascarillas y limitando las caminatas por el salón.

El aspecto económico jugó un papel importante para esta educadora entre el 2003 y el 2005, cuando — como muchos otros maestros puertorriqueños — Montalvo se activó en la Carrera Magisterial, una ley que tenía como objetivo establecer procedimientos para ascensos y revisión de salarios de maestros y establecer parámetros para el plan individual de mejoramiento profesional de los docentes.

Montalvo, quien es maestra de nivel elemental, completó una maestría en Currículo y Enseñanza, y terminó con éxito su “Carrera Magisterial” en diciembre de 2007. Desde ese momento, el DE pasó por alto incluir entre los beneficios económicos adquiridos por la educadora una parte del pago mensual correspondiente que se le prometió. Cuando llegó el 2014 y se declaró un estado de emergencia fiscal en la Isla, a través de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se agravó la situación de los maestros como Montalvo. Esta legislación suspendió las  bonificaciones, beneficios y compensaciones monetarias y a eso se le sumó el impacto de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal en 2017, que terminó por acentuar el incumplimiento del DE con Montalvo y miles de maestros más, justificando la paralización de la Carrera en el marco de la crisis fiscal.

A pesar de que la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, así como la Ley 66,

prohibieron reclamaciones retroactivas, “toda reclamación de pago para el periodo anterior al 2014, debe ser atendida y evaluada conforme con las disposiciones de la Ley 158-1999 [Carrera Magisterial]”, según se desprende de una comunicación del secretario interino del DE, Eliezer Ramos Parés, enviada al Senado y a la que el CPI tuvo acceso. En el caso de Montalvo, son aproximadamente $93 mensuales que no llegan a su cuenta de banco hace 13 años, suma que, al acumularse de 2008 al 2021, supera los $15,000. 

“Mi salario incrementó desde 2007 [debido a la Carrera Magisterial], pero no me habían completado el último paso. No sabía que no me habían pagado ese último paso hasta el 2014. Me enteré por mi hija, que también es maestra y me dijo que revisara si me habían pagado todos los pasos. He ido varias veces a reclamar y me dicen: ‘te falta una evaluación del director’. La llevo. ‘Te falta tal papel’. Lo llevo. Cada vez que uno va te piden otra cosa y otra cosa. Uno dice: ‘Ya, guardé los guantes. Ya no quiero ir más’. Porque es tiempo que uno pasa allí. Tienes que pedir el día y te lo descuentan”.

Cuando un maestro obtenía la permanencia y presentaba  un Plan de Mejoramiento Profesional aprobado, recibía lo correspondiente al primer nivel de la Carrera Magisterial: un aumento de 7% de su salario básico, según el reglamento. Los planes de mejoramiento se dividían en cinco etapas. Para cada una de esas etapas o pasos, quien entraba en la Carrera Magisterial debía precisar las metas y objetivos específicos que se proponía alcanzar luego de aprobar créditos académicos universitarios, horas de participación en cursos y programas de educación continua.

Montalvo lleva siete años tratando de que le paguen ese último paso que completó en diciembre de 2007 tras finalizar la Carrera Magisterial. Ha solicitado información oficial sobre su caso y no ha recibido ni una sola documentación por parte del DE con detalles sobre las razones por las que se le adeuda el dinero que sudó antes de la aprobación de las leyes relacionadas a la crisis fiscal del país.

Jubilarse sin los 30 años de servicio público y sin recibir lo que se le debe desde 2007 afecta la calidad de vida de Montalvo, que vive con su esposo. Considera injusta su circunstancia.

“Ahora mismo yo pago mi carro. No es lo mismo el sueldo de un maestro activo que el de uno pensionado. Una pensión no es tanto, y más si me voy sin los 30 años con el sistema. Por más alto que sea mi sueldo, por no tener los 30 años con el sistema no me van a dar la misma cantidad de retiro. Duele, duele de verdad. Pensar que ese dinero es tuyo, que no te lo han dado y que te hace falta, duele de verdad”, confiesa. Desde el pupitre donde está sentada, a Montalvo le vienen a la mente algunos colegas “que han muerto esperando un retiro digno” o simplemente “esperando el día que les salden una deuda que los obligó a continuar en el trabajo” sin estar en condiciones para asumir la carga diaria.

Si Montalvo se retirara hoy, con más de 50 años de edad y menos de 30 de servicio en el DE, su pensión mensual se calcularía multiplicando su salario promedio al mes por 1.8% y luego por sus años de servicio (20). Por ejemplo, si actualmente su salario mensual promedio fuera $2,000, su pensión sería de $720 mensuales [sin incluir deducciones], según las alternativas de retiro para maestros en Puerto Rico.

“Al igual que yo, hay muchos maestros que están esperando esto [el dinero adeudado de  la Carrera Magisterial] para irse. Tú llegas a cierta edad en la que dices: ‘ya no puedo’. Yo quisiera que me pagaran y poderme ir tranquila. Poder decir: ‘cumplí y ellos cumplieron’”.

Carrera contra el reloj

El DE desconoce cuánto, exactamente, les debe a miles de maestros que se acogieron a la Carrera Magisterial y que nunca vieron los frutos de su inversión de tiempo y esfuerzo de mejoramiento profesional. Luego de innumerables peticiones de información desde abril, la agencia no ofreció al CPI el número de maestros que esperan pagos adeudados ni un desglose que permita conocer desde cuándo y por qué nunca llegó ese dinero. 

El gerente de operaciones de la Sección de Calidad y Manejo de Datos del DE, Miguel Dávila Pérez, informó al CPI que “en el Área de Planificación y Rendimiento no tenemos la información que se solicita”.

La agencia sí hizo un estimado de la cantidad de la deuda antes de la paralización de los pagos en el 2014. Ronda los $4,367,736, según la comunicación del Secretario Interino al Senado.

Según Ramos Parés, al momento de la paralización, había 3,858 planes pendientes para revisión y activación de Carrera Magisterial. Estimó que se necesitan $8 millones anuales para reactivar la Ley de Carrera Magisterial, aunque no detalló cómo la agencia llegó a esa conclusión.

“Estos son números que tenemos de manera inmediata y que representan un aproximado de lo que necesitamos para cumplir con la deuda y con la reactivación del incentivo de la Carrera Magisterial. Por tal razón, le solicitamos a este honorable cuerpo un tiempo adicional para llevar a cabo un análisis exhaustivo de los planes pendientes para revisión para llegar a un estimado más certero del presupuesto necesario para cumplir con la iniciativa”, lee parte de la explicación que ofreció el Secretario Interino al Senado.

En contraste, el pasado secretario, Eligio Hernández, había asegurado en 2019 que eran 166 los casos evaluados por el DE pendientes de pago relacionados a la Carrera Magisterial, luego de que la Asociación de Maestros llevara el asunto de la deuda a los tribunales. En esa ocasión, el Tribunal de San Juan, a través de la jueza superior Myrna Esther Ayala Díaz, decretó la paralización de la demanda al amparo de la Ley PROMESA.

Este año el Senado aprobó dos resoluciones para investigar en qué estatus se encuentra la Carrera Magisterial y qué gestiones, si alguna, ha realizado el DE con relación a la deuda. Pero al día de hoy, esas gestiones no han adelantado los reclamos de los educadores.

En abril de 2007, Noemí Hiraldo Santiago, una maestra de escuela elemental de la Región de Humacao, decidió invertir en sus estudios con el objetivo de mejorar su desempeño en el salón de clases y al mismo tiempo recibir un aumento de salario que se ajustara “un poco más” a su nivel de preparación. No ha recibido un centavo de ese dinero, a pesar de haber completado estudios graduados y solicitado ayudantías económicas para costear parte de los créditos.

Hiraldo no ha podido realizar un solo pago de sus préstamos estudiantiles, “porque el dinero no da”. Tiene 63 años y, aunque puede retirarse por edad, su meta es completar los 30 años de servicio público, “porque necesito el dinero”.

La educadora del pueblo de Río Grande se toma unos segundos para hacer silencio del otro lado de la línea telefónica cuando se le pregunta si está lista para volver al salón de clases a pesar del nuevo repunte pandémico. “Yo tengo reemplazo de rodilla en mis dos piernas. Yo estoy operada e impedida”, dice. Las deudas se combinaron con sus necesidades médicas. La esperanza de recibir el dinero acumulado por los pasados quince años se ha transformado en algo que ella se cansó de explicar.

“Yo creo que va a llegar mi jubilación y yo saldré del sistema vieja, con mi preparación de maestría que nunca, nunca, me dieron el aumento de Carrera Magisterial. Después que me mandaron a estudiar…”, añade. “Yo hice mi maestría enferma y ya mayor. Criando sola a una hija que estaba en escuela superior”.

Sus estudios graduados fueron en Currículo y Enseñanza K-3. Se suponía que su salario aumentara $500 mensuales. La aprobación de su propuesta de Carrera Magisterial fue en el 2008. Todo quedó en el aire. La deuda del DE con Hiraldo es de, por lo menos, $60,000 solo en un periodo de diez años, según documentos que conserva la maestra.

“Mi salario, desde esa fecha, no ha aumentado en nada. Mi sueldo es $2,721.67 mensual [sin ajustarlo a las deducciones]. Recuerdo que cada año, los maestros, si se les debía algo, hacían la revisión de salario, venía un supervisor de Humacao, revisaba toda la documentación, entregaba un recibo y ese día se reunía el maestro con el director y el supervisor, revisaban la carpeta de Carrera Magisterial, y después todo era esperar, esperar y esperar. A mí lo que me aguanta actualmente en el sistema es esto”, afirma.

Los nombres de Hiraldo y Montalvo figuran en un listado de sobre 900 maestros que a través de las redes sociales completaron un cuestionario para compartir información de sus respectivas experiencias a través de la Carrera Magisterial. El documento lo preparó otra educadora que también reclama dinero adeudado por el DE. Su nombre es Victoria García Montalvo, maestra del programa de Educación Especial en Cabo Rojo, y se ocupó de identificar compañeros en una situación similar a la suya con el fin de levantar un reclamo colectivo ante el Gobierno.

“En el 2015 sometí las evidencias y la solicitud de Revisión Salarial y Reclamación de Nivel. Significa que a partir de septiembre de 2015 se me otorgaría, tanto el nivel como la escala. En mi caso, era correspondiente al Nivel III, con un aumento de $595 mensuales. Esto se desglosa de la siguiente manera: para cada etapa es un aumento de $87.50. Mi plan contenía cinco etapas, para un total de $437.50. A esto se le añade lo que corresponde al Nivel II, que son $157.50; para un total de $595 mensuales. Quiere decir que desde septiembre de 2015 hasta junio de 2021 la deuda aproximadamente asciende a unos $41,650”, explica la maestra de la Escuela Severo E. Colberg, perteneciente a la Región Educativa de Mayagüez.

Ella tampoco ha recibido una explicación formal sobre el estatus de su caso. El proceso de Carrera Magisterial dicta que, cuando se cumple con el proceso de activación, el DE autoriza a completar el Plan de Mejoramiento Profesional que sometía cada maestro que aplicaba. Ese primer paso producía el aumento salarial. El dinero correspondiente a la activación fue lo único que recibió García, a pesar de que cumplió con todas las solicitudes e invirtió dinero propio y tiempo para mejorar su preparación académica.

García redactó cartas dirigidas a la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced y más recientemente, a Pedro Pierluisi. La respuesta de Vázquez Garced, a través de una funcionaria de su oficina, de nombre Mari Carmen Bosch, fue que “desgraciadamente, la ley que se conoce como Ley de Carrera Magisterial quedó congelada e inoperante a raíz de la Ley PROMESA y las medidas tomadas para atemperar la deuda gubernamental y la crisis económica y social por la que atraviesa Puerto Rico”. Añadió que la Ley 26-2017 “fue exactamente la medida que tuvo que tomar el Gobierno” y que “dejó sin efecto leyes como la Carrera Magisterial, que otorgaban beneficios marginales a empleados públicos”. Bosch cerró la carta diciendo que “gracias a maestros educados y dedicados” como misis García, “Puerto Rico cuenta con un mejor porvenir”.

En la página 121 de la plataforma del gobernador Pierluisi se prometen aumentos salariales, fomentar acuerdos de certificación y readiestramiento de maestros, y hasta viabilizar que educadores realicen estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico “con matrícula descontada o financiada totalmente por el Departamento de Educación”. No obstante, el presupuesto consolidado para el Departamento de Educación durante el recién iniciado año fiscal 2021-2022 no contempló un aumento al salario base de los maestros ni nada relacionado con facilitar sus estudios.

“Hoy salió en la prensa una noticia sobre un incentivo para el magisterio [por trabajar durante la pandemia]. Tanto en las redes como en el chat que administro se percibe la incredulidad y desconfianza. Es frustrante porque sentimos que juegan con nuestra salud emocional y la poca tranquilidad que tenemos. Todo esto a pocos días de un incierto panorama de regreso a clases”, sostuvo la educadora, específicamente sobre un desembolso de $200 millones de fondos federales anunciado por La Fortaleza para incentivar a los empleados del DE con dos pagos de $2,500 entre diciembre de este año y mayo de 2022.

José E. Encarnación Martínez es integrante de Report for America.